La noche del 1 de noviembre, un adolescente logró abrirse paso entre la multitud hasta el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Llevaba una pistola nueve milímetros y jaló del gatillo varias veces. Los policías municipales que protegían al presidente municipal lo sometieron, lo desarmaron… y segundos después un sólo disparo lo abatió cuando ya estaba inmovilizado. Hoy siete de esos escoltas están detenidos y son investigados.
Víctor Manuel “N”, tenía 17 años. No llegó solo. Con él estaban Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes lo apoyaron con la logística del ataque. Horas antes, las cámaras del centro los captaron siguiendo al alcalde. Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería donde se planeó paso a paso la agresión: ubicar “al cliente”, seguir sus rutas, compartir videos en tiempo real, coordinar la huida. Las órdenes venían de un mando apodado “El Licenciado”. Días después, Fernando y Ramiro aparecieron asesinados en la carretera Uruapan-Paracho.
Organizaciones que trabajan con infancias alertan que en México entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por el crimen organizado. Se les usa como mensajeros, vigilantes, transportistas, extorsionadores, vendedores de droga y también como sicarios. Son fácilmente reemplazables y lo más sencillo, si “el trabajo” se complica, es matarlos.
Hoy las infancias son reclutadas por medios digitales: redes sociales, videojuegos, ofertas de trabajo que en realidad son trampas. Hay invitaciones por TikTok, chats en plataformas, mensajes que prometen dinero fácil, pertenencia o protección. En algunas comunidades simplemente se los llevan cuando cumplen 14 años. Detrás casi siempre hay lo mismo: abandono escolar, pobreza, violencia en casa y falta de oportunidades.
Desde 2011, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió que se reconociera explícitamente el delito del reclutamiento forzado y que se garantizara atención integral a las víctimas. Mientras eso ocurre, los grupos criminales aprovechan las lagunas legales: saben que un menor no será procesado como adulto, que rara vez se le investigará como parte de una estructura de delincuencia organizada y que casi nunca se perseguirá penalmente a quienes lo reclutaron.
El reclutamiento de menores no es una “decisión individual” de chicos que “eligieron ser narcos”. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recuerda que incorporar a un menor a un grupo armado es siempre una forma de violencia extrema, que roba infancia, salud, escuela y proyecto de vida. Son víctimas, aunque también hayan cometido delitos. Tratarlos sólo como delincuentes no nos permite ver lo esencial: la fragilidad del Estado de derecho, la descomposición del tejido social y la narcocultura que idealiza la vida delictiva como sinónimo de fama y movilidad social.
@PaolaRojas