La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República como Cámara de Origen una iniciativa al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene como propósito central consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para el eficaz combate de la delincuencia y reducir sustancialmente los índices de criminalidad.
La iniciativa constitucional votada unánimemente ayer en la Cámara de Senadores, a mi juicio, contiene cinco aspectos fundamentales:
1) Establece que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la investigación de delitos, del mismo modo que al Ministerio Público, a la Guardia Nacional y a las policías, lo que sin lugar a duda la fortalece, dotándola de las herramientas necesarias para su desempeño.
2) Transparenta los recursos públicos y asegura que estos lleguen a su destino, previendo que el Sistema, a través de su Secretariado Ejecutivo, auditará y vigilará el debido ejercicio de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, evitando con ello la opacidad y corrupción de los gobiernos neoliberales que desviaban los recursos que la federación transfería.
3) Mandata que el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos; así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, y una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno, atendiendo a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual asegura una adecuada coordinación institucional.
4) Establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, las políticas y acciones respectivos, por lo que actualiza y moderniza la estructura institucional, de tal manera que auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; coordinará las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia, conforme a la ley; y podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
5) Incorpora la inteligencia policial, a través del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, para investigar y combatir eficazmente el delito.
Una reforma constitucional que confirma el compromiso de la presidenta de no militarizar al país y de no poner en marcha una “guerra contra el narco”, como la fallida estrategia de seguridad impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico con los cuerpos militares, la cual provocó un aumento de la violencia a lo largo y ancho de nuestra nación.
Una reforma que deriva en una estrategia nacional de largo alcance, viable, oportuna, eficaz y moderna que responde a la crisis de violencia e inseguridad y que más temprano que tarde logrará pacificar al país y sustituir el miedo de la ciudadanía por la tranquilidad que anhela y merece. Una estrategia bajo el mando de Omar García Harfuch, que estoy cierta dará los mejores resultados.
Activista social. @larapaola1