A las y los mexicanos: el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos , del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley…”. Esta disposición es de gran relevancia, toda vez que el fin de la pena de prisión no es solo el castigo, sino que da cuenta de los avances jurídicos que atienden a la dignidad humana, lo cual conlleva una serie de esfuerzos institucionales conjuntos que marcan la ruta para lograr que las personas que están fuera del sistema social puedan reingresar y reincorporarse a este.
La sociedad es entendida como un sistema que brinda contención a sus integrantes, de tal suerte que, de manera colectiva e individual, las y los ciudadanos están sujetos a una serie de obligaciones que deben cumplir para permanecer dentro de este, a la vez que gozan de una serie de derechos y libertades que el Estado debe garantizarles para su bienestar y una vida digna.
La reinserción social da cuenta de la fuerza y eficacia del Estado, ya que la persona que cometió una conducta ilícita fue juzgada conforme al mandato de ley, dejando manifiesta la eficiencia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, por lo que cuando la ley se aplica y la conducta se sanciona de manera proporcional al daño causado, el sistema penitenciario otorga las herramientas necesarias para prevenir la reincidencia delictiva, evitando que las cárceles sean las universidades del crimen, así una vez que la sanción penal se cumple, la persona se reincorpora a la sociedad.
Para lograr esta reincorporación se ha privilegiado como un medio idóneo el trabajo y la capacitación; por ello, en tiempos del covid es grato saber que a pesar de la crisis sanitaria y económica, la instrumentación de programas de reinserción social no ha pasado a segundo término, al contrario, son una pieza fundamental para alcanzar la justicia social y la paz en el marco de la gobernabilidad democrática, lo que demuestra la solidez del aparato gubernamental de la Ciudad de México lidereado por la Dra. Claudia Sheinbaum.
Ejemplo de lo anterior es que, la Secretaria de Gobierno de la CDMX en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), el Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Administración Penitenciaria de Italia (DAP) y con el patrocinio activo de Enel Green Power México (EGPMX), han activado un programa de colaboración que permite la producción de cubre bocas en los reclusorios de la CDMX, el cual forma parte de las actividades de utilidad pública, destinadas a impulsar habilidades y aprendizajes entre los reclusos.
Este programa, actualmente ya está operando en Italia donde ha tenido resultados exitosos, de ahí que se espera lo mismo del que ya está en marcha en el sistema penitenciario de la capital, cuyos objetivos principales son: reducir el número de reincidencias e incrementar las capacidades institucionales para lograr la reinserción social y laboral de las personas que compurgan una pena; coadyuvar en enfrentar la actual emergencia sanitaria; y fomentar el desarrollo de actividades productivas con un claro impacto de beneficio y utilidad pública.
El programa será operado por aproximadamente cien reclusos quienes recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, con una producción proyectada de quince mil cubre bocas semanales bajo los estándares de calidad de la Norma Técnica Número 67 que garantiza su identidad y especificidad de desechable para uso hospitalario, así como de la Norma 060 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una parte de la producción será comercializada y la otra servirá para que más de veinticinco mil personas privadas de su libertad y casi ocho mil trabajadores del sistema penitenciario de la CDMX cuenten con cubre bocas. Una actividad que les será remunerada y beneficiará también a otras personas al contar con un insumo esencial para enfrentar la pandemia y evitar una mayor propagación del virus; en otras palabras, al ser de utilidad pública, materializa el espíritu y mandato constitucional.
No queda duda de que el trabajo, fuera y dentro de los reclusorios, debe ser retribuido económicamente de manera justa, así como posibilitar el desarrollo de las potencialidades de quien lo realiza al formar parte de un proceso humanizador en donde la jornada laboral no se agota en el “hacer” sino en el “sentir”, porque contribuir al bienestar social ennoblece al ser humano.
El trabajo para las mujeres y para los hombres, como bien lo señaló Simone de Beauvoir, “es lo único que puede garantizarles una libertad completa”.
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
