Unas juezas y jueces en San José, Costa Rica, y unas comisionadas y comisionados en Washington, D. C., pueden, aún, parar la demencial Reforma Judicial.
México forma parte de una comunidad internacional que tiene reglas, convenios o tratados, suscritos por el Presidente, ratificados por el Senado, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Son baratísimos y chafas los argumentos de que México no es soberano por acudir a esos organismos internacionales. No es traidor a la patria quien busca que el gobierno de México se sujete a sus deberes firmados con otros países, porque la convivencia con otros países debe ser ordenada, no puede guiarse por caprichos personales; por cierto, esos jueces internacionales no los eligió el mundo entero en urnas en la Patagonia, Amazonas o el desierto de Sonora, ni se hizo una tómbola o rifa en la Organización de Estados Americanos (OEA), para definirlos. Mexicanos destacados como Gabino Fraga o César Sepúlveda han integrado esos arbitrajes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde se pueden quejar los mexicanos o mexicanas por violaciones a los derechos humanos.
Quienes fueron a la CIDH, como solicitantes, a la audiencia del martes pasado, entre los que destaca la Jueza de Distrito en la Ciudad de México, Juana Fuentes, a quien le asiste la razón al quejarse de una falta de deliberación auténtica y democrática; llevaron argumentos sustantivos, de fondo, de protección y tutela del acceso efectivo a la justicia, y la respuesta del “Estado” fue absolutamente penosa y burocrática, donde destacaron que se celebró debate auténtico, con una amplia deliberación que incluyó un “parlamento abierto”. Burla pura y dura. Nada de lo dicho por los jueces o funcionarios judiciales fue incluido en la Reforma Judicial. Ni una sola coma. Mucho menos una palabra. Afirmar en sede internacional que se escuchó a los jueces y juezas mexicanos para construir la reforma, es tan ridículo como aceptar que Morena es un partido de izquierdistas verdaderos que conocen a Marx y Engels. Afirmar en Washington que la reforma se hizo con un diálogo amplio –como aseveraron los representantes del Estado mexicano– es llevar la mentira a los organismos internacionales. Que tomen nota los negociadores del tratado comercial de Estados Unidos y Canadá. El claudismo trató de defender con simulación cínica y maromas de circo, en la OEA, su Reforma Judicial, que cumple con el manual del abuso del constitucionalismo, según el Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido.
México y su nueva reforma judicial queda absolutamente mal parada en su primer paso en el extranjero. Mientras los burócratas de la cancillería alegaban que la soberanía reside en el pueblo, y que los mexicanos tenemos el derecho a estipular la organización de su Poder Judicial, no se morderían la lengua; ya que en Nueva York se juzgan a delincuentes mexicanos, o en Los Ángeles, California, encarcelan a un pederasta, amigo de los promotores de la reforma, o se investiga, precisamente en ese país a grandes empresarios mexicanos. La soberanía es la capacidad que tiene el pueblo para darse leyes “en beneficio del pueblo”. La Magistrada de Circuito de la Ciudad de México, María Emilia Molina, lo dijo con rotundidad: los derechos humanos no son asunto de mayorías, por el contrario, son defensa de las minorías.
El despotismo democrático quedó patente en Washington, en la CIDH, en donde fue testigo valiente y solidario el ministro Javier Laynez Potisek. Falta hacer pronunciamientos oficiales, cierto, dentro de los que quizá sea oportuno que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) diga si México cumple sus sentencias con ese desmonte del Poder Judicial y esa asunción militarista. ¿Estamos cumpliendo las sentencias de la CoIDH?, ¿o también desacatamos esos fallos internacionales?
México puede salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para zafarse de sus tareas internacionales, y levantar un muro a la vigencia plena de los Derechos Humanos, igualito que Trump en materia económica y comercial. El nacionalismo falso y vano, también tiene sus costos.
Diputado federal