El resultado de que 12, 883,144 personas votaron con una participación de 12.9551% considerando 99.88% de las casillas computadas al 4 de junio (19:10 horas), es un fracaso para el oficialismo, porque derrumbó el mito de que el pueblo votó en 2024 por la reforma al poder judicial, máxime si se precisa que 77.04% de los votos fueron válidos, que 10.85% fueron nulos y 12.11% se clasificaron con el rubro de recuadros no utilizados, esto es, como sufragios incompletos.
Es decir, 1,398,053 personas que se presentaron en las casillas, anularon su voto como una forma activa de protesta, aunque la propaganda oficial las incluye como votantes, por lo que, en el mejor de los casos, sumando a quienes no llenaron todos los recuadros, el apoyo al oficialismo fue de 11,485,091 electores de un padrón de casi 100 millones. Sólo 1 de cada 10 personas respaldó el proceso electoral y en muchos casos ni siquiera de manera voluntaria, a pesar de todo el acarreo, propaganda, uso indebido de acordeones, pago para ir a sufragar, coerción y amenazas en caso de no hacerlo, o que se presentaron para cumplir con un deber cívico, pero sin la menor intención de participar. Fue una elección costosa e inútil que no ayudó mucho a legitimar una decisión previamente tomada en Palacio Nacional.
Las nueve personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1 de septiembre, son las mismas que aparecen en los acordeones distribuidos profusamente por toda la maquinaria gubernamental, por lo que no hubo sorpresa. Sólo lo fue el lugar en que quedaron, correspondiendo a Hugo Aguilar el primero por lo que le tocará presidirla de 2025 a 2027, luego a Lenia Batres, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) quería que fuera la primera apelando a un criterio de género que no aplica.
La nueva SCJN no será independiente, autónoma, plural ni imparcial. Las personas que llegaron a ser votadas fueron previamente filtradas por comités de selección del poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que quienes fuesen identificados como críticos al régimen, fueron eliminados de las listas y por ende, no tuvieron la posibilidad de ser electos. Estos comités dejaron pasar a algunas personas relacionadas con la delincuencia o con antecedentes reprobables, porque los filtros se enfocaron más en la orientación política o ideológica de quienes pretendían participar.
Puesto que quienes fueron electas/os le deben el cargo al apoyo recibido por el partido oficial, lo que les genera dependencia. Evidentemente, se quiso evitar el caso de ministras/os propuestos por el Presidente, que llegando al cargo actuaron con independencia y sin subordinarse, ajustándose a la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Y qué mejor forma de hacerlo que con un proceso de “democracia controlada”.
La autonomía se ha violentado desde varios frentes. Con la reforma denominada de la “Supremacía Constitucional” se le quitaron a la Corte los mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad, al punto que las controversias por incumplimiento de acuerdos internacionales también quedan bastante restringidas. La SCJN ya no podrá funcionar como un contrapeso a los otros dos poderes. Se cumplirá el deseo de López Obrador, cuando muy orondo nos presumía en las mañaneras que le daba instrucciones al ministro Arturo Záldivar y éste las cumplía.
La pluralidad quedó completamente sepultada. Las y los integrantes están claramente identificados con el partido oficial y no sólo me refiero a las tres ministras que forman actualmente parte de la SCJN, sino también a las otras seis vinculadas claramente a personas cercanas al régimen, ya sea al expresidente o al fiscal.
La imparcialidad será quebrantada, porque cualquier litigio que hagan los particulares contra el gobierno estará de antemano perdido. Financial Times lo advirtió en septiembre pasado y lo ratificó antes de las elecciones. Si los jueces tienen un sesgo declarado, resulta ingenuo pensar que no habrá parcialidad. Acatarán las indicaciones que se les den desde Palacio Nacional, en caso de no hacerlo el Tribunal Judicial las podría sancionar si su voto resulta determinante.
La nueva corte tendrá un trabajo más pavimentado, porque con la mayoría calificada lograda por el oficialismo de manera espuria, han modificado la Constitución sin complicaciones, lo que representa un cambio de régimen y una ruptura con el pacto constitucional acordado en 1917. Se ha impuesto el proyecto de país de una facción sin la necesidad de acuerdos y consensos políticos con diversas fuerzas políticas y sociales.
Concluyo citando a Pedro Salazar, quien ayer destacaba que más que un retroceso es el surgimiento de algo peor:
“En síntesis: el presidencialismo metaconstitucional era autoritario contra la constitución; el autoritarismo actual está constitucionalizado.
No regresamos al presidencialismo metaconstitucional del priismo del siglo XX. Esto es otra cosa, temo que sea más absolutista, más autocrática y potencialmente mucho más autoritaria.”
Por último, no quiero dejar de señalar que la eliminación de la carrera judicial que implicó este proceso electoral no sólo acentuará el rezago existente de trámites, sino que ahora tendremos a personas sin experiencia, incompetentes e incapaces para resolver sobre la materia. Lo que se viene es una crisis de la impartición de la justicia no sólo a nivel federal sino también localmente. Previéndolo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca presentó un proyecto alterno, proponiendo que sólo se votará a los ministros de la SCJN y al Tribunal de Justicia, pero la soberbia y prepotencia de la 4T rechazó ese salvavidas. Se les dijo que el proceso electoral estaba condenado a ser un completo desastre y ahora nos lo quieren presentar como todo un éxito.
El debilitamiento del Estado de Derecho y la falta de certeza jurídica plena se irá evidenciando con el tiempo puesto que los efectos de esta situación no son inmediatos, por lo que los partidarios de la 4T podrán presumir que el tipo de cambio se sitúa por debajo de 19.20 y que no pasó nada con la reforma al poder judicial.
Adenda
1. Molesto el presidente Donald Trump porque se habían burlado de él diciendo que era un “TACO” (Trump always chickens out), cumplió su amenaza del viernes pasado de ampliar los aranceles al acero y aluminio de 25% a 50% el día de ayer.
2. Funcionarios del gobierno de Trump nos recordaron que la guerra comercial se podría reanudar el 9 de julio y que la tregua concluirá pronto.
3. La OCDE corrigió su pronóstico de crecimiento del PIB de -1.3% a 0.4% para este año. Sospecho que las presiones oficiales surtieron efecto.
Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad
