La frontera sur de nuestro país es una bomba de tiempo. Hay cada vez más migrantes, las autoridades están rebasadas y ciudades como Tapachula están saturadas. El fenómeno siempre ha sido complejo, pero las dificultades se han acentuado con la crisis económica que generó la pandemia. Hay cada vez más personas con una mayor pobreza buscando llegar como sea a la Unión Americana. La petición del gobierno estadounidense de impedir el avance de los migrantes hacia la frontera norte ha llevado a las autoridades de México a cometer una serie de atropellos de los cuales hay cada vez más evidencia.
La difusión de la imagen de un hombre que estando ya en el suelo recibe patadas de agentes federales en la cabeza, se convirtió en la muestra de que hay un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza en contra de los migrantes. Lamentablemente no se trató de un caso aislado. Activistas a favor de los derechos humanos que están en la zona aseguran que el aumento de la violencia forma parte de la nueva manera de operar de las autoridades.
Luis García Villagrán, Coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., me habló en entrevista en torno a esta situación. Mencionó la denuncia que presentó este fin de semana ante la Fiscalía General en contra de personal del Instituto Nacional de Migración por lesiones y abuso de autoridad. Explicó que hay aproximadamente 85 mil migrantes en esa zona de la frontera sur a los que no les permiten avanzar. Personas durmiendo en la calle sin nada para comer, que ven pasar los meses sin que se resuelvan sus trámites migratorios. Muchos de ellos con documentos que les permitirían legalmente transitar por México. Aseguró que “aunque tienen la constancia de la condición de refugiado de la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) o la tarjeta verde que es una especie de visa humanitaria, no los dejan adentrarse en el país.”
Describió toda una serie de atropellos y señaló a Jorge Alejandro Palau, director de la estación migratoria Siglo 21, como corresponsable de la violencia. Aseguró que él propio Palau golpeó en la cara a una persona que ya había sido sometida. Con respecto a los elementos del Instituto Nacional de Migración supuestamente cesados por maltratar a migrantes, aclaró que solo fueron suspendidos por 30 días mientras se realiza la investigación y que, muy probablemente, volverán a su cargo para seguir actuando con total impunidad.
¿Qué dice la autoridad ante estas acusaciones tan delicadas? El INM no acepta entrevistas para desmentir estas versiones ni se apresura a presentar ninguna prueba a su favor. Responde solamente con comunicados en los que plantea que “el instituto mantiene una migración segura, ordenada y regular, en apego a la Ley de Migración y su reglamento. Asimismo, tiene la obligación de actuar bajo los principios humanitarios y de respeto a los derechos humanos”. Las agresiones difundidas en medios las considera casos aislados y defiende la actuación de su personal al que considera bien calificado.
El hecho es que con comunicados no van a resolver el problema inmenso de la migración. Agencias de las ONU y Organizaciones No Gubernamentales han pedido cambios en la estrategia para abordar el fenómeno. La actual no funciona. Urge que de entrada lo reconozcan para que empiecen a buscar soluciones. La violencia no puede seguir siendo la vía.
@PaolaRojas