A principios de año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió en el Panorama Social de América Latina 2021 sobre una posible crisis social y sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, por lo que hizo un llamado para implementar una política social para cerrar las brechas de desigualdad y de género, como un sistema de cuidados público, un sistema de protección social universal; cobertura universal, inclusiva y de calidad de salud y educación; la incorporación de un ingreso básico de emergencia, con miras a la introducción, en el mediano y largo plazo, de un ingreso básico universal, permanente, entre otras propuestas.
Sin embargo, el organismo advirtió que para que un modelo de desarrollo sostenible sea viable y no se convierta en un listado de buenas intenciones, se requería del convencimiento de amplios sectores indecisos o adversos ante un nuevo pacto fiscal, basadas en la construcción de nuevas coaliciones políticas y sociales. Esto es, se requieren recursos y no demagogia.
Como lo comentamos, se trataba de una propuesta política que apostaba por Estados de bienestar modernos en los que se logren concertaciones y acuerdos que permitan construir pactos sociales y fiscales, que favorezcan la cohesión social y se mantenga la gobernabilidad democrática; en contraste con Estados de bienestar pasados basados en gobiernos fuertes y autoritarios, donde un grupo hegemónico, no forzosamente mayoritario, impone al resto de la sociedad su proyecto mediante el corporativismo, la coerción y con procesos electorales controlados por el gobierno, que terminaron llevándolos a crisis políticas y económicas difíciles de resolver.
Si bien Cepal estaba pensando en los nuevos gobiernos (Chile y Perú) y en los procesos electorales de este año (Colombia y Brasil) profundamente divididos ante el arribo de la izquierda al poder, y donde sería necesaria una reforma fiscal para el diseño de una política social, que venga acompañada de un cambio en la política salarial y distributiva, esas preocupaciones resultan también pertinentes en nuestro país.
Sin embargo, estas propuestas están fuera de la agenda legislativa en México. En lugar de buscar una reforma tributaria que proporcione los recursos, la autoridad hacendaria apostará a endurecer la austeridad republicana con la pobreza franciscana, máxime que los proyectos prioritarios han resultado mucho más costosos de lo originalmente planeado, sin contar que su rentabilidad económica y social a largo plazo cada vez es más dudosa o incierta. Pero una reforma fiscal no se hace en la última etapa de gobierno, por el impacto electoral que podría tener y quedará como un tema pendiente para el próximo gobierno.
Pero tampoco hay voluntad política para concertar y dialogar con otras fuerzas políticas, el sector privado nacional y extranjero, la academia y la sociedad civil, a la que se ha estigmatizado como organismo que quiere vivir a costa del Estado. El Presidente sigue con la idea de continuar con dos de las tres reformas constitucionales que anunció luego de las elecciones intermedias de 2021, cuando no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
La energética fue rechazada en abril pasado, pero para efectos prácticos ganó al no ser declarada anticonstitucional la reforma a la Ley de Industria Eléctrica (LIE) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la votación de cuatro a siete. El resultado nos ha metido en litigios internacionales en el marco del T-MEC al agotarse las instancias nacionales, y en un proceso de indefinición jurídica con los amparos pendientes.
Sobre la intención de pasar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eliminando el carácter civil que señala la reforma constitucional aprobada a principios de 2019 por todas las fuerzas políticas y de manera unánime en el Senado, el secretario de Gobernación ya adelantó que se presentará como iniciativa preferente el 1 de septiembre. No sabemos si como ley secundaria, siguiendo el camino de la LIE o como reforma constitucional.
La reforma electoral diseñada para que el Instituto Nacional Electoral (INE) deje de ser un organismo autónomo y nos regrese a la época donde el gobierno controlaba el proceso electoral, resulta francamente preocupante. Ya José Woldenberg y otros expertos han advertido sobre la regresión autoritaria que la propuesta representa. El Presidente ha tenido varios arranques de sinceridad recientemente y ha declarado que no quisiera que los cambios iniciados por su gobierno se reviertan. Qué mejor manera que impidiendo que otra coalición política llegue al poder cambiando las reglas.
Sin embargo, lo que está en juego el próximo 5 de septiembre con relación al fallo que tendrá la SCJN, sobre no avalar la prisión preventiva oficiosa, que es la continuación de la discusión de acumular la lista de delitos graves aprobada en 2019, es poner límites al abuso del poder, y no abrir la puerta para que el gobierno mexicano siga los pasos de Daniel Ortega y encarcele a sus enemigos políticos, acusándolos de alterar el orden público, por ejemplo.
La gobernabilidad democrática está en juego, si la apuesta que avanza es la militarización apoyada en la GN, justificada con el planteamiento de que solo el ejército está preparado para combatir al narcotráfico. Cruel paradoja, la izquierda está usando los mismos argumentos del expresidente Felipe Calderón, sólo porque ahora el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es diferente.
Cuando Cepal llamaba a la construcción de nuevas coaliciones políticas y sociales, estaba considerando que los ganadores y perdedores de procesos electorales negociaban. En México no se está pensando en ello, sino más bien en regresar al modelo de democracia simulada de un partido hegemónico y donde la oposición sirva nada más para mostrar la pluralidad. Pero este modelo, nos llevó a crisis sexenales recurrentes entre 1976 y 1994. El riesgo de que regresemos a esos ciclos es elevado, sobre todo considerando que los partidos de oposición están muy debilitados, así como a la alta probabilidad de una recesión económica en Estados Unidos en 2023, que tendría un fuerte impacto en nuestro país.
ADENDA
1.- Más que las proyecciones de las variables económicas de las encuestas de especialistas del sector privado que levanta Banxico y que se difunde hoy, habría que echarle un vistazo a los factores que consideran que podrían frenar el crecimiento económico.
2.- La prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida subió de 66.1% en 2016 a 70.1% a nivel nacional. Por entidades federativas fluctuó entre 48.7% en Chiapas y 78.7% en el Estado de México. La Ciudad de México en segundo lugar con 76.2%. Es claro que los contextos culturales y sociales cuentan, las mujeres de la zona metropolitana del Valle de México sí la reportaron a la entrevistadora; mientras que en zonas rurales pudieron no hacerlo porque está más normalizada o por temor a reconocerla.
3.- La actividad económica del sector primario fue fuertemente afectada por la sequía, pero ahora las inundaciones podrían también dañarla. Los efectos inflacionarios en los productos agropecuarios tienen preocupada a la Junta de Gobierno de Banxico.
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