Mantener el trote, que el daño a la Constitución está hecho.
El calendario político de la campaña de Trump para regresar a la Presidencia ha sido a fuego lento, sacrificial, lleno de cauda de venganza.
Al mismo tiempo que se mantuvo firme para arrebatar a sus adversarios la candidatura presidencial por el Partido Republicano, en pleno ejercicio aún de sus libertades, su desgaste no ha impedido que afronte la defensa legal ante los cargos que se le imputan en más de 91 delitos graves -de los cuáles solo cuatro pueden implicar pena de prisión- relativos a violaciones diversas del sistema de justicia electoral, legal, fiscal y penal estadounidense vigente.
Trump ha argumentado que es una “cacería de brujas” y se ha quejado de interferencia electoral por parte del gobierno de Biden, aludiendo falsedad de los cargos, parcialidad de los jueces y fiscales involucrados en las denuncias y sanciones, para impedirle luchar por sus metas políticas.
Donald Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos en ser investigado y juzgado en jurisdicciones federales y locales por diversas conductas antijurídicas.
Ha acreditado que su deporte favorito es violar la ley, dejarse llevar por sus pasiones inmanejables y hacer su santa voluntad, arrasar con todo y contra todos.
Después del tiradero acostumbra derrochar inmensas fortunas en el pago de honorarios por servicios legales que sus fieles abogados le cobran por limpiar el terreno.
Acostumbra desobedecer las estrategias de defensa que elaboran sus abogados y echarles a perder el diseño y rutas de su propia defensa. Es un hombre de poder quien utiliza estrategias disruptivas para alcanzarlo.
La ruta judicial sacrificial.
En el caso del juicio por fraude civil en Nueva York, el expresidente Donald Trump enfrentó una demanda por inflar alevosamente el valor de sus activos -como su casa en la Torre Trump en Nueva York- para obtener mejores condiciones de los bancos y agencias de seguros.
En marzo de 2023, un gran jurado formalizó acusación penal por el caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, por los denominados pagos de silencio (sobre acusaciones de relaciones extramatrimoniales antes de la elección de 2016) que implican la falsificación de registros comerciales.
En este caso, se despachan las audiencias en New York y el juez Merchan ha argumentado que Trump por ser “políticamente poderoso busca evadir su responsabilidad penal” (Véase el alegato en https://s3.documentcloud.org/documents/24169575/peoples-mem-opp-defs-omnibus-motions-redacted.pdf)
Avance político indemne y defensa legal trumpiana con eficacia de mediana impunidad.
Respecto al delito de fraude civil sobre pagos de silencio en New York, el 16 de febrero pasado, el juez Arthur Engoron ordenó al expresidente y a sus hijos co acusados pagar 364 millones de dólares en multas por el plan de años que involucraron estados financieros fraudulentos.
El fallo del juez también prohibió a Trump administrar una empresa en el estado de Nueva York durante tres años.
Más adelante se le redujo sustancialmente el monto financiero de la pena a 175 millones de dólares, una especie de fianza paradisíaca lograda por su equipo legal en el tribunal de apelaciones.
El caso políticamente más importante refiere una demanda por subversión electoral de 2020 del expresidente estadounidense Trump, que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de Washington D.C.
Se han realizado diversas audiencias de apelaciones dado el reclamo de inmunidad de Trump en el caso federal que le acusa de intentar revertir ilegalmente su derrota electoral de 2020.
Los alegatos del fiscal asumen que las acciones de Trump antes y durante el 6 de enero de 2020 tenían como objetivo obstruir la transición de poder al presidente Joe Biden y anular los resultados de las elecciones: se documentan en la demanda cargos por conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos, específicamente “el derecho a votar y a que el voto sea contado”.
Cuatro abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un consultor político están señalados en dicha demanda en calidad de co-conspiradores del Presidente Trump: Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark y Kenneth Chesebro.
En fin, por ahora está atrapado sujeto a procesos locales y federales que lo distraen y le rompen la paz interior que todo hombre de estado debe poseer, máxime cuando se trata de la nación más poderosa del mundo.
Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia ha evitado que pueda prohibirse su nombre en boletas electorales presidenciales, como lo pretendían al menos las cortes estatales de Colorado y Maine, que alegaban la cláusula de insurrección, por declaraciones y actuación de Trump en los hechos del 6 de enero de 2020, que derivaron en la toma violenta del Capitolio.
El amo de la política confrontacional.
Estamos ante uno de los rasgos inéditos del sistema político global: políticos y autócratas que tienen plenas potestades y libertades para actuar con impunidad y que a su vez, mantienen en firme sus agendas de guerra, genocidio y de irresponsabilidad por anular de facto la vigencia de sus constituciones, en pleno ejercicio potestario de su poder presidencial.
Incluso fuera de la Presidencia desde 2020, el sistema político y de justicia estadounidense, no encontró una salida eficaz al acertijo/desafío Trump.
Él ha experimentado el fuego lento de las denuncias, las audiencias, los enjuiciamientos penales, las sanciones financieras y empresariales y no sabemos, si está por afrontar fallos penales que le obliguen llevar su campaña política presidencial desde la cárcel.
Ello sería el espectáculo más sombrío y a la vez regalo político para Trump: presentarse como la víctima/chivo expiatorio más codiciado por sus adversarios políticos y del propio Presidente Biden, y la demostración de que supuestamente él tenía razón: del fraude electoral al fraude de las instituciones de justicia estadounidense.
Venganza como política presidencialista.
Trump ha expresado que a su regreso a la Presidencia tendrá jueces y un Departamento de Justicia capaces de perseguir y ajusticiar al Presidente Biden, a sus familiares, a integrantes de su gabinete presidencial y a jueces e instancias del sistema de justicia penal, que han perpetrado esta especie de persecución y enjuiciamiento múltiple que a su juicio es injusto y tienen por móvil su destrucción política.
Es evidente que puede ser procesado y ser privado de su libertad a pesar de conservar una fuerte popularidad de cara al proceso electoral que culmina en noviembre.
De resultar triunfador, la relación política con México sería terrible, apabullante, insensata y violenta.
Imagine usted que propicie la expulsión de 7 millones de mexicanos quienes trabajan en territorio americano arguyendo que aquí, en nuestra patria, no pudimos generar oportunidades.
Imagine usted que eleve aranceles a los productos mexicanos que exportamos hacia los Estados Unidos, los precios saldrían del mercado y miles de empleos se perderían.
Trump es un huracán político apocalíptico para México y para todo el mundo.
Sus aliados internacionales han dado muestra de que pueden ser impredecibles en sus designios para el planeta, tanto en violación de derechos humanos y vocaciones neoimperialistas y genocidas.
Trump continuará el viacrucis espectáculo de las audiencias judiciales esperando ganar tiempo hasta noviembre próximo; a su vez, aguarda su nominación oficial como candidato presidencial para la Convención Nacional del Partido Republicano que se efectuará en agosto y espera el veredicto de inmunidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que su nombre y derecho para disputar la Presidencia se mantenga intactos.
No está claro si los electores estadounidenses harán propia esta energía estoica de inflexible confrontación y dilución democrática, que avista con llevar a la venganza personal a política de Estado en la principal potencia mundial de Occidente.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.