Desde hace décadas hemos publicado ensayos y artículos sobre el tema de Seguridad y Estado de Derecho en México.
Sobre el tema de seguridad destacamos un ensayo publicado en la Revista “Elites y Democracia” en 2018, en donde planteamos el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República como una decisión de Estado, toral e impostergable.
A su vez, en nuestra casa periodística de El Universal publicamos en una colaboración reciente que en septiembre próximo nuevos juzgadores conducirán la administración de justicia y, así lo enfatizamos, la reforma constitucional aprobada y puesta en marcha será insuficiente.
Como sabemos el Presidente López Obrador impulsó una reforma constitucional ambiciosa para elegir juzgadores, Ministros, Magistrados y Jueces federales.
Algunas entidades federativas adoptaron ese cambio y también fueron a las urnas para elegir juzgadores.
Aún no sabemos los resultados, será hasta conocer las primeras sentencias y los criterios jurisprudenciales emanados de la nueva integración jurisdiccional.
Ahora debe impulsarse una reforma constitucional para reformar el pilar de la procuración de justicia en México: la Fiscalía General de la República, hoy una estructura burocrática inercial e ineficaz. Existen miles de órdenes de aprehensión contra delincuentes confesos sin ejecutar.
Y también se debe impulsar una reforma legal al Código Federal de Procedimientos Penales para adecuar la competencia sobre un nuevo catálogo de delitos federales más amplio: todos los delitos de alto impacto deben estar en la esfera federal, de modo que las fiscalías estatales no están equipadas para hacer frente al combate a la corrupción e impunidad.
La Fiscalía federal debe fortalecer el servicio profesional de carrera para contar con recursos humanos capaces de enfrentar nuestro grave problema de inseguridad e instaurar definitivamente un estado social y democrático de derecho.
La Presidenta Sheinbaum conoce los indicadores internacionales que miden el combate a la impunidad y a la corrupción en todo el mundo en donde hemos caído consistentemente.
Asumimos que no habrá inversión nacional o extranjera en México si no avanzamos en combatir este flagelo.
Así, para fortalecer el Estado de Derecho deben fortalecerse la Fiscalía General de la República y, consecuentemente, las fiscalías generales de las entidades federativas. Tenemos que reflexionar y debatir sobre la Autonomía constitucional:
¿Debe regresar a la esfera del Poder Ejecutivo Federal? ¿Mantenerse autónoma, pero sin transparencia ni rendición de cuentas?
Además de dotarla de mayor asignación presupuestal (estimamos que han de superarse los 25 mil millones de pesos anuales), proponemos una reestructuración interna, la Fiscalía debe analizar sobre su alta dirección, debiendo asumirse la importancia de que se limite su autonomía.
Suscribimos se analice la pertinencia de que el Titular de la Fiscalía federal sea electo mediante voto universal libre, secreto y directo.
Si se decide que sea electo la autonomía sería ejercida con mayor fuerza, rendición de cuentas y escrutinio público. Recuerde usted, querido lector, que en los Estados Unidos de Norteamérica los fiscales generales de los Estados son electos mediante voto popular; es el caso de Kamala Harris arribó a esa responsabilidad mediante voto en el Estado de California.
Por el contrario si la reflexión y debate nos lleva a regresar a la esfera de dirección de la Presidencia, sin escalonar el periodo como estamos ahora, el titular de la Fiscalía dependería absolutamente de la Presidencia, le rendiría cuentas al Presidente y correría su suerte política en función de ser nombrado por éste y concluir su mandato a voluntad presidencial.
La ventaja de regresar a este modelo de dirección y dependencia es que el titular tendría que dar resultados de inmediato, sin regatear las instrucciones dadas por la Presidencia y enfrentar directamente de la opinión pública la evaluación de los resultados.
Las prioridades institucionales vendrían del diseño de política del Ejecutivo Federal, su ejecución sería inmediata, sin cuestionamientos ni tardanzas derivadas de mayores obstáculos burocráticos.
Por el contrario, si se ahonda y fortalece la autonomía incluso con la elección democrática, la figura de Fiscal tendría mayor peso político en el sistema político mexicano.
En el mundo jurídico contamos con destacados juristas provenientes del Gobierno, la academia, con competencias de litigio transnacional, del foro jurídico constitucional, e incluso de instancias militares.
En un primer ejercicio de revisión de fichas curriculares, a manera de ejemplos, destacamos:
Ernestina Godoy fue Fiscal de la CDMX, es la abogada más cercana a la Presidenta Sheinbaum. Es una mujer firme de resultados inobjetables, dura contra la delincuencia y muy exigente con sus colaboradores.
Bernardo Batiz es un viejo profesor universitario, muy educado y tranquilo. Fue Procurador de la CDMX, Consejero de la Judicatura Federal y electo Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, digamos que es un veterano de guerra del Estado Mexicano.
Diego Valadés Ríos, jurista sinaloense, es quizá uno de los abogados más talentosos de los círculos académicos; fue Diputado Federal y Procurador General de la República en los años en los cuales fueron asesinados Luis Donaldo Colosio y el Obispo Posadas. Ha sido Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diego Valadés cuenta con una gran obra escrita y es un profundo conocedor de la Constitución y de la Teoría del Estado.
Eddie Varón Levy es uno de los litigantes más brillantes de México y los Estados Unidos. Fue Diputado Federal y Director de Asuntos Internacionales de la PGR, es un conocedor de los mecanismos de poder de la Supreme Court of Justice of The United States of America y del funcionamiento interno de las agencias de inteligencia, fronterizas, aduaneras y fiscales de la Unión Americana.
El General Miguel Ángel Carrasco ha sido Fiscal General en la Secretaría de la Defensa Nacional y consejero jurídico de diversos secretarios de Defensa; actualmente es un destacado Magistrado Federal con una carrera intachable por su trabajo contra la delincuencia.
Patricia González Rodríguez. Doctora en Derecho, tiene experiencia de jueza federal, es especialista en administración de justicia, sistema policial, sistema de ejecución penal, prevención social del delito, procuración de justicia, derechos humanos, violencia y perspectiva de género a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia como abogada en litigio estructural bajo el procedimiento penal acusatorio en México. Coordina el Seminario Universitario Interdisciplinario de Seguridad Ciudadana de la UNAM.
Raúl Contreras Bustamante es Doctor en Derecho por la UNAM y la Universidad de Salamanca, España; fue Diputado Federal, Notario Público, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM y es un experto en estudios constitucionales del país.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
