México ha sido un país con una larga tradición migratoria por la cantidad de personas que expulsa hacia el extranjero, particularmente hacia Estados Unidos. Se trata de millones de mexicanos que han salido en busca de mejores oportunidades de vida o que huyen de la violencia e inseguridad. Igualmente somos país de tránsito debido a los millones de personas que transitan por territorio nacional, desde la frontera sur, para dirigirse hacia Estados Unidos.
Con el paso de los años, ahora México es visto por miles de migrantes como país de destino. Tal situación es consecuencia de muchos factores, como la difícil situación económica de sus países de origen derivada de la pandemia, pero lo cierto es que los flujos migratorios han transformado sus formas, tamaño y rutas.
A finales de 2018 y principios de 2019, los movimientos de personas migrantes que ingresaron al país provenientes de Guatemala, Belice y Honduras, empezaron a cobrar mayor relevancia y asumieron la forma de caravana.
Con la llegada de un nuevo gobierno federal en 2018, parecía que el trato a los migrantes cambiaría en beneficio de ellos. En diciembre de ese año, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, anunciaban la nueva política migratoria, que planteaba un nuevo paradigma en la atención de los flujos migratorios por parte del gobierno federal.
En años siguientes las caravanas han continuado. Son cientos de migrantes los que esperan respuesta de las autoridades migratorias mexicanas en estaciones migratorias y en campamentos fuera de esas instalaciones.
Situación similar se vive en la frontera norte de nuestro país, donde el gobierno federal estableció en 2019, los Centros Integradores para Migrantes (CIM), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y del Banco de Bienestar, que ofrecían servicios como alojamiento, alimentación, servicios educativos y de salud a los migrantes devueltos por el gobierno estadounidense, los cuales han sido insuficientes.
Ya en plena pandemia, el gobierno de nuestro vecino del norte realizó deportaciones de manera sigilosa, pero sin los cuidados debidos para evitar contagios. Bajo el argumento de evitar contagios, Estados Unidos implementó el llamado Título 42, mediante el cual, desde su aplicación hasta enero de 2021, se estima se han expulsado a cerca de medio millón de personas migrantes. Lo grave del rechazo de migrantes por parte del gobierno estadounidense es que miles de ellos se quedan en nuestro país, enfrentando el gobierno mexicano una clara incapacidad de respuesta.
Recientemente un grupo de Congresistas demócratas de Estados Unidos urgió al gobierno de Joe Biden, a poner fin al programa “Quédate en México”, porque causa costos humanos injustificables e intolerantes y porque las consecuencias humanitarias para los solicitantes de asilo retornados a México incluyen más de 1,500 casos reportados de violencia, ataques sexuales, secuestros y homicidios. Consideran que no hay una manera legal, segura y humana de implementar ese programa.
Lamentablemente la ausencia de una atención integral a la problemática migrante por parte del gobierno federal, solo posterga una crisis humanitaria que se ve venir. El gobierno de México, al igual que el de Estados Unidos, mantiene una política de control migratoria, que ha mostrado sus limitaciones.
Actualmente 30 mil efectivos de la Guardia Nacional custodian las fronteras y solo 100 agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), atienden a migrantes. Esa parece ser la medida de atención a la población migrante.
En esa transformación de los flujos migratorios, México debe enfrentar una realidad que, de no asumir medidas podrían generar una crisis humanitaria: las personas migrantes continuarán llegando, de paso o rechazadas por el gobierno de Estados Unidos, y miles más se quedarán en territorio nacional, lo que implica prever los mecanismos, recursos y acciones para atender su condición migrante de paso y destino para asumir políticas públicas que permita integrarlos social, laboral y económicamente a nuestro país.
En lo que va de 2021, más de 120 mil personas han solicitado asilo a nuestro país a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Sin embargo, la ausencia de políticas públicas de parte del gobierno mexicano para la atención de personas migrantes, orientadas a la integración social, laboral y económica, pone en riesgo su condición que podría derivar en una crisis humanitaria.
Se requiere de voluntad política, pero sobre todo de un cambio radical de la política migratoria que pase de una que priorice la seguridad nacional, como la que aplica Estados Unidos y la cual se extiende hasta nuestro país, para implementar una política de seguridad humana que frenaría una crisis humanitaria en las fronteras norte y sur de nuestro país.
