El Presidente AMLO desde muy joven soñó con un país más justo y menos desigual, lo recorrió todo, lo conoce, conoce como pocos sus regiones y comunidades.
En el año 2017 vio clara la oportunidad y la ruta para arribar al poder presidencial, la posibilidad de ver cristalizado su proyecto político crecía.
Se trata de un cambio de régimen, es esa la ambiciosa apuesta.
Ningún grupo de interés, ni de poder le iban a facilitar las cosas.
Para desmontar las estructuras administrativas reproductoras de ese arreglo institucional que favorece a la élite económica fue necesario un ejercicio veloz y contundente de diseño y negociación legislativa.
Ahora con una nueva Legislatura los trabajos se profundizan y aceleran, seis años, en el poder presidencial son insuficientes para cambiar el rumbo.
Ahí está ya la vocación social del Estado mexicano hacia la defensa y gestión en favor de los pobres; la reforma constitucional selló profundamente esa vocación.
Esa misión histórica y justiciera con quienes no tienen forma de salir adelante por sí mismos, aquellos sujetos vulnerados de los que Morelos hizo denuncia y referencia.
En el tiempo actual de México es la Reforma o contra Reforma eléctrica el centro neurálgico.
Queremos abordar el tema del Litio, la Reforma lo incluye, la propuesta de la 4T busca defender para la nación ese metal alcalino tan utilizado por las industrias en el mundo.
Es utilizado para la elaboración y consumo de minas de metal de baterías recargables de iones de litio, que se pueden utilizar para alimentar teléfonos móviles hasta bicicletas eléctricas, automóviles y autobuses.
Chile, Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen grandes riquezas de litio y han enfrentado durante décadas exploraciones, creación de instituciones, procesos de licitación internacionales, adjudicaciones, movilizaciones y huelgas comunitarias.
El propio Evo Morales ha declarado que el control de la economía del litio fue el factor principal por el que consumó el golpe de Estado contra él y su gobierno.
El litio por lo tanto ubica a México en el centro de la lucha de intereses del siglo XXI entre potencias mundiales por la geopolítica de la transición energética mundial.
El litio implica la posibilidad de almacenar y potenciar energía renovable, estratégica y vital para extender formas de vida industriales superando la esfera de los combustibles fósiles.
En México -existen estudios- se cuenta con ese mineral, al parecer el Estado de Sonora tiene yacimientos con un enorme potencial.
Por supuesto que no contamos con toda la tecnología para explotarlo ni con capitales para financiar su extracción; ahí nacen los dilemas.
¿Lo debe explotar solamente las empresas del Estado mexicano -Pemex y CFE-, o debe permitirse la entrada de empresas extranjeras?
¿Qué hacer con los compromisos contraídos con empresas extranjeras?
Sobre todo con empresas de China, que cuentan ya con concesiones otorgadas en el pasado, y que están aún vigentes.
Los legisladores federales habrán de realizar investigaciones y estudios de derecho, economía pública internacional, políticas públicas comparadas y desarrollo comunitario, para orientar sus criterios, debatir con responsabilidad y consensuar soluciones sobre beneficios sociales de este mineral.
En efecto, las naciones latinoamericanas que poseen yacimientos de litio han experimentado la dificultad de un ciclo virtuoso de gobernanza soberana, donde la producción/explotación, inversión productiva y contratos de extractivismo, nunca se han consumado en un ciclo virtuoso a favor de los recursos públicos y especialmente del desarrollo de las comunidades.
Tenemos diversas oportunidades en el caso del yacimiento de Sonora de impulsar un hub transfronterizo en el norte del país con empresas mundiales de fabricación de autos eléctricos en Arizona, bajo parámetros de contratos soberanos con sistemas de beneficios de proyectos e intervenciones de bienestar socio comunitario tangibles, con perspectiva de inversiones e implementación de tecnologías sustentables.
Lo mismo sucede en el trabajo legislativo con otro tema central, y razón de ser del Parlamento: el presupuesto y la miscelánea fiscal.
Llama la atención la propuesta de la Secretaría de Hacienda en los tiempos de la 4T referente a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes jóvenes mayores de 18 años, quedando en obligación de darse de alta en Hacienda.
Es ideal que ese registro se use para el sistema de protección y seguridad social y para el INE.
La iniciativa de ley respectiva ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, falta ahora conocer la opinión y postura aprobatoria o no de los señores senadores.
¿Cómo impacta esta medida en la economía?
¿En el apuntalamiento del Estado de Derecho?
¿Queremos realmente un Estado fuerte?
¿O queremos continuar con la simulación de un gobierno débil en sus ingresos y finanzas públicas?
Es la hora decisiva del Congreso porque el guión nacionalista presidencial de la reforma eléctrica y del litio en cuestión, requieren del respaldo legislativo en una batalla geopolítica mundial y del futuro del país.
