Los videos se hicieron virales. Nuevo Laredo, el puerto fronterizo más importante de México, aparecía incendiado y con narcobloqueos. Era el 15 de noviembre. Unas horas antes, se publicaron en redes sociales otras imágenes: los cuerpos de seis civiles con partes destrozadas. Las autoridades anunciaron que era un enfrentamiento, y que un militar había fallecido.
La Tropa del Infierno, el grupo armado al servicio de quienes la policía identifica como el Cártel del Noreste (CDN), anunció que la ciudad en llamas era su respuesta. Era el capítulo más reciente de una escalada de violencia en Nuevo Laredo.
“Estaba todo tranquilo, nomás llegaron ellos y empezó a verse más feo aquí”, dice Kassandra Treviño, hija de un hombre asesinado en septiembre por policías estatales, según su testimonio. Con “ellos” se refiere a los policías.
Fuentes de seguridad y víctimas dicen que la violencia reciente inició luego de que la Marina fue retirada de Tamaulipas un año atrás, después de que instancias de derechos humanos comenzaron a investigar más de 30 desapariciones forzadas imputadas a sus miembros.
En el primer semestre de 2019, según dos fuentes de seguridad, comenzó en la zona un reacomodo por el control de los municipios fronterizos de Mier y Miguel Alemán. El CDN, con el control de Nuevo Laredo, avanzaba hacia allá, con la resistencia del Cártel del Golfo, con presencia en Matamoros y Reynosa.
Aumentaron los operativos de la policía estatal y de operaciones especiales. En julio, llegaron a Nuevo Laredo. Un mes después, cayó un joven que trabajaba para la Tropa, conocido localmente como Juanito Pistolas. La violencia subió de nivel.
Unos días más tarde, según familiares, policías estatales ejecutaron una masacre contra ocho civiles. Uno fue Severiano Treviño, padre de Kassandra. “A las siete de la mañana llegaron, tumbando la puerta y empezaron a gritar”, cuenta ella, quien reveló primero su historia en un reportaje de EL UNIVERSAL.
Severiano fue obligado a vestirse como militar, torturado y asesinado. A ella la sacaron, con su hija de dos años. “Me dicen que no volteara porque me iban a dar un balazo por atrás”, cuenta. Esa noche supo que había otros siete cuerpos en su casa, vestidos de militares, de personas a quienes, dice, nunca había visto.
Una era Jennifer Romero, sobrina de Carlos Ramírez, un sacerdote. Había llegado a Tamaulipas tres días antes, con su novio. Los cuerpos de varios de asesinados tenían signos de tortura. “Mi sobrina dio negativo en la prueba de pólvora y tenía un tiro en la cabeza, ella no era ninguna delincuente”, dice Ramírez.
El caso llevó a la detención de dos policías, y al repliegue de las fuerzas especiales de Tamaulipas de los operativos. Aumentó la presencia del Ejército. Pero desde la Ciudad de México, dijeron dos fuentes, las instrucciones eran “evitar enfrentamientos”.
“Los militares patrullan donde saben que no hay nada, donde no se los van a encontrar”, dijo una fuente local, que pidió anonimato, por miedo. El repliegue, dicen, se volvió más obvio después del operativo de octubre, en el que Ovidio Guzmán fue liberado en Culiacán.
Otros consideran que en esta crisis hay una disputa política. “El gobernador necesita asegurar Nuevo Laredo y quitarle toda posibilidad a Morena, necesita crear una guerra y salir triunfador de esa guerra”, dijo Raymundo Ramos, activista local.
La posición del gobierno estatal es directa: “Es nuestra petición al gobierno federal que nos permita seguir trabajando con corporaciones federales y hacer uso de la inteligencia policial”, dijo para esta columna Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad estatal.
Ahora, las víctimas de septiembre piden que la Fiscalía federal atraiga el expediente y que en los próximos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos publique recomendaciones sobre el caso de septiembre y el de la Marina en 2018.
“Casi no duermo, mi niña tampoco”, dice Kassandra. Es una de las pocas en Tamaulipas que se atreve a que se le cite con su nombre.
