Las nuevas modalidades del crimen

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, presentada por el Inegi, confirma lo que millones de mexicanos ya sabían por experiencia propia: la inseguridad no es una percepción exagerada, es una realidad estadística.

Durante 2025 se cometieron 33.8 millones de delitos en el país. De ellos, apenas 9% se denunció. Y de ese porcentaje mínimo, más de una cuarta parte ni siquiera derivó en una carpeta de investigación. El resultado es una "cifra oculta" de 93.4%, la más alta desde 2016. Dicho de otro modo: de cada diez delitos que ocurren en México, nueve simplemente no existen para el Estado.

Ese silencio estadístico no es casualidad ni es tampoco apatía ciudadana. Es una respuesta a un sistema que la gente considera inútil. La Envipe lo documenta con crudeza: 35.8% de las víctimas no denuncia porque considera que sería "una pérdida de tiempo" y 13% desconfía abiertamente de la autoridad. Y tienen razón para dudar: de las denuncias que sí lograron abrir una carpeta de investigación, 77.6% no llegó a ninguna conclusión. Por eso denunciar se ha convertido casi en un acto de fe con pocas probabilidades de recompensa.

Mientras la confianza institucional se erosiona, el delito se transforma. Los robos callejeros, los asaltos al transporte público y la sustracción de vehículos están en descenso. En su lugar, el fraude y la extorsión escalaron hasta concentrar 44% de toda la incidencia delictiva del país, con incrementos de 9.4% y 14.4% respectivamente en solo un año.

La violencia física cede terreno ante el engaño y la coacción a distancia: llamadas que suplantan al SAT o a paqueterías, aplicaciones de préstamos que en realidad extorsionan, tiendas en línea falsas y sitios que clonan páginas bancarias.

El crimen organizado, por su parte, diversifica sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico: extorsión sistemática a comercios, control de recursos naturales y aprovechamiento de mercados legales como las casas de apuestas.

Esta mutación tiene una lógica perversa: es más rentable y menos riesgosa que el delito violento. Un fraude digital se opera desde cualquier lugar, con bajo riesgo de captura y sin necesidad de armas. Y como la víctima rara vez denuncia, el margen de impunidad es todavía mayor que el de los delitos tradicionales.

Mientras el Ministerio Público siga siendo percibido como un trámite inútil y no como una vía real de justicia, la cifra oculta seguirá creciendo. Si a eso sumamos la existencia de autoridades no solo coludidas con grupos criminales, sino en muchos casos incluso parte de ellos, la sensación de que en México el fraude no tiene consecuencias es cada vez mayor.

El diagnóstico no puede limitarse a contar más delitos o pedir más denuncias. Urge una estrategia integral y eficiente para combatir la impunidad. Y antes que eso, urge voluntad política para realmente enfrentar a los criminales, aun si despachan como alcaldes o como legisladores.

@PaolaRojas

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