Cuando el crimen se sienta en la mesa del poder

México enfrenta una de las amenazas más graves para su democracia: que el crimen organizado deje de limitarse a disputar territorios y comience a disputar, desde dentro, las decisiones del Estado. Durante años hemos hablado de la violencia como un problema de seguridad pública, de los homicidios como una crisis que debe atenderse y de la corrupción como una enfermedad que debilita a las instituciones. Pero existe un escenario todavía más peligroso: cuando quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen terminan colaborando con él, cuando los recursos públicos pueden convertirse en moneda de cambio y cuando las organizaciones criminales encuentran en las instituciones una puerta de entrada para influir en elecciones, contratos y decisiones de gobierno.

La dimensión del problema obliga a dejar de verlo como una discusión exclusivamente partidista. México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, enfrenta miles de homicidios cada año y padece una expansión de delitos como la extorsión, que golpea directamente a comerciantes, empresarios, productores y familias. A esto se suma la presencia territorial de organizaciones criminales que, en distintas regiones, han logrado imponer condiciones económicas, controlar actividades productivas e intimidar a autoridades y comunidades. Frente a esta realidad, el Estado mexicano no puede conformarse con perseguir a los criminales que están fuera de las instituciones. También debe impedir que quienes están dentro de ellas se conviertan en sus aliados.

Por eso, desde Acción Nacional hemos planteado una discusión que durante demasiado tiempo se ha evitado: ¿qué ocurre cuando un servidor público utiliza el poder que le fue confiado por los ciudadanos para colaborar con una organización criminal? No estamos hablando de una falta administrativa ni de un acto menor de corrupción. Estamos hablando de una conducta que puede comprometer la seguridad nacional, las elecciones, la integridad de las instituciones y la propia democracia. Un funcionario que abre las puertas del Estado al crimen organizado no solamente incumple con su deber; traiciona la confianza de millones de mexicanos.

La propuesta que hemos presentado busca que esa conducta tenga una consecuencia proporcional a la gravedad del daño. Planteamos que la colusión entre servidores públicos y organizaciones criminales sea imprescriptible y pueda alcanzar penas de 80 a 140 años de prisión. La intención es clara: que nadie vuelva a considerar que utilizar un cargo público para favorecer al crimen organizado puede quedar impune con el paso del tiempo. El poder público debe tener una línea roja que nadie pueda cruzar.

La propuesta también parte de una realidad que no podemos ignorar, la delincuencia organizada no necesita controlar formalmente una institución para capturarla. Le basta con influir en una elección, financiar una candidatura, intimidar a un funcionario, comprar una voluntad o conseguir que alguien desde el gobierno mire deliberadamente hacia otro lado. Cuando una organización criminal consigue decidir quién puede gobernar, qué contratos obtiene o qué autoridad debe obedecerle, ya no estamos frente a un problema exclusivamente delictivo. Estamos frente a una amenaza directa al Estado de Derecho.

Pero la infiltración criminal no es el único espacio donde debemos cerrar las puertas a la corrupción. También tenemos que revisar la manera en que se utiliza el dinero público. Cada peso que administra el gobierno pertenece a los ciudadanos y, por lo tanto, debe estar sujeto a reglas de transparencia, competencia y rendición de cuentas. Por eso proponemos reformar el Artículo 134 Constitucional para que la licitación pública vuelva a ser la regla general y las adjudicaciones directas sean verdaderamente excepcionales, limitando los procedimientos de excepción a un máximo del 20 por ciento del presupuesto y evitando que los contratos sean fraccionados para evadir ese límite.

La lógica es sencilla, mientras más discrecionalidad existe en el manejo del dinero público, mayor es el espacio para los negocios a modo, las redes de influencia y los conflictos de interés. México ya ha visto suficientes ejemplos de cómo los contratos públicos pueden terminar beneficiando a familiares, amigos, empresas cercanas o personas vinculadas al poder. Cuando el gobierno entrega un contrato sin competencia y sin transparencia, el problema no termina en una oficina pública: termina afectando a los ciudadanos que pagan impuestos y reciben menos obras, peores servicios y mayores costos.

Incluso las instituciones encargadas de grandes proyectos de infraestructura deben estar sometidas a controles democráticos. Por eso también planteamos que las obras públicas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina estén sujetas a procesos de licitación pública.

La tercera parte de esta agenda tiene que ver con algo todavía más importante: recuperar a los ciudadanos como protagonistas de la vigilancia del poder. La democracia no termina el día de una elección. También significa que los ciudadanos puedan saber cómo se gasta el presupuesto, quién recibe los contratos, qué decisiones toman sus autoridades y qué ocurre cuando existen irregularidades. La desaparición de contrapesos y el debilitamiento de mecanismos de transparencia no pueden convertirse en una invitación para que el poder deje de ser vigilado.

La democracia no se defiende únicamente en las urnas. Se defiende cuando una institución resiste las presiones del poder, cuando un funcionario rechaza al crimen, cuando un contrato público se asigna con transparencia y cuando un ciudadano puede exigir cuentas sin miedo.

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