La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presentó en un gran evento el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 el pasado día 3 buscando reactivar las expectativas para reimpulsar la inversión y por ende el crecimiento. Ya van varios intentos fallidos para mejorar el ánimo de los inversionistas y el problema de fondo es que los empresarios mexicanos han perdido la confianza en el gobierno, porque el Estado de derecho quedó severamente dañado por las reformas constitucionales, quedando la certeza jurídica severamente lesionada.
El 13 de enero de 2025, se anunció el Plan México en respuesta rápida a la amenaza del entrante presidente Donald Trump. Una bonita presentación en power point, terminó como un anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 el 28 de febrero. Para ganar tiempo se nos dijo que se irían dando una serie de anuncios posteriormente.
Más adelante, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos presentó el Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030, un documento bien armado, bajo una lógica de planeación, pero que no ofrece garantía de que el sector privado vaya a asumirlo como suyo. Si la Constitución mandata la rectoría económica del Estado, es obvio que así tiene que ser, ¿o no?
Pero como la inversión siguió cayendo, el gobierno anunció este nuevo Plan de Inversión en Infraestructura. De nueva cuenta, una breve presentación en PPT, donde quedan muchas interrogantes. Se señala que no se va a afectar el presupuesto y los privados van a poner su parte, con una inversión adicional de 1.9% del PIB que representa 722 mil mdp. A diferencia del programa sectorial, se consideran inversiones en Energía (54.15%), Salud (6.23%), Agua (2.83%), Educación (0.34%); mientras que a Trenes se asigna (15.63%), Carreteras (13.94%), Puertos (6.48%) y Aeropuertos (0.04%).
Se plantea un esquema de inversiones mixtas, que: “A diferencia de una concesión, el nuevo modelo garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos sin poner en riesgo al Estado Mexicano”. Para ello se propone armonizar el marco legal vigente. Se busca acelerar las inversiones del Plan México en un reconocimiento de que no ha entusiasmado al sector privado.
En la presentación, CSP enfatizó que la participación privada será en esquemas distintos de los gobiernos pasados a los que se calificó de contratos leoninos, destacando que quien controlaría los proyectos sería el Estado. Sin embargo, si los esquemas de negocios no quedan claros para los empresarios considerando la rentabilidad y reglas del juego, los montos realizados serán mucho menores de lo que espera el Gobierno y el plan quedará corto como sucedió en el sexenio pasado. El impacto fiscal será mucho mayor de lo que se dice y ese vuelve a ser el elefante en la sala con proyectos públicos que requieren montos crecientes de subsidios.
Los datos de la inversión enero-noviembre de 2025 son preocupantes. La formación bruta de capital fijo bajó en comparación con el mismo periodo de 2024 en 7.3%, cayendo la privada en 4.9% y la pública en 19.7%. Por componentes, construcción cayó 5.4% y maquinaria y equipo, 9.3%, incluso la importada se redujo 8.8% a pesar de la apreciación del tipo de cambio. El único subcomponente que creció fue la construcción residencial (7.7%).
El ánimo para invertir está muy apagado. El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) fue de 48.0 puntos en enero de 2026 y representó una caída de 0.2 puntos en relación con el mes anterior y de 3.4 puntos en variación anual, alargando la racha de 11 meses consecutivos por debajo de la marca de 50. Adicionalmente, en los cuatro sectores que considera la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) desde al menos hace 2 años se considera que no es un buen momento para invertir. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del mes pasado arroja una mirada similar.
El gobierno en un autoengaño cree que la incertidumbre sólo es provocada por factores externos, y no ha terminado por entender que los cambios legales realizados desde septiembre de 2024 han afectado la confianza y la certeza jurídica. Pero no solo es la captura del Poder Legislativo y Judicial, sino que la creciente inseguridad y el costo cada vez más elevado de las extorsiones, los secuestros, la persecución y el acoso fiscal, y los elevados niveles de corrupción afectan la oportunidad para emprender proyectos y hacer negocios, así como otros aspectos que restan competitividad y que este plan pretende enfrentar.
Seguramente, empresarios cercanos al régimen reciben un trato preferencial y no padecen retrasos en los pagos, otros son marginados en los concursos a pesar de tener una mejor propuesta porque estos ya estaban asignados a empresas sin experiencia en el ramo y con elevados sobreprecios; y ello sin considerar los proyectos que por corrupción el costo final se disparó o provocó accidentes. Sin embargo, aunque el gobierno actual está haciendo grandes esfuerzos por recuperar la confianza de los grupos empresariales, al imponer las condiciones y formas para invertir, no logra entusiasmarlos.
Adenda
1. El contagio del sarampión es la consecuencia de la reducción de la vacunación en el gobierno anterior y del movimiento antivacunas que curiosamente son muy cercanos a Trump y a YSQ.
2. Las medidas irresponsables de austeridad contra el combate al gusano barrenador, son otro reflejo de lo que pasó en el sector salud.
3. Nada bien cayó que el Banco de México volviera a posponer la meta de inflación de 3% hasta el segundo trimestre de 2027, cuando su credibilidad está lastimada.
*Analista económico, catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad
Email: pabloail@yahoo.com.mx