La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es un ordenamiento de vital importancia para combatir con eficiencia al crimen, ya que regula la obtención, análisis y uso de información para generar inteligencia en materia de seguridad pública, a la vez que posibilita la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública.
Este ordenamiento permite interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto, con excepción de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad nacional, así como integrar los medios, recursos de información y bases de datos que resulten pertinentes.
Es decir, ahora sí se aprovecharán las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del delito y para la investigación estratégica de los ilícitos que más dañan a la sociedad a fin de recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aporte pruebas en el desarrollo de las investigaciones y dé sustento al desarrollo de los procesos judiciales.
El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia del Estado mexicano, que dota de facultades de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito con eficiencia y eficacia.
Destaca que la nueva normatividad faculta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para coordinar y operar dicho sistema, así como la plataforma tecnológica que lo aloja y gestiona, la cual conectará con la Plataforma México y cualquier otra que contribuya con los fines de seguridad pública. Además, crea la figura de “Enlace” a efecto de legitimar a la persona servidora pública designada para llevar a cabo las labores de conectividad y transferencia de información de las diversas instituciones interconectadas dentro del Sistema. Es de precisar que restringe la interconexión de los entes privados a las bases de datos y registros públicos, toda vez que su participación se limita a permitir el acceso de la SSPC a sus datos o registros.
Este nuevo andamiaje jurídico permitirá que se integren carpetas de investigación con mayores y mejores elementos, evitando que la autoridad judicial las deseche debido a su deficiencia, insuficiencia o falta de valor probatorio, lo que invariablemente resulta en impunidad. No basta con fortalecer al Poder judicial y democratizarlo, también es necesario robustecer y otorgar certeza jurídica a las policías y ministerios públicos dotándoles de las herramientas legales y tecnológicas necesarias. De ahí que la reingeniería institucional es consistente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se está fortaleciendo la seguridad y la justicia, bajo el entendimiento de que guardan un vínculo indisoluble. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tiene más herramientas, mayores soportes jurídicos y la confianza del pueblo de México.
Activista social. @larapaola1