Desde que comenzó la pandemia del SARS-CoV-2 ha habido un intenso debate dentro del gobierno, entre quienes consideran que el daño económico podría ser peor que el sanitario y han presionado fuertemente para el regreso a la “nueva normalidad”, y quienes opinan que ello no será posible hasta que no se haya logrado contener el número de personas contagiadas.
En el primer grupo se encuentran personas ligadas al sector privado y al exterior, que han recibido presiones de Estados Unidos (EU) y del empresariado para reactivar la actividad económica puesto que la cadena de suministro se vería afectada enormemente. Por este motivo, el gobierno mexicano decidió incorporar como actividades casi esenciales a la fabricación de equipo de transporte (donde cabe la industria automotriz y la espacial), la minería (petrolera y no petrolera) y construcción, por su alto efecto multiplicador en la economía. Cercano a esta postura también se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 22 de marzo alentaba a las personas a que siguieran “llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”.
En el segundo están los científicos, quienes han hecho hincapié en que este virus tiene una velocidad de contagio sin precedentes y que, si no se aplican medidas de confinamiento y de sana distancia más estrictas, la posibilidad de aplanar la curva va a ser muy costosa, por lo que relajar las medidas podría ser contraproducente y podría generar un nuevo rebrote, pero con los sistemas de salud completamente rebasados. La experiencia de EU, Italia y España, donde las medidas al principio fueron muy relajadas, les dio argumentos para reforzar su postura, mostrando lo que pasaba donde se había subestimado la emergencia sanitaria.
A pesar del consuelo presidencial de que lo material no importa, por lo que no hay que fijarse demasiado en el producto interno bruto (PIB) para medir el bienestar, —que, por cierto, Carlos Urzúa nos recordó que ya es una tarea resuelta con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se mide desde 1990, y a nivel nacional desde octubre de 2015 con el indicador de bienestar subjetivo de la población adulta en México, denominado como BIARE por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) — los primeros datos económicos de abril prendieron las alarmas de que el daño económico ya resultaba muy grave.
Cuando los medios divulgaron que en abril se habían perdido 555 mil 247 puestos registrados en el IMSS respecto al mes previo, cuando ya se habían perdido 130 mil 593 en marzo, el Presidente tuvo que modificar su anuncio de que se crearían 2 millones de empleos (Decreto de Austeridad del 23 de abril), para señalar que este año se perderían un millón de empleos, cifra que incluso era más alta que los 700 mil puestos que estimaban los especialistas del sector privado entonces.
La semana pasada el Banco de México (Banxico) dio a conocer el Informe Trimestral enero-marzo 2020, donde presentó tres escenarios: V, U profunda y V profunda. En el primero, el PIB caería 4.6% en 2020 y se recuperaría 4.0% en 2021; en el segundo, disminuiría 8.3% en 2020 y de nuevo 0.5% en 2021; en el último una caída de 8.8% este año y crecimiento de 4.1%.
En lo que respecta a los puestos de trabajo registrados en el IMSS, Banxico estimó con base en los anteriores escenarios que en 2020 se podrían perder entre 800 mil y un millón 400 mil, y para 2021 se podría presentar una variación de entre -200 mil y 400 mil puestos.
Los medios destacaron que este año el PIB caería 8.8% y que se perderían un millón 400 mil empleos, lo que entre otras cosas provocó la molestia del Presidente en la mañanera del 28 de mayo. Cabe destacar que los especialistas del sector privado en la encuesta de mayo, difundida el lunes pasado, se ajustaron a las cifras de Banxico, ya que para el PIB de 2020 pronostican una caída de 8.0% y un alza de 2.2% en 2021. En lo que respecta a los puestos del IMSS, prevén una pérdida de un millón 31 mil para este año y una recuperación de 350 mil para el próximo.
¿Por qué los analistas se contagiaron de pesimismo? En buena medida, porque observan que las condiciones para que se dé una recuperación expedita están muy lejos de ocurrir. México ha sido uno de los países en el mundo que menos apoyos fiscales ha dado; por ejemplo, las medidas fiscales ante el Covid-19 suman 242 mil millones de pesos, equivalentes a 1.0% del PIB (incluyendo aspectos que no debieran estar) y que, a contracorriente, ha aplicado un agresivo recorte del gasto, que incluye 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
La recesión amenaza con convertirse en una fuerte depresión en el país, no sólo por el agresivo recorte del gasto público bajo una premisa equivocada de austeridad que profundizará la contracción económica, sino porque muchas pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más fuentes de empleo, irán irremediablemente a la quiebra ante la falta de ventas y de apoyo suficiente y oportuno por parte del gobierno.
Tampoco se espera recuperación de la inversión ante la creciente pérdida de confianza de empresarios, quienes no perciben que haya “políticas que fortalezcan el estado de derecho, que combatan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que garanticen la certeza jurídica, el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de propiedad”, como pide Banxico.
Adenda
Respecto a las empresas que producen energías renovables, tampoco se quería hacer su apología. Hay muchas denuncias de abusos y engaños padecidos por comunidades indígenas que han sido despojadas de sus tierras, sin que se les compartan los beneficios. Pero, como me dijo una amiga, “tampoco se trata de acabar con las cucarachas quemando la casa”.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
