A partir de ahora la autoridad encargada de la competencia económica en México será la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, que sustituye al organismo autónomo denominado Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Y es que fortalecer la rectoría del Estado en materia de competencia económica, mejorar la eficiencia administrativa, evitar la duplicidad de funciones y asegurar una mayor rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, dotar a la autoridad investigadora de mayores capacidades para prevenir y sancionar prácticas monopólicas, facilitar la emisión de lineamientos sin obstáculos burocráticos, promover una coordinación más efectiva con autoridades internacionales, así como eliminar las estructuras que obstaculizan la aplicación de la política económica nacional, son prioridades para la administración actual. De ahí, las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Leyes Federales de Competencia Económica y Entidades Paraestatales.
Recuperará la rectoría del Estado sobre la política económica, al establecer una autoridad verdaderamente antimonopolio que actúe en favor de las familias mexicanas, de los sectores productivos nacionales y de las MIPYMES, al tiempo que cumpla con los compromisos internacionales asumidos por México, era impostergable.
Dichas modificaciones son congruentes con lo que establece el artículo 25 constitucional, al consignar que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, con el propósito de garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y el régimen democrático, y que promueva la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y una distribución más equitativa del ingreso y la riqueza.
De acuerdo con el Banco Mundial, una mayor competencia en los mercados asegura que los consumidores puedan acceder a bienes y servicios de mayor calidad y a precios más asequibles, lo que se traduce en una mejora concreta y tangible de su calidad de vida y bienestar. Además, la competencia creciente y constante contribuye a mejorar la calidad de los empleos y beneficia a la clase trabajadora.
La extinción efectiva de monopolios permite a las pequeñas y medianas empresas evolucionar y competir en condiciones de equidad al innovar e incorporar nuevas tecnologías para optimizar sus procesos y eficientar sus cadenas de valor.
Entre las críticas más severes a la extinta COFECE que tuvieron lugar en el debate legislativo, se encuentra el alto costo de sus operaciones, sobre todo en contraste con sus raquíticos resultados. Durante el periodo de 2019 a 2024 el presupuesto aprobado a la COFECE fue de 3 mil 723.1 millones de pesos, es decir, un monto que equivalente a 1 millón 163 mil 473 apoyos para personas con discapacidad. Lo cual es a todas luces inaceptable, si consideramos las condiciones económicas del país debido a las coyunturas internacionales, pero, sobre todo, si además consideramos que en el uso de dichos recursos públicos la Auditoría Superior de la Federación evidenció diversas irregularidades.
Existen señalamientos importantes sobre que la COFECE y el IFETEL fueron omisos en la regulación de los mercados eléctrico y de telecomunicaciones, ambos estratégicos para nuestra nación y fundamentales para el desarrollo de las diferentes regiones del país y el progreso de las mexicanas y mexicanos.
Empieza una nueva etapa para la economía nacional donde el bienestar del pueblo se coloca nuevamente en el centro y se fortalece a las empresas, comercios e industrias nacionales. Una nueva etapa libre de monopolios y sin dispendio de recursos.
Activista social
@larapaola1
