Todavía están frescas en la memoria histórica de la sociedad mexicana las escenas de los procesos electorales que, organizados, ejecutados y calificados por el gobierno federal, arrojaban como resultado el triunfo del partido político gobernante, con presencia simbólica de la oposición. Eran tiempos de un presidencialismo avasallador, de elecciones sin competencia real y del dominio de un solo partido, con las cámaras de diputados y senadores únicamente conformadas por legisladores del PRI.
Fueron necesarios bastantes años de luchas, movilizaciones, heridos y muertos, y acuerdos, con ocho reformas electorales entre 1997 y 2014, para elaborar normas y construir instituciones electorales que garantizarán a los ciudadanos elecciones bajo los principios de equidad e imparcialidad que dieran certidumbre sobre los resultados de las contiendas políticas.
El resultado de ese proceso ha sido la constitución de autoridades electorales autónomas, tribunales electorales imparciales, competencias electorales equitativas, fortalecimiento de la pluralidad con el nacimiento de nuevos partidos políticos que, en su conjunto, nos permiten vivir en la diversidad ideológica y política, garantías de participación para las minorías, con elecciones más competidas, con alternancia en todos los cargos de elección popular que admite que todas las fuerzas políticas tengan representación en los congresos federal y locales, e instrumentos de diálogo y negociación.
De todos, la alternancia es un elemento fundamental en el proceso democratizador del país porque significó la transición de un modelo autoritario ejercido por un poder presidencial que concentraba las decisiones a uno democrático donde la renovación del poder público quedaba, en su elección, organización y revisión, en manos de los ciudadanos, con la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy denominado Instituto Nacional Electoral (INE).
Gracias a ello, se logró la renovación del Congreso de la Unión con diputados y senadores de distintas plataformas políticas, diferentes a la del partido gobernante, similar a lo que sucede en los casos de los ejecutivos y congresos estatales, además de los presidentes municipales y alcaldes, y en el año 2000 la alternancia en el titular del Poder Ejecutivo Federal.
La transición democrática ha sido resultado de un sistema electoral construido con el trabajo de varias generaciones de ciudadanos que, cansados de la concentración de los cargos de elección popular en un solo partido, forjaron las normas e instituciones electorales que ahora nos permiten tener elecciones competitivas e imparciales cuyas dudas se resuelven pacíficamente ante los tribunales electorales.
Ese esfuerzo no merece que el grupo gobernante lo anule para volver a un pasado que México ni sus ciudadanos quieren. El propio presidente cuando encabezaba al Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconocía que uno de los principales logros era la autonomía del Consejo General del entonces IFE por haberse cortado el “cordón umbilical” del gobierno.
Por ello, las masivas manifestaciones del domingo 13 de noviembre, marcan un parteaguas en la nueva lucha por mantener la autonomía del INE, frente a la propuesta del presidente para establecer una estructura electoral que regresaría el control de los procesos electorales al gobierno en turno, a través de consejeros electorales electos por voto que, sin duda, serán los que impulsaría el partido gobernante.
Con los gritos del “INE no se toca”, miles de ciudadanos alzamos la voz en defensa de la democracia en México, pues si se atenta en contra de la autoridad electoral, garante de procesos transparentes, profesionales e imparciales, se coloca en gran peligro a todo el sistema democrático mexicano.
Son tiempos de pretensiones autoritarias del gobierno federal actual y de su partido político, pero también son momentos de esperanza al ver a una sociedad que se movilizó en más de 60 ciudades en poco más de 22 entidades federativas para evitar un agravio mayor a la democracia ante un gobierno que desea a un INE alineado a su voluntad y no a la de los ciudadanos.
Si llega a prosperar la reforma electoral del presidente perdemos todos. Porque el riesgo mayor es que todo lo construido se quiere destruir desde un gobierno que llegó gracias a las normas y autoridades electorales que velaron por un proceso electoral limpio en 2018. Estamos ante una nueva etapa de lucha por mantener y fortalecer nuestro sistema electoral. Estamos en un momento histórico de defensa de la democracia que costó tanto construir. Son tiempos de decir no al autoritarismo y de decir sí a la democracia. México no merece regresar a un pasado autoritario que tanto daño causó.
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