La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en febrero enviará al Congreso su propuesta de reforma electoral y confirmó que ya cuenta con el respaldo de sus partidos aliados. No se trata de una sorpresa ni de un debate técnico, es la continuación de una ruta clara del oficialismo para concentrar el poder y cerrar el paso a la pluralidad democrática en México.
El discurso del gobierno se centra en la reducción de recursos a partidos y campañas bajo el argumento de austeridad y mayor fiscalización. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que reducir financiamiento público sin fortalecer controles no combate la corrupción, la normaliza. En un país donde existen antecedentes documentados de financiamiento ilegal en campañas, como los casos del huachicol fiscal, “La Barredora” o los vínculos de políticos con estructuras criminales, debilitar el financiamiento público abre la puerta al dinero del crimen organizado.
Los datos son claros. En la última elección federal, Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54 por ciento de los votos, pero se quedaron con cerca del 73 por ciento de las curules en el Congreso. No fue una mayoría otorgada por la ciudadanía, fue una mayoría fabricada torciendo la ley. Hoy, bajo el pretexto de eliminar plurinominales o “ahorrar recursos”, se pretende borrar a la oposición del mapa legislativo y consolidar un Congreso a modo.
El riesgo no es menor. Morena ya controla el Poder Ejecutivo, se hizo del Legislativo mediante sobrerrepresentación, impulsó una reforma judicial que debilita la independencia de los jueces y desapareció organismos autónomos como el INAI, el IFT, el CONEVAL y la COFECE. Ahora va por lo único que le falta, el control del árbitro electoral. Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir.
En Acción Nacional la postura es clara. Sí a una reforma electoral, pero no a una impuesta desde el poder. Sí a revisar el financiamiento de los partidos, pero no a debilitar al INE ni a eliminar la representación proporcional. Defender a los plurinominales no es defender privilegios, es defender el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a estar representados en el Congreso.
En Acción Nacional no solo se rechaza la ruta autoritaria del oficialismo, también se ponen propuestas sobre la mesa. Segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad democrática, elecciones primarias para que las candidaturas las decida la ciudadanía y no las cúpulas, voto electrónico, eliminación real de la sobrerrepresentación y reglas claras para garantizar equidad en las contiendas.
Pero, sobre todo, en Acción Nacional se ha lanzado un reto directo al gobierno. Si de verdad quieren combatir la infiltración del crimen organizado en la política, que se establezca la nulidad inmediata de cualquier elección donde se compruebe dinero ilícito y la extinción del partido político involucrado, además de sanciones penales máximas para los llamados narcopolíticos. La pregunta es simple, ¿se animarán?
Esta reforma no es solo una ley más. Está en juego la democracia misma. Las elecciones deben decidirse con votos, no con miedo, no con dinero ilegal y no con árbitros sometidos. En Acción Nacional se defenderá al INE, la pluralidad y la libertad política del país, porque cuando se pierde la democracia, recuperarla cuesta generaciones.