El presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo planteaba dos grandes temores: que los militares le dieran un golpe como a Salvador Allende en Chile en 1973 y que los cambios legales implementados en su gobierno fueran revertidos si otra fuerza ganaba el poder mediante elecciones en un futuro.
Para evitar lo primero, convirtió a las fuerzas armadas en un aliado y beneficiario de las acciones de su gobierno para lograr que el “pueblo uniformado” estuviera de su lado. Así, se crearon empresas paraestatales como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, la administración de aeropuertos internacionales, como el Felipe Ángeles, el de Tulum, el control de las aduanas, se les involucró en el reparto de medicinas, vacunación por Covid-19 y un largo etcétera, bajo la premisa de que eran eficientes, no corruptos y leales a las instrucciones.
De esta forma, se evitarán las privatizaciones, aunque ello generará un creciente déficit público puesto que las pérdidas acumuladas serán financiadas por el erario. En el caso del Tren Maya los sobrecostos han dejado jugosas ganancias y como ha sido declarado un proyecto de seguridad nacional, sólo nos enteramos de lo que se ha gastado en los informes de las finanzas trimestrales o en la cuenta pública, pero ni siquiera es auditable por estar reservada la información por una maniobra “legal”.
Todo esto se ha hecho violando flagrantemente la constitución, que en su artículo 129 establece: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
Era de los pocos textos originales que no se habían modificado. El presidente quiere cerrar con “broche de oro” su sexenio y seguramente la “reforma” será publicada en el Diario Oficial de la Federación el próximo lunes. Así, se autoriza a las fuerzas armadas a actuar en tiempos de paz en todas las actividades previstas en la constitución y en las leyes que de ella emanan, o sea legalizando su presencia en cualquier actividad que no tenga que ver con las funciones militares.
Cuando el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional promovía la Ley de Seguridad Interior en 2017, argumentaba que el ejército necesitaba garantías legales de que no sería acusado de violar derechos humanos en las tareas de combate a la delincuencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa ley por recursos interpuestos por legisladores entre ellos de Morena. Lo más incongruente es que, muchos de esos planteamientos están siendo elevados a nivel constitucional con la reforma a la Guardia Nacional que contempla modificaciones, que violan no solo los tratados internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos, sino que contradicen el espíritu original de la Carta Magna.
La peor mentira y traición de este gobierno nacional populista es decir que con la reforma se garantizan los derechos humanos porque da un marco jurídico para el funcionamiento del ejército, cuando el propósito de fondo es darles impunidad a las fuerzas armadas en su actuar al garantizarles fuero, legalizando lo que de facto ya sucede. Esto recuerda las discusiones añejas donde ciertos sectores de la izquierda condenaban la dictadura pinochetista, pero no a la castrista, que ahora se vuelven absurdas con el planteamiento de que no hay militarización porque el comandante de las Fuerzas Armadas es civil, luego entonces, si fuera Calderón o Peña Nieto si habría militarización. Un modelo de seguridad pública que en realidad es de seguridad nacional se ha impuesto, impulsado paradójicamente por un gobierno que se dice de izquierda.
Para evitar que los cambios se puedan revertir, primero se logró mayoría calificada en el Congreso con una interpretación tramposa del artículo 54 en el caso de la Cámara de Diputados por parte de autoridades electorales francamente a favor del oficialismo y de cooptaciones y amenazas en el caso de cuatro senadores, que permitió la reforma judicial cuya intención es evitar que el Poder Judicial vuelva a declarar inconstitucional las modificaciones aprobadas por el oficialismo.
Lo que sigue será la modificación de la constitución en los preceptos electorales para evitar que la oposición en un futuro pueda revertir los cambios implementados no sólo en el marco legal sino también en decretos y disposiciones administrativas. La desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de las de minoría permitirá contar con una cómoda mayoría absoluta.
Cuando era joven, lo que más les molestaba a los priistas era que se dijera que México no era un país democrático, te respondían que había libertad de expresión, elecciones y un congreso plural; negando que era limitada, no eran libres sino controladas por el gobierno y una oposición más bien testimonial con un legislativo dependiente del Ejecutivo. Regresamos a esos tiempos y se equivocaron quienes pensaban que los avances no se podrían revertir. Las cosas se pondrán peor si seguimos resignados y pasivos.
Adenda
1. Los resultados de la inflación de la primera quincena impulsarán a que Banco de México baje la tasa de referencia 50 puntos base, replicando el movimiento de la Fed.
2. Las amenazas proteccionistas de Trump contra México suben de intensidad.
Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
