El pasado 25 de enero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer el Panorama Social de América Latina 2021 , documento en el que se hace un recuento de las consecuencias de una crisis social y sanitaria prologada provocada por la pandemia de Covid-19 y se hacen algunas propuestas de política económica y social. Se destaca que “la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado de 13.1% de la población en 2020 a 13.8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, de 33.0% a 32.1% de la población”.
Así, el número de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, y el total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones. También se destacó que la región fue la más afectada por la pandemia en términos de contagios y de defunciones en términos absolutos y relativos del mundo.
Sin embargo, la Cepal considera que la crisis mundial y en particular en la región ha sido de tal magnitud que se presenta como una “coyuntura crítica” que podría generar “una oportunidad para nuevos pactos sociales y fiscales para la construcción progresiva del Estado de bienestar”, para lograr cambios estructurales de fondo, que permitan superar inercias y círculos viciosos de la pobreza y exclusión .
No se trata de regresar a los pactos económicos en los que, desde arriba, las cúpulas empresariales, sindicales y del gobierno le impongan al resto de la sociedad acuerdos en los que prevalecían los topes salariales, como ancla antinflacionaria y se decretaban recortes del gasto social afectando a las mayorías o aplicaban impuestos regresivos, mientras que el sector privado se comprometía a invertir porque las condiciones para hacer negocios le eran favorables.
Por el contrario, la Cepal propone que se recupere el respaldo social partiendo de que las “sociedades son muy desiguales y están marcadas por una enorme desconfianza hacia los gobiernos, las instituciones sociales, los partidos políticos y el sector privado, así como entre las personas”. Se requiere un esfuerzo de concertación política que atienda los altos niveles de malestar de los grupos excluidos, pero que también incorpore a amplios sectores medios vulnerables, y que -agrego- han sido como causantes cautivos, en quienes han recaído las cargas tributarias para financiar los gastos públicos sin ver beneficios.
Una reforma fiscal resulta indispensable, no solo porque los países de América Latina redujeron radicalmente las transferencias monetarias de emergencia, puesto que de acuerdo al organismo, en 10 meses de 2020 representaron un gasto de 89 mil 700 millones de dólares, mientras que en los primeros 10 meses de 2021 el gasto en estas medidas fue de 45 mil 300 millones de dólares; sino porque algunas propuestas de política social para cerrar las brechas de desigualdad y de género como un sistema de cuidados público, un sistema de protección social universal; cobertura universal, inclusiva y de calidad de salud y educación; la incorporación de un ingreso básico de emergencia, con miras a la introducción, en el mediano y largo plazo, de un ingreso básico universal, permanente, entre otras, serían imposibles de implementar.
Incluso, los gobiernos no podrían continuar con las medidas de protección social de emergencia hasta que se haya controlado la crisis sanitaria, que hace mucho dejó de ser transitoria por la forma como evolucionó la pandemia, si no cuentan con recursos.
Para contar con recursos indispensables para transitar hacia un estilo de desarrollo sostenible, menos desigual, centrado en las personas, Cepal considera que ello “exige labor de convencimiento de amplios sectores indecisos o adversos ante un nuevo pacto fiscal, así como de construcción de nuevas coaliciones políticas y sociales.” Por lo que llama a que los actores sociales y políticos lo acuerden.
Cepal reconoce que se vive una profunda crisis social en la región por las consecuencias profundas que dejó la pandemia y que se refleja marcadamente en la recuperación posterior de empleos de menor calidad, especialmente, para mujeres y jóvenes. No se considera que haya una crisis económica, luego de que estimó que la economía de la región creció 6.2% en 2021 y que los esfuerzos que implementaron los países contribuyeron a paliar la pobreza y desigualdad.
Sin embargo, mucho me temo que las recomendaciones que hizo el organismo desde que comenzó la emergencia sanitaria sean como “llamados a misa”, poco atendidos y aceptados por algunos países, donde se priorizó la austeridad y la disciplina presupuestal, y donde la reforma fiscal no está contemplada en el horizonte.
Los mensajes más bien van orientados a países que acaban de tener cambios de gobierno, o que este año van a tener procesos electorales, y que enfrentan el riesgo de la polarización social y de crisis políticas que imposibiliten los acuerdos políticos.
Cepal está apostando a Estados de bienestar modernos en los que se logren concertaciones y acuerdos que permitan construir pactos sociales y fiscales, que favorezcan la cohesión social y se mantenga la gobernabilidad democrática; en contraste con Estados de bienestar pasados basados en gobiernos fuertes y autoritarios, en los que un grupo hegemónico, no forzosamente mayoritario, imponía al resto de la sociedad su proyecto mediante el corporativismo, la coerción y con procesos electorales controlados por el gobierno, que terminaron llevándolos a crisis políticas y económicas difíciles de resolver.
El panorama presentado por la Cepal tiene un tono optimista, probablemente influido por el reciente proceso electoral en Chile, pero; también se hace un oportuno llamado a evitar la polarización política que impide la negociación y conciliación social.
ADENDA
1. La inflación al consumidor registró resultados mixtos: lo positivo es que la general sigue su tendencia descendente y que la cuesta de enero fue mucho menor a la del año pasado; lo negativo es que la subyacente sigue creciendo. Estimo que la Junta de Gobierno del Banco de México subirá la tasa de referencia en 25 puntos base.
2. La Secretaría de Economía revisó la proyección del PIB a 2.6% reconociendo el nuevo escenario.
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