“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada” Juez Oliver Wendell.
Un domingo del año 2017, al calor de la convivencia fraterna, la desesperación por ver atorado al país y con preocupaciones genuinas, un grupo multidisciplinario de profesionales decidimos dejar de pensar en arreglar el país frente al asador de carnes, sentarnos a pensar y dejarlo por escrito.
Así se logró y circuló un primer borrador a manera de diagnóstico y luego se construyeron líneas de política pública.
Se redactó un ensayo y se publicó en una Revista liderada por doctores en ciencia política: “La Seguridad que México necesita para el Siglo XXI”.
Revista semestral, Élites y Democracia, Año 7, número 14, 2018, páginas 48-61.
Otilio Flores, Doctor en Filosofía por la UNAM ayudó a pensar el fondo del problema y eliminar las ocurrencias ilógicas; Omar Camarillo, Maestro en Derecho comparado por NYU, insistía en el desmantelamiento de las instituciones de procuración de justicia; Pedro Isnardo de la Cruz, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, insistía en la necesidad de construir instituciones de inteligencia coordinadas con nuestras condiciones geopolíticas, particularmente Estados Unidos, y en el rediseño de políticas e intervenciones preventivas de nuevo calado; Juan Carlos Reyes, politólogo y abogado, daba prioridad al financiamiento y presupuestación de los cambios legales y constitucionales que se proponían.
Lo publicado acotaba: “las actuaciones presidenciales particularmente de Zedillo a Peña Nieto, han anulado, lamentablemente, el monopolio físico efectivo de la violencia legítima del Estado mexicano (Max Weber), al desmantelar en los hechos la Procuración de Justicia a nivel nacional (…)”
Se compartió la necesidad de regresar los militares a sus cuarteles porque su formación no está orientada a labores policiacas.
Los problemas no son irresolubles, con humildad, pero con pasión y un esfuerzo analítico proponemos diversas reformas y estrategias orientadas a desentrañar la estrecha simbiosis entre inseguridad, impunidad y corrupción.
Por ello, habrá que discernir la necesidad de políticas gubernamentales transversales, reformas constitucionales y legales, atendiendo tratados internacionales y la naturaleza de las violencias que se presentan en nuestro contexto mexicano a escala regional y comunitaria.
1. Desmilitarización gradual: las fuerzas armadas cubren y operan diversas tareas civiles, carecen de la especialidad, por ejemplo, no son expertos en la normatividad de comercio exterior ni aduanero.
2. Fortalecer la Fiscalía General de la República: se debe regresar al centro presidencial, eliminar la autonomía, debe rendir cuentas al Presidente y al Congreso federal.
Deliberar el que se restituya la policía judicial federal.
3. Fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia. Dotarlo de inmediato con 5 mil millones de pesos para adquirir tecnología y coordinar 32 centros estatales de inteligencia, dirigidos por civiles, y robustecer en la nube la información estratégica.
4. Fortalecer las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades federativas con mayores recursos, eliminando el periodo de gestión que les da facultades transexenales, debiendo regresar bajo las órdenes de los Gobiernos Constitucionales.
5. Aprobar para su entrada en vigor inmediata de la Ley Federal de Ciberseguridad.
6. Abrir al sector privado la construcción y administración de centros penitenciarios garantizando seguridad, eficacia y cero tolerancia, delineado con un programa nacional de readaptación social como su entraña.
7. Derogar del sistema jurídico mexicano las letales figuras jurídicas de prescripción y caducidad que significan en los hechos que quien delinque, solo tiene que esperar un plazo perentorio para que no pueda ser procesado.
La prescripción y caducidad son figuras procesales que deben ser eliminadas de la legislación por que son causa central de la impunidad y de la corrupción: por ejemplo, si un alcalde comete el delito de peculado, y los órganos de fiscalización no lo auditan de inmediato y con eficacia, al transcurrir el tiempo y salir de su encargo goza de una alta probabilidad de no ser procesado.
En materia de combate a la Corrupción recomendamos la lectura del Ensayo “Sistema Nacional Anticorrupción, un corte de caja”, Revista Praxis, Año XIII, número 34, TFJFA, 2023.
En la frase que abre nuestra entrega periodística de hoy se pueden argumentar al menos tres nociones: la vida humana y en sociedad tiene un precio; lo que se impone como impuesto puede imponerse pero tiene un valor vinculante con los autores del precio y quienes suscriben su pago y, finalmente, el hecho de que todos somos parte de qué valor damos a ese precio y cómo debemos hacerlo valer. Veamos:
8. Para financiar y otorgar suficiencia presupuestal es necesario discutir en el Congreso una reforma fiscal mediante la cual se instaure un nuevo impuesto: el Impuesto al Valor Agregado Local.
Un IVA local con una tasa de 3% sin excepciones ni regímenes especiales.
Se debe reformar la Ley de Coordinación fiscal y la Ley de Ingresos para etiquetar el producto de esta recaudación únicamente para la tarea de seguridad y procuración de justicia local.
Así también deberá reorientarse el presupuesto de egresos de la Federación para aumentar significativamente los recursos destinados a los ramos presupuestales Seguridad y Procuración de Justicia.
Sugerimos revisión del ensayo “Una exploración del potencial recaudatorio del IVA “, Ingresos y Egresos, Revista Confluencia XXI, enero-marzo de 2010, p. 54.
En la próxima entrega vamos a profundizar en el tema de combate a la corrupción.
