El martes pasado escribía con ironía Javier Tejado en estas páginas que en la 4T creen que Estados Unidos (EU) está distraído de lo que pasa en México, ocupado de otros problemas como la guerra en Ucrania, el desafío chino o las negociaciones con Irán. En realidad, es todo lo contrario; les irrita que tengan que ocuparse de los conflictos que les ha ocasionado el vecino del sur, no sólo por la afectación a sus empresas, sino por su postura neutral ante Rusia recientemente justificada con la abstención de excluirla de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como, su cercanía a Venezuela, Cuba y Nicaragua, en marcado contraste con Chile, por mencionar a un gobierno de izquierda.
Deben estar hartos de que se insulte la inteligencia del embajador Ken Salazar. En octubre pasado, el canciller Marcelo Ebrard declaró que no había entendido cuál era el sentido de la reforma eléctrica, por lo que iban a explicársela, como si la exposición de motivos de la iniciativa no fuera bastante clara al respecto, y más recientemente cuando descartó lo expresado por Salazar de que la aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) va a generar una ola de litigios y que se agravarán si se aprueban las reformas constitucionales en el marco del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).
Me recuerda un poco al micromachismo del hombre que quiere explicarle a la mujer, lo que no puede entender según él, con frases aparentemente amables, como “mira deja y te explico”; pero en este caso sería como un infantilismo, que resulta peligroso y contraproducente cuando estamos tratando con menosprecio al representante de nuestro principal socio comercial y de la potencia más importante del mundo.
También ha prevalecido el autoengaño en el debate público. Legisladores que están a favor de la reforma eléctrica han negado categóricamente que se le quiera otorgar el monopolio y el monopsonio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alegando que la misma iniciativa prevé que los particulares podrán proveer hasta 46% del fluido, cuando en la propia exposición de motivos se justifica que sea la única empresa autorizada para comprar y vender electricidad. Incluso, se señala que se regresará la redacción de la Constitución a como estaba en 2013 y se justifica la eliminación de las condiciones de negocios para que los privados puedan participar sin discriminación en el mercado eléctrico.
Tampoco deja de sorprendernos el argumento de quienes señalan que, al reformarse la Constitución, ello no implicaría incumplimiento del T-MEC, porque la Carta Magna está por encima de los tratados internacionales. Se les olvida que los acuerdos aprobados por el Senado son vinculantes y obligatorios para el Estado mexicano y las reformas no se pueden aplicar retroactivamente, porque ya se generaron derechos. Tal vez, ni siquiera están conscientes de las implicaciones de lo que aprobaron y que el T-MEC, a diferencia del TLCAN, no reservó el sector petrolero. Pero cuando la ley no importa, estas son nimiedades.
Está claro que al gobierno de EU ya se le acabó la paciencia. Cada vez están respondiendo no con declaraciones o amenazas al estilo de Trump, sino con medidas de respuesta más fuertes y con apoyo bipartidista, que van desde notas de protesta por los insultos hechos contra senadores que dirigieron una carta al presidente de México, como recordar que en el caso de las violaciones al T-MEC, las empresas afectadas recurrirían a los tribunales internacionales, sin tener que pasar primero por los nacionales.
Además, de los paneles de controversia por la interpretación de las reglas de operación de la industria de automotriz, existe una fuerte presión por aspectos ambientales y laborales, que pueden ocasionar sanciones; EU reiteró que no permitirá vuelos internacionales procedentes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y retrasar la autorización de la categoría 1 al Benito Juárez.
En contrapartida, pareciera que, dentro de la 4T, se replicaría la experiencia de la expropiación petrolera en 1938, cuando Reino Unido y EU estaban muy debilitados luego de la Gran Depresión de 1929-1933 y más preocupados por el ascenso del fascismo, ante la inminencia de la guerra. Sin embargo, antes del hundimiento del barco petrolero “Potrero del Llano” por un submarino alemán, México ya colaboraba con los Aliados y no con las potencias del Eje.
Pero mientras que la expropiación petrolera fue ocasionada por el desacato de las compañías extranjeras a una determinación de un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una decisión respaldada por todos los sectores del país, de izquierda y derecha; la resolución de rechazar la acción de inconstitucionalidad por cuatro a siete votos el jueves pasado, más por la forma como se llevó a cabo a votación, sólo fue apoyada por los partidos cercanos al gobierno y muy lejos del consenso nacional, y sigue dejando en la incertidumbre a los inversionistas por los amparos pendientes.
Adicionalmente, la priorización de la LIE por energías fósiles contra las energías limpias abre la puerta a nuevas demandas ambientales, como ya lo dejó entrever hace dos semanas John Kerry, enviado especial para el Cambio Climático de EU. Y aunque el presidente de México, amagó con llevar a los tribunales a las empresas de EU por prácticas de corrupción, ello no impedirá que se inicie un arbitraje de inversión por la reforma eléctrica, en el marco del T-MEC.
Tal vez, lo que tenga más desconcertadas a las autoridades de EU, es que lejos de buscar alguna salida negociada, el gobierno mexicano sigue endureciendo y radicalizando sus posturas, y que reitere que con la reforma eléctrica en el Congreso se busca recuperar la soberanía energética en el país emulando la nacionalización de la electricidad realizada por el presidente Adolfo López Mateos.
El problema es que la realidad actual es muy diferente: el país importa cerca de 70% de la gasolina, una cantidad considerable de gas, sin la que no podrían funcionar muchas termoeléctricas ni empresas manufactureras del norte del país que reciben el suministro. Toda la electricidad que se consume en Baja California se importa de EU. Llamar a la autarquía cuando nuestra economía está abierta al resto del mundo y es interdependiente de Norteamérica, resulta preocupante.
Reitero lo que señalé hace dos años. Los cambios en la política eléctrica serán muy desfavorables: 1) se incrementará la desconfianza para invertir en el país; 2) generarán litigios internacionales que provocarán indemnizaciones mayores a la negociación de los gasoductos de 2019; 3) provocarán pérdida de competitividad, porque se elevarán las tarifas industriales para las empresas instaladas en el país; 4) se incrementará el daño ambiental, lo que ocasionará sanciones comerciales en el marco de los acuerdos internacionales; 5) apagones por falta de suministro; 6) se afectarán las finanzas públicas, porque frente a la promesa de no subir el precio de la electricidad a los hogares, se elevarán los subsidios.
ADENDA
1.- La inflación al consumidor en EU fue en marzo de 8.5% respecto al mismo mes del año pasado, la más elevada desde diciembre de 1981; excluyendo los componentes volátiles de energéticos y alimentos, de 6.5%, la más alta desde agosto de 1982. Sin embargo, los mercados reaccionaron favorablemente, porque los inversionistas consideraron que ya está cerca de alcanzar su máximo.
2.- Se da por descontado que la Fed suba 50 puntos base la tasa de referencia el 3 de mayo.
3.- La industria de la construcción comenzó la tendencia descendente desde junio de 2021, en tasa anual, cayó 4.0% en febrero pasado con cifras desestacionalizadas.
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