El modelo de transporte ferroviario entre 1995 y 2018 privilegió el traslado de carga en las regiones de mayor crecimiento económico en detrimento de las de menor desarrollo. Lapso en el que la privatización y las concesiones fueron los ejes centrales.
En mayo de 1995 se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que permitió al Ejecutivo otorgar 84.5% de las vías principales a los particulares, las vías férreas prácticamente no aumentaron, el sector tuvo un gran rezago y se dejó de prestar el servicio de transporte de pasajeros.
La falta de trasporte ferroviario de pasajeros derivó en una crisis de conectividad, movilidad y congestionamiento de carreteras y vías internas, lo que afectó el desarrollo sustentable. Paradójicamente, a pesar de que México está entre las primeras quince economías del mundo, en el Índice de Competitividad de la Infraestructura del Foro Económico Mundial en 2018 ocupaba el lugar 50 en densidad ferroviaria de un total de 160 países. De ahí que en noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano”, a través del cual se establecen las primeras siete líneas a fin de aprovechar y desarrollar la infraestructura ferroviaria necesaria.
Hoy, el andamiaje jurídico en México para impulsar al sector ferroviario como motor de desarrollo regional y nacional está listo. La reforma constitucional de 2024 y las recientes reformas a las leyes reglamentarias y secundarias son una base sólida para fortalecer la política económica, social e industrial de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya mejor expresión es el Plan México.
El nuevo marco normativo e institucional fortalece la soberanía nacional y recupera la rectoría del Estado, al consolidar el control gubernamental sobre el sector como área estratégica, al tiempo que impulsa el desarrollo económico y la movilidad nacional a través de la expansión y modernización de la red ferroviaria para brindar un servicio de transporte de pasajeros más eficiente, seguro, accesible y sostenible, que le permitirá a nuestro país enfrentar los diferentes desafíos de movilidad y transporte, así como dar paso a nuevos modelos de negocio, fortalecer la geolocalización y fomentar las inversiones.
El objetivo es dar continuidad y acelerar la operatividad de los servicios públicos ferroviarios de transporte de pasajeros, triplicando la cantidad de kilómetros funcionales recuperados de 2018 a 2024, así como imprimir mayor impulso al transporte de carga.
Es un acierto la creación de la nueva Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) para coordinar, regular y fomentar el sector ferroviario y multimodal, como organismo público descentralizado y con autonomía técnica y de gestión, es un acierto, ya que permitirá la conectividad intermodal y el desarrollo de infraestructura multimodal para una logística nacional más eficiente y mejorar la seguridad operativa y la protección de los usuarios y de terceros.
Promover el transporte ferroviario e imprimirle un enfoque social para democratizarlo era necesario. El Gobierno de México asumió a cabalidad una obligación ética y un compromiso con la ciudadanía, lo que, sin duda alguna, reactivará la economía regional, la creación de nuevos y mejores empleos y el fortalecimiento del mercado interno, haciendo tangible el principio de prosperidad compartida que motiva el proyecto de transformación nacional.
Activista social
@larapaola1
