Durante el último año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha convertido en un desastre. Le redujeron el 75% de su presupuesto, han disminuido ostensiblemente su número de plazas, las autoridades federales han retenido el dinero que se les había presupuestado y desde junio no tienen un titular.
Ya había sucedido al inicio de la administración obradorista. Durante meses, no hubo una convocatoria para elegir quién la dirigiría. Luego fue electa Mara Gómez , quien poco después de llegar cambió a casi toda la plantilla de directores generales, según documentos públicos que obtuve para esta columna.
Bajo su mando, al menos oficialmente, quedó María de los Ángeles Haces, una exdefensora de derechos humanos en el gobierno de Mancera, en la Ciudad de México, subordinada de Alejandro Encinas en Gobernación. Hablé con Haces el año pasado. Me dijo que ella solo era el enlace de Gobernación con la CEAV y que no buscaba extralimitar sus funciones de “coordinación” con el gobierno federal.
Hace unos meses, en redes sociales se divulgó que ella cobraba doble, en la CEAV y en la Secretaría de Gobernación. El actual encargado de despacho de la Comisión, Andrés Vázquez, me dijo para esta columna que se trataba de un error técnico, porque la información se hizo pública a destiempo, pero que Haces nunca cobró doble.
En los últimos meses, la situación en la CEAV ha empeorado. La Comisión ha acumulado más de 30 multas, por montos superiores a los 300 mil pesos, por no responder de manera adecuada a resoluciones judiciales sobre los casos de las víctimas.
El encargado de despacho me confirmó que siguen sin pagar esos montos, ya que han “analizado las resoluciones” de los jueces, pero no están de acuerdo con ellas. Un informe público sobre el estado de la Comisión dice que la excomisionada Mara Gómez tenía pendientes 16 juicios por no acatar las órdenes de los jueces, que analizan cómo resuelve la Comisión el caso de cada víctima. El informe interno se hizo público en junio, un día después de que ella renunció.
Los inconformes no están solamente en los juzgados. En el último año, algunas instalaciones de la Comisión han sido tomadas por un grupo de víctimas, que consideran que no se les ha atendido adecuadamente. Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, en la que consideraron que se ha revictimizado a estas personas.
“Aceptaremos la recomendación, pero creemos que no se tomó en cuenta las pruebas que aportamos y los esfuerzos que hemos hecho para conciliar con las víctimas”, me dijo el actual encargado de despacho.
Ahora, la Comisión se enfrenta a la disyuntiva de qué pasará con el dinero de las víctimas ante la desaparición del fideicomiso donde se administran sus fondos, uno de los que esta semana votó la Cámara de Diputados por desaparecer, y ahora votará el Senado.
El mayor problema es la perspectiva, cada vez más cercana, de que desaparezca la Comisión. “Sí está en peligro la Comisión. Dependerá mucho de cómo se desarrollen los hechos”, me dijo el encargado. Decenas de empleados han salido de esa oficina pública en los últimos meses, las nuevas plazas están congeladas y los registros públicos muestran que deben lidiar con decenas de juicios laborales.
En la Comisión, oficialmente, no saben cuánto dinero tendrán, ni cuándo, cómo pagarán las multas, cómo atenderán a las víctimas ni cuándo Gobernación emitirá una convocatoria para nombrar a un nuevo titular. “Es un desastre”, le digo por teléfono. “La verdad es que sí”, respondió, con un suspiro.
“Hacemos lo mejor que podemos”, me dijo. “La perspectiva es seguir sobreviviendo”.
@penileyramirez
