Estimado usuario, le informamos que el fondo documental “Investigaciones Políticas y Sociales” estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión.
Este anuncio apareció esta semana en una sala del Archivo General de la Nación (AGN). Avisaba, sin previo aviso, que el fondo que contiene información de investigaciones políticas hechas por la Secretaría de Gobernación entre 1920 y 1985 no puede consultarse.
Este fondo conserva los datos de una dirección anterior y luego paralela a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En él pueden consultarse expedientes de luchadores sociales, intelectuales y militantes opositores, que eran investigados por Gobernación, y de políticos en activo que entonces militaban en el PRI, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo o Manuel Bartlett.
Fue Bartlett el último secretario de Gobernación que recibía informes de esta Dirección acerca de los movimientos de políticos y opositores en todo el país. Dos historiadores que han trabajado en ese archivo dicen que hay también datos de quienes participaron en el tráfico de drogas o en el asesinato de Kiki Camarena.
“En la época de Bartlett en Gobernación esta dirección seguía informando sobre los dirigentes políticos y era un insumo de información para que la DFS tomara medidas represivas”, dijo Camilo Vicente, historiador especialista en la segunda mitad del siglo XX.
Dicen los investigadores que este anuncio es la alerta más reciente en una serie de restricciones de transparencia, que comenzaron con el retiro de consulta pública de expedientes de la DFS. “Ahora están entregando versiones más acotadas”, detalló Vicente.
En marzo de 2019, solicitó la versión pública de un expediente de la guerra sucia sobre el pueblo El Quemado, en Guerrero. En octubre se lo negaron con el argumento de que ninguna de las personas mencionadas en el documento había sido un dirigente político de relevancia. Esto contradice la Ley General de Archivos, que dice que los documentos sobre violaciones graves a derechos humanos y en archivos históricos no pueden reservarse.
Según César Valdez, quien dirige la subdirección de Historia Contemporánea en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en noviembre comenzaron a temer que cerrarían un acervo de Gobernación, cuando el AGN anunció que revisarían contenidos y nombres sensibles provenientes de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que deben llegar al AGN el próximo abril.
Por eso decidieron pronunciarse ante el aviso del 6 de enero. “Sospechamos que sea parte de una política más sistemática, dirigida a tratar de ocultar la información de las estrategias que se han utilizado para controlar la oposición política en México”, dijo Valdez.
Poco después del pronunciamiento de un grupo de historiadores, el AGN anunció que se trataba de un “error involuntario, un malentendido” y que en realidad el fondo de Gobernación está abierto.
Samuel Guzmán, subdirector de información del AGN, dijo para esta columna que el cartel fue colocado por un empleado de menor rango, que malinterpretó la entrada en vigor de nuevas disposiciones legales. “Fue un error humano, el fondo está en un proceso técnico archivístico, pero no implica que no se pueda consultar”.
Guzmán dijo que a partir del 16 de enero pondrán en vigor nuevas políticas para consultar documentos y, ante la pregunta sobre la información sobre Bartlett, respondió: “Si quisiéramos ocultar información de estos personajes ya estaríamos muy tarde, todo el año pasado ha podido consultarse”.
Pero los historiadores no parecen conformes: “Me gustaría tener una respuesta del AGN diciendo: este es nuestro plan; que se someta a una consulta de transparencia”, dijo Valdez. Lo secunda Vicente: “Lo más grave es que están impidiendo el conocimiento de la forma en que operó el régimen autoritario que se supone que terminó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
