El mundo sigue enfrentando la pandemia y sus estragos sociales, psicológicos, laborales, humanitarios.

Si bien es notorio que la vida pública y privada virtual se abren paso en la educación, la economía y los negocios, el desarrollo tecnológico y de servicios, no todas las personas, grupos vulnerables y comunidades tienen recursos para acceder y resolver su sobrevivencia en ese nuevo portal, contrayendo nuevas exclusiones clasistas.

Para el caso mexicano en enero de 2019 el Presidente AMLO expresó que

“la principal fuerza de la política exterior será la justicia y la estabilidad interna. La soberanía nacional se reforzará con una política que promueva el desarrollo y la democracia para ser respetados y respetables en el mundo. La mejor política exterior es la interior (...) vamos a recuperar el lugar que merecemos en el concierto de las naciones”.

Se trata de una Presidencia que al pretender un cambio de régimen político busca moldear la política económica como instrumento de “bienestar y felicidad del pueblo”.

“El nuevo gobierno democrático garantiza las libertades (...) La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán tres millones de créditos personales y a pequeñas empresas y familiares, y se crearán dos millones de empleos, protegiendo a 25 millones de familias mexicanas, el 70% de los hogares de la República, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias”. López Obrador, Andrés Manuel (2020). La Nueva Política Económica en los tiempos del Coronavirus. Ensayo.

Es posible asumir el ensayo como eje de un cambio de régimen que reclama un autogobierno republicano frente a su versión corrupta, que hará lo necesario para redistribuir el ingreso y la riqueza que se genera en el país.

Por cierto, dicha estela de programas podrá sostenerse y maximizarse nueva inversión pública y privada con un nuevo pacto constitucional fiscal, un Consejo Social y Económico de la República que fortalezca la capacidad de actuación del Presidente ante posibles escenarios de crisis y oriente esfuerzos a la internacionalización de las inversiones para el nuevo régimen de desarrollo social (que no debe ser un Consejo del Poder Legislativo, como sugiere el Diputado Ramírez Cuéllar, dado que es deseable que gravite en la ejecución de la política del Estado).

“Con frecuencia seleccionamos las políticas adecuadas que se han de aplicar en función de su efecto positivo en el crecimiento de la economía, pero si nuestras mediciones del desarrollo están falseadas, puede ocurrir lo mismo con las conclusiones que extraemos en materia de política económica (...)(por lo que es importante establecer) una diferencia entre Evaluación del bienestar presente y evaluación de su sustentabilidad, es decir de su capacidad para mantenerse a la largo del tiempo. El bienestar presente depende a la par de recursos económicos, como los ingresos y de características no económicas de la vida de las personas: lo que hacen y lo que pueden hacer la valoración de su vida, su entorno natural. La sustentabilidad de estos niveles de bienestar depende de la cuestión de saber si los stocks de capital que importan en nuestra vida (capital natural, físico, humano, social), se transmitirán o no a las generaciones futuras”. [Stiglitz, Joseph, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi (2020). Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social]

La nueva reforma fiscal republicana debe implicar las premisas de la Nueva Política Económica del Presidente. para su deliberación y conciliación con ciudadanía, gobiernos locales y empresarios: debe planificarse democráticamente, o será una deuda histórica más del Estado para redistribuir la riqueza nacional.

En ella puede contemplarse también la fiscalidad verde que permita preservar fuentes renovables de energía, estímulos a la producción, seguridad, impacto y respaldo comunitario de las inversiones.

Es posible avanzar hacia un proceso de construcción de un consenso en torno a una estrategia vía un Pacto Internacional Humanitario por las Comunidades, que suscriba entre líderes de las naciones la necesidad de un cambio cultural, evolutivo, social y científico:

“Los valores de convivencia, los principios éticos, siempre estarán amenazados mientras se espere de nosotros ser memorizadores de prescripciones morales escritas por otros, en vez de habilitarnos como buenos navegantes de la vida, capaces de tomar por convicción las mejores decisiones para la nave común, sin necesidad de consejo constante, supervisión ni amenazas” [Ovalle, Ignacio (2010). Evolución de la conciencia. Tangibles e intangibles. Visión integral. Debolsillo, México, p.380]

Pensamos que un Pacto Internacional de esa índole debe estar centrado no en las políticas ni en las mediciones estadísticas convencionales del crecimiento económico actuales (el Presidente AMLO ha señado que “aspira a través del INEGI a un índice alternativo al PIB para medir el Bienestar”), sino en los sistemas de vida y de bienestar comunitarios, en la complejidad de las desigualdades sociales y los entornos locales.

Sí,en caso de que decida al final de su gobierno no competir por la gubernatura de su tierra natal Tabasco, el Presidente López Obrador puede encaminar su agenda internacional después de la elección constitucional federal de 2021.

Esto le permitiría compartir su modelo de desarrollo y construir consensos con otros mandatarios y recibir dignatarios de naciones hermanas, dado que la política económica y la política social que impulsa pueden tener una proyección geopolítica, elaborando respuestas mundiales a crisis nuevas y políticas de inversiones favorables a comunidades vulnerables de México y el mundo.

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