A las mexicanas y mexicanos: En la agenda pública como un asunto prioritario se encuentran las reformas para integrar a la Suprema Corte de Justicia por medio de un proceso de elección popular, así como regular sus sueldos y demás prestaciones bajo el principio de austeridad republicana. Asuntos que no son menores, ya que implican transformar de fondo al Poder Judicial.
Las voces en contra, aunque minoritarias, no se han hecho esperar, a pesar de que la sociedad nacional demanda justicia. Basta con preguntarnos: ¿si nuestro sistema de justicia está funcionando bien?, ¿si los delincuentes están en las cárceles?, ¿si reciben el mismo trato en los tribunales las personas independientemente de su poder económico? y ¿si la justicia llega siempre y llega rápido? La respuesta unánime a las interrogantes anteriores es rotundamente NO.
Por eso es que debemos reformar al Poder Judicial; la Constitución ordena que la soberanía reside en el pueblo y es la voluntad de éste la que crea a la propia Constitución y que la soberanía se ejerce a través de los Poderes del Estado, lo que significa que solamente las y los mexicanos tenemos la facultad de autodeterminarnos y decidir cómo y por quién queremos ser gobernados.
En una república todo es reformable y en una democracia las reformas las ordena el pueblo y no queda duda de que mayoritariamente quiere un Poder Judicial moderno, eficiente, imparcial y sensible a la realidad que enfrentan todos los días millones de personas en nuestro país. Para garantizar lo anterior, las y los ciudadanos somos quienes debemos elegir a quienes imparten justicia, al menos a las ministras y ministros de la Corte, ya que deciden en última instancia sobre todos los asuntos judiciales.
El pueblo es quien debe elegir a esas once personas sobre las que recae un poder público inconmensurable y, por lo tanto, reformar la Constitución para acotarlo a fin de evitar abusos como los que se han cometido en contra de la ciudanía de a pie, de la Constitución y de los otros Poderes del Estado.
Las autoridades deben tener un origen democrático porque así lo establece la Constitución bajo el principio de soberanía popular. Es momento de dejar atrás esa idea falsa de que la justicia es cosa de una élite de especialistas, pues no es así; en una República la justicia es cosa de todas y todos, porque los derechos no le pertenecen a unas cuantas personas o grupos.
Debemos reconocer que actualmente existe un gran desequilibrio entre el poder que tiene la Corte frente al del pueblo y al de los otros dos Poderes, ya que revisa y anula las leyes que han sido votadas por el Poder Legislativo y sancionadas y publicadas por el Ejecutivo, dejándolas fuera del sistema jurídico.
¿Y quién vigila y anula las acciones y decisiones del Poder Judicial?, en realidad NADIE, porque el Consejo de la Judicatura, cuya función es garantizar la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, es un órgano del propio Poder Judicial que está presidido por quien preside a la Corte, es decir que es juez y parte, porque la autoridad se vigila a sí misma, lo que rompe el equilibrio entre los Poderes y da paso a la ingobernabilidad.
Razones jurídicas, democráticas, republicanas y económicas sobran para transformar al Poder Judicial; sin embargo, ninguna es tan importante como el derecho y el clamor del pueblo para acceder a la justicia.
Activista Social
@larapaola1
