A las mexicanas y mexicanos: Las Cámaras del Congreso aprobaron por unanimidad la reforma constitucional denominada “3 de 3 contra la violencia”, la cual será aprobada por las Legislaturas de las entidades federativas a fin de garantizar a la ciudadanía la idoneidad ética de sus representantes populares y gobernantes, así como de las personas servidoras públicas, y desde luego, darle certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, lo que constituye una avance sustancial y significativo en la erradicación la violencia contra las mujeres.
Dicho en palabras llanas, ningún agresor de mujeres podrá ocupar cargos públicos, o mejor aún, el servicio público no será la trinchera que salvaguarde a los agresores de mujeres, lo que dignifica al poder público, refrenda el compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres de México, y confirma la voluntad transformadora del nuevo régimen.
Recordemos que el formato 3 de 3 tiene como objetivo que la persona candidata o aspirante a algún cargo declararé de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenada o sancionada, mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; así como por tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas obligaciones, salvo que la persona acredite estar al corriente del pago de las mismas o las cancele en su totalidad y no tenga registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios; sin embargo no existían consecuencias jurídicas para los agresores confesos o para quienes declararan en falso.
Ahora, las declaraciones falsarias sí generarán efectos jurídicos, además de que se impedirá que lleguen a los cargos públicos y escaños legislativos los agresores, toda vez que se establece expresamente que los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos se suspenderá por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
De ahí que quien se encuentre en los supuestos anteriores no podrá ser registrado como candidato a cargos de elección popular, ni ser nombrado para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Esta reforma representa la continuidad y fortaleza de las que consignaron la paridad en todo, así como las encaminadas a prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres, al tiempo que apuntalan todas las demás reformas y esfuerzos realizados para regenerar la vida pública de México, ya que para combatir y erradicar las prácticas corruptas, antidemocráticas, injustas e ilegales que han dado paso a la descomposición social, violencia, pobreza y discriminación, es necesario asegurar personas probas y honestas al frente de la función pública, cuya directriz sea tanto en el ámbito privado como en el público: el respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas.
Nuestro país dará tres pasos adelante con estas reformas, ya que una vez más deja en claro la importancia de transformar el régimen político por la vía pacífica, colocando en el centro del interés a las mujeres.
