La reforma eléctrica ha sido uno de esos aspectos trascendentales para el actual gobierno y sobre el que ha ido doblando la apuesta desde finales de 2019. Un breve recuento de los hechos es indispensable para entender el momento decisivo en el que nos encontramos. El 15 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante un decreto promovido por la Secretaría de Energía. Frente a éste y otras medidas administrativas previas, se promovieron amparos por empresas privadas, que por el momento las anularon.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que dicho acuerdo violaba el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias. La segunda Sala le dio la razón al organismo autónomo por cuatro votos a uno en un fallo que se conoció el 3 de febrero de 2021.
En previsión de ese rechazo, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica (LIE) al inicio del periodo ordinario del Congreso, donde ponía las disposiciones que ya habían sido rechazadas al nivel de una ley secundaria, que sólo requería mayoría simple para ser pasada. Como iniciativa preferente, fue discutida, aprobada y publicada en el 21 de marzo de 2021, tal como se envió a la Cámara de Diputados, esto es, sin moverle ni una coma.
Como ya lo comentamos antes, la iniciativa determinaba que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía, al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada, por lo que se planteaba la cancelación de contratos vigentes, lo que implicaba la aplicación retroactiva de la LIE.
Se prejuzga que los permisos de autoabastecimiento fueron obtenidos en fraude a la ley, por lo que se determina que deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Adicionalmente, el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución en términos no discriminatorios, se permitirá “sólo cuando sea técnicamente factible”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Como era previsible, la minoría en el Senado y la Cofece interpusieron una controversia constitucional, retomando los argumentos por los que la SCJN había declarado no válido el Acuerdo del 2020. Pasadas las elecciones de junio de 2021, el presidente López Obrador anunció que propondría tres reformas constitucionales y una de ellas sería la eléctrica, para evitar que, con amparos y controversias constitucionales, se frenaran sus propuestas de transformación. A su vez, anticipó que contaba con el respaldo de legisladores del PRI para lograr la mayoría calificada (dos terceras partes).
Efectivamente, el presidente envió la iniciativa el 30 de septiembre de 2021, la cual comentamos en estas páginas el 7 de octubre, con lo que se les daba rango constitucional a algunas disposiciones contempladas en la LIE, pero se iba más allá, y se rescataba el concepto de sectores estratégicos, que existían antes de la reforma energética de 2013, con lo que se justificaba el carácter monopólico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto es, sería el único vendedor autorizado de electricidad, pero también el único comprador (monopsonio) a los productores independientes persistentes. La exposición de motivos de la reforma constitucional era muy clara y elocuente, e incluso se señalaba que se revertirían las reformas al sector eléctrico de 1992. La dirección del PRI expresó que, si no se le hacían algunas modificaciones a la iniciativa, no la pasarían.
Loretta Ortiz fue de nuevo propuesta como magistrada a la SCJN y en esta ocasión el Senado sí aprobó su nombramiento en noviembre pasado. La nueva ministra se encargó de elaborar un proyecto donde se propone avalar la constitucionalidad de la LIE, pero la discusión no concluyó y se pospuso para este jueves. Para que las controversias constitucionales no prosperen, se requiere el voto en contra de cuatro de los 11 integrantes de la SCJN. Se da por descontado que Yasmín Esquivel se pronunciaría en el mismo sentido que Ortiz.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, luego de sostener audiencias con comisiones del Congreso, envió una carta a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, advirtiendo que, de llegar a aprobarse la LIE por la SCJN, su país buscaría el arbitraje internacional debido a un costo potencial por 10 mil millones de dólares para empresas americanas por daños y perjuicios en el marco del T-MEC. Algo similar ocurriría con países miembros de la Unión Europea, por lo que el escenario de complicados y elevados litigios, que ascenderían al menos a 44 mil millones, pasó a ser un riesgo real, como lo advirtieron expertos en derecho internacional.
Por su parte, el lunes pasado las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen donde se recoge prácticamente la iniciativa de reforma constitucional con cambios menores. Por su parte, el presidente volvió a declarar que los diputados que no voten a favor de su propuesta son traidores a la patria, al favorecer los intereses de las empresas extranjeras.
Algunos líderes del sector privado dejaron entrever que preferían que sí pasara la LIE, porque es menos radical que la reforma constitucional; sin embargo, generaría un costo elevado para la certeza jurídica, porque no se comprendería que, habiendo rechazado la SCJN el Acuerdo del 2020 por violar el marco constitucional, se apruebe la LIE, que recogía en esencia sus disposiciones. Sin embargo, luego de la visita de John Kerry la semana pasada, quedó claro que el presidente va por todo, sin importar las consecuencias, y convencido de que es lo mejor para el país.
Paradójicamente, ahora que México ha recuperado la primera posición como socio comercial de Estados Unidos, estamos en grave riesgo de entrar en un conflicto con el vecino al que le exportamos más de 80% de las mercancías, que podría escalar y dañar gravemente el desempeño del sector externo, que ha sido el principal motor de crecimiento en los últimos 35 años.
ADENDA
1.- Los PreCriterios 2023 fueron reveladores en muchos sentidos: a la guerra de Rusia contra Ucrania la definen como un conflicto entre estos países; se enfatiza la disciplina financiera como un factor fundamental de la estabilidad, pero se omite contabilizar a las empresas y empleos que desaparecieron por la pasada recesión económica, y toma como proyecciones del PIB no el punto medio, sino el máximo.
2.- A pesar de que integrantes de la Junta de Gobierno ya advirtieron que implementar controles de precios no funciona a la larga para disminuir la inflación, se ha seguido insistiendo en ello.
3.- Las declaraciones de miembros de la Fed, de que actuará de forma más agresiva para contener la inflación, volvieron a generar inquietud en los mercados financieros.
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