Una vez que los diputados rechazaron la iniciativa de reformas a la Constitución del presidente, con la que pretendía una serie de cambios a las reglas e instituciones electorales con el propósito de socavar la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que los Consejeros Electorales fueran electos por voto universal, recortar el financiamiento a los partidos políticos y disminuir el número de diputados, el gobierno con el apoyo de su mayoría en el Congreso de la Unión, de inmediato, sin cumplir con el turno a Comisiones, presentó una nueva iniciativa de reformas a las leyes secundarias en materia electoral. La iniciativa del presidente no pasó, en primera instancia, porque no alcanzó los votos suficientes para realizar cambios a la Constitución.
Recordemos que la sociedad civil y diversos actores sociales y políticos se manifestaron en contra de esa iniciativa, cuyo climax fue la marcha en la que miles de ciudadanos en mas de veinte ciudades del país y en la Ciudad de México, salieron a defender a la autoridad electoral. La respuesta a esa libre manifestación fue la descalificación del presidente y su convocatoria a una nueva marcha organizada desde el poder para alavar al gobierno.
En un episodio que pasará a la historia por lo desaseado del proceso legislativo, llevada al pleno mientras la mayoría de los mexicanos dormía, Morena, el PT y el Partido Verde aprobaron reformas a distintas leyes secundarias en materia electoral.
La iniciativa tiene una clara intencionalidad: concentrar los procesos electorales en una autoridad electoral disminuida, cuyos miembros deban su cargo a una mayoría que voto por ellos, y sin la profesionalización y garantía de imparcialidad en el trabajo a desarrollar. En pocas palabras, una autoridad sometida a las decisiones del grupo gobernante en turno: el regreso del partido de Estado.
El proceso de aprobación también se caracterizó por la decisión del presidente de no dialogar y generar una deliberación abierta sobre su propuesta. El mensaje desde la mañanera fue de descalificación a quienes no coincidían con la iniciativa de reforma electoral presidencial y contra quienes, el 27 de noviembre, expresaron su posición de respaldo a las instituciones electorales, INE, Institutos electorales locales y tribunales electorales. El mensaje de oposición a los términos de la iniciativa de la ciudadanía se topo con la descalificación y ataque del presidente en dos vertientes: su propia marcha de desagravio al no tolerar que la voluntad popular vaya en camino distinto al suyo y una nueva iniciativa con la que se reformaron cinco ordenamientos legales y se creó uno nuevo, con las que se transforman aspectos centrales de nuestro sistema electoral.
En el fondo, debemos subrayarlo, no se trata de meras reformas, es una reforma electoral de profundo espectro que conlleva un cambio en la forma en que entendemos la democracia. Con las reglas aprobadas por Morena y sus aliados se debilita de manera grave la capacidad organizativa de las elecciones que quedarán en manos de una nueva autoridad electoral disminuida y que pone en riesgo lo que el INE había logrado, es decir, contar con procesos electorales justos, equitativos e imparciales.
Una vez aprobadas las citadas reformas en el Senado de la República , aún falta toda una batalla jurídica en contra de disposiciones calificadas por juristas como contrarias a la Constitución Política, por razones técnico – jurídicas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por aspectos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de que se hable que la reforma electoral busca atender temas relativos a los derechos electorales, a la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades electorales, un cuidado especial sobre los partidos políticos y el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales, lo cierto es que el verdadero propósito de la reforma es acotar la autonomía de la autoridad electoral, pues con el sistema nacional electoral que se propone, una autoridad electoral limitada tendrá que realizar las mismas funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución que ahora realiza el INE.
Esta premura del presidente por cambiar las reglas de la competencia electoral, estando en puerta una elección presidencial y de renovación de los integrantes del Congreso de la Unión, despierta mil inquietudes y pone en riesgo las instituciones de nuestra democracia y a la propia democracia, las cuales costaron años de lucha ante los abusos del poder. Desde este espacio decimos no a la regresión autoritaria, no al partido de Estado ni al presidencialismo sin contrapesos ni controles que tanto daño hizo al desarrollo democrático del país.
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