¿Mi casa es tu casa?

En lo que va de 2026, más de 15 mil familias mexicanas han perdido su patrimonio a manos de despojadores. No hablamos ya de un fenómeno marginal. Se trata de una industria criminal que opera con la certeza de que no habrá consecuencias. De acuerdo a México Evalúa, de cada 100 despojos, menos de cuatro terminan con algún tipo de sanción. El resto se diluye en expedientes que nadie atiende, en reclasificaciones convenientes que convierten un delito en "asunto civil", o simplemente en el silencio institucional que ya conocemos tan bien los mexicanos cuando el delito no hace ruido mediático.

El Estado de México y la Ciudad de México concentran casi 30 por ciento de los casos nacionales. Pero lo más grave no es la geografía del despojo: es su método. Ya no se trata solo de gente armada tomando una propiedad por la fuerza. Hoy el despojo se firma, se sella y se protocoliza. Documentos falsificados, suplantación de propietarios, órdenes de desalojo fabricadas, trámites regístrales "exprés" que dan al robo apariencia de legalidad.

Detrás de ese andamiaje hay funcionarios y notarías coludidas o amenazadas por los criminales. Las víctimas, además, no son un grupo cualquiera: cuatro de cada diez son adultos mayores de 60 años, personas que muchas veces ni siquiera tienen las herramientas digitales o legales para defenderse de un fraude documental armado con su propia escritura.

El fenómeno no se ha quedado quieto: va en ascenso. La propia autoridad ya lo reconoce, aunque le haya costado años decirlo en voz alta: detrás de buena parte de estos despojos hay grupos del crimen organizado. Bandas que ya no viven solo del narcotráfico, porque diversificaron el negocio hace rato —trafican personas, trafican armas, talan bosques, extorsionan, secuestran— y ahora suman a su catálogo algo que golpea distinto: quitarte tu patrimonio, el lugar donde vives.

Ya no hay lugar seguro. Ni el espacio que se supone más tuyo, está a salvo de una organización criminal con la logística y los contactos para falsificar tu escritura y desalojarte con papeles "en regla".

¿Dónde está la rendición de cuentas? Las fiscalías estatales presumen operativos, aseguramientos, "estrategias integrales". La Ciudad de México anunció en julio una reforma para elevar las penas hasta 22 años de prisión. Suena contundente, hasta que se le pone al lado la otra cifra: la de la impunidad estructural que ya lleva años intacta.

No necesitamos otro anuncio mas. Necesitamos que las fiscalías, los institutos de la función registral y los colegios de notarios expliquen, con nombres y con cifras verificables, cuántos de sus propios funcionarios han sido investigados por facilitar estos fraudes.

Mientras el despojo siga siendo un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad, seguiremos hablando de familias que pierden en meses lo que construyeron en generaciones.

@PaolaRojas

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