Estamos por conocer las impugnaciones interpuestas en contra del proceso electoral del poder judicial.
Muy pronto, en septiembre, nuevos juzgadores conducirán la administración de justicia.
Sin embargo, la reforma constitucional aprobada y puesta en marcha será insuficiente.
Para fortalecer el Estado de Derecho, disminuir la corrupción y la impunidad, es indispensable ahondar en otra reforma fundamental: el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y, consecuentemente, las fiscalías generales de las entidades federativas.
¿Cómo podemos fortalecer a la Fiscalía?
Primeramente, dotarla de mayor asignación presupuestal. Debe superar los 25 mil millones de pesos anuales.
Segundo, limitar su autonomía y propiciar un Fiscal General electo por el pueblo.
Nunca será suficiente que se haga presencia en el Gabinete de Seguridad y menos aún que no se encabece un proceso federalista de resultados plausibles en beneficio de la gente y las víctimas de delitos.
Hasta ahora no rinde cuentas suficientes ni al Congreso ni al electorado, incluso ha de valorarse someter a elección popular al Titular de la Fiscalía, con un método de selección y elección donde las y los elegibles acrediten ante la nación, su proyecto, modelo de Fiscalía y metas plausibles.
Internamente la Fiscalía debe contar con mayores recursos humanos, abogados que colaboran con los ministerios públicos para abatir el rezago en las investigaciones y no para perpetuar dinámicas de impunidad y corrupción.
Debe fortalecerse el servicio profesional de carrera para ocupar las plazas de investigación del delito.
Se tiene que constituir un centro de inteligencia dependiente de la Fiscalía que fortalezca las acciones de investigación.
Conformar una Policía Federal dependiente de la Fiscalía que coadyuve en la ejecución de las órdenes de aprehensión giradas por ministerios públicos y por jueces penales, conformada por abogados capacitados en acciones de investigación, detección y aprehensión de delincuentes con una sólida formación en el conocimiento y respeto a los derechos humanos.
Dichos elementos deberán ser capacitados con las técnicas científicas y tecnológicas más avanzadas para constituirse en un cuerpo de élite capaz de abatir el rezago existente que consolida el cáncer de la impunidad.
Se deben reclasificar los delitos federales de los delitos del fuero común, en donde la Federación absorba mayores facultades de investigación en delitos patrimoniales y de combate al lavado de dinero. Las reformas aprobadas en materia de la Guardia Nacional apoyan la estrategia de seguridad, pero es indispensable contar con un cuerpo civil, altamente especializado y suficiente en cobertura que permita apoyar a la Fiscalía General de la República con esta responsabilidad compleja.
Dado el creciente nivel de enraizamiento del crimen organizado en la vida pública del país, es importante que no se erosionen en los hechos las competencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana frente a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y a su vez, que no se reduzcan sus atribuciones a la coordinación inter institucional, la investigación e inteligencia táctica de gabinete, golpes efectistas y el performance mediático.
Todo ello puede aquilatar el proceso de transformación que se impulsa desde la Presidencia, pero sin un andamiaje presupuestal más robusto, sin un modelo institucional y de potestad jerárquico estructural más articulado y más corresponsable en rendición de cuentas, difícilmente se podrá parar el sangrado de violencias y lograr mejores resultados en delitos de alto impacto, homicidio doloso, masacres y desapariciones forzadas.
La condición asimétrica y las presiones/prioridades del gobierno de Washington ahora con Trump, se mantendrán inalterables y más fuertes, pero México debe seguir haciendo su propio proceso virtuoso para dotarse de un nuevo Estado de Derecho y una genuina paz social.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
