La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha trastocado las elecciones en varios países del mundo, desde cambios en sus fechas de celebración hasta la incorporación de nuevos protocolos para conducir estos ejercicios, y México no es la excepción. En abril pasado, el INE decidió suspender los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo los cuales hubieran celebrado sus jornadas comiciales este domingo. Aunque todavía no se sabe cuándo se reanudarán, las autoridades electorales de ambas entidades siguen trabajando en el desarrollo de mecanismos que permitan al mismo tiempo garantizar el ejercicio del derecho al voto y cuidar la salud de todas las partes que intervienen en una elección, con el objeto de tener todo listo para reanudar en cuanto sea indicado.
Además de las elecciones previstas para celebrarse en este año, también se trabaja en los preparativos de las elecciones de 2021, que serán las más grandes de la historia en virtud de la concurencia de procesos electorales locales en todas las entidades federativas con las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Hasta ahora, no se ha planteado el aplazamiento de estos comicios, aunque sí han surgido múltiples reformas a nivel estatal para aplazar el inicio de los procesos electorales locales hasta el próximo año, bajo el argumento cotidiano de ahorrar recursos económicos de cara a la emergencia sanitaria. Por lo pronto, en Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México y Quintana Roo se ha aprobado el aplazamiento de la fecha del inicio del proceso electoral local para el mes de enero del próximo año, en Yucatán para noviembre de este año, mientras que en Oaxaca y Sinaloa para diciembre de este año. En Querétaro se aplazó para la segunda quincena de octubre de este año, pero por argumentos distintos a la pandemia. Y al menos en Guerrero, San Luis Potosí y Tabasco también trabajan reformas para aplazar el inicio de sus procesos electorales.
Esta ola de reformas se está presentando en entidades gobernadas por distintos partidos políticos, y se han precipitado en la medida en que las modificaciones electorales pueden aprobarse hasta noventa dias antes del inicio de un proceso electoral. El argumento bajo el que se han promovido es el ahorro de recursos para destinarlos a atender los estragos de la pandemia que se vive, pero el efecto en la organización de las elecciones es que, aunque no se modifican las fechas de las actividades relevantes del calendario electoral, sí deja de haber coincidencia en las fechas de inicio de los procesos electorales federales y locales, pues el INE mantiene la previsión de iniciar el proceso electoral federal a principios de septiembre de este año.
Algunas de las medidas adoptadas –si bien están dentro de las facultades de los congresos locales–, pueden terminar por comprometer la calidad de la organización de dichas elecciones. Por ejemplo, el aplazamiento de la instalación de los consejos distritales y municipales, que en casos como Baja California y Chiapas se previó hasta marzo del año de la elección, –apenas tres meses antes de la jornada electoral– impactará en múltiples etapas del desarrollo del proceso electoral en cuestión. Esta misma medida (y sus posibles consecuencias) se adoptó en Sinaloa y el Estado de México, llevando la instalación de estos órganos a diciembre y enero respectivamente. En otras entidades, la instalación de estos consejos se supeditó a la disponibilidad presupuestal y el caso extremo es Veracruz, que suprimió 208 de sus 212 consejos municipales.
Posponer la instalación de los consejos distritales y municipales dificulta y compromete la capacitación de la ciudadanía que integra éstas figuras que realizan tareas necesarias y esenciales para la realización de elecciones de calidad en municipios y distritos, pues son estas instancias las encargadas de actividades sustanciales como la recepción de intención de candidaturas independientes, la verificación de cumplimiento de reglas para la colocación de propaganda electoral, recepción y sustanciación de procedimientos sancionadores, armado de paquetes electorales a entregarse a las presidencias de las mesas directivas de casilla y, el conteo de votos en los cómputos correspondientes.
Otros temas que también han sido objeto de reformas en las últimas semanas son medidas controversiales como la desaparición de diputaciones de representación proporcional en Baja California, que si bien aún no ha sido aprobada por el Congreso Local, ya lo fue en comisiones; el incremento en el número de legisladoras y legisladores en Morelos, el cual pasó de 20 a 24; el establecimiento de nuevas restricciones para los mecanismos de participación ciudadana, asi como la reducción del financiamiento a partidos en Veracruz, por mencionar algunas. Pero también son varias las entidades en las que se están discutiendo inciativas de avanzada para adecuar las legislaciones a las reformas en materia de paridad en todo y violencia política de género, otras que buscan garantizar una mayor representación política indígena, y también casos como el de Chihuahua en donde se empiezan a discutir temas novedosos en nuestro sistema electoral como la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias.
No podemos medir con el mismo rasero todas las reformas o iniciativas, pero sí es importante darles seguimiento y analizar cada una de ellas. Es innegable que nos encontramos en medio de situaciones extraordinarias, por lo que la posibilidad de ajustar plazos y actividades electorales para coadyuvar al objetivo primario de salvar vidas, proteger la salud de las personas y apoyar a la población necesitada por los efectos económicos de la pandemia es ineludible. Pero ello debe darse en un contexto que favorezca la democracia y los avances que hemos alcanzado en términos de confianza y calidad de nuestras elecciones. La crisis sanitaria y económica no justifica que las legislaturas locales aprovechen el momento para aprobar modificaciones legales que terminen por no garantizar que las elecciones sean auténticas, libres y certeras; y que no se salvaguarde el ejercicio de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. Las medidas de austeridad no pueden ir en detrimento de la calidad de las elecciones y de la confianza ciudadana en la organización electoral. El coronavirus no puede contagiar al sistema electoral.
Las reformas válidas durante la emergencia serán aquellas que se correspondan con los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de los derechos, que no vulneren la autonomía alcanzada de las autoridades electorales, y que sobre todo, contribuyan a hacer posible las elecciones a pesar de los escenarios de riesgo. La experiencia internacional en países que han realizado elecciones a pesar del COVID-19, ha mostrado que con los marcos legales vigentes es posible hacer ajustes que garanticen las condiciones de salud necesarias para llevarlas a cabo sin sacrificar su calidad, como en Corea del Sur, pero dependiendo de los contextos podrían requerirse adecuaciones a la normatividad que hagan viable los comicios en estas circunstancias. En caso de requerirse, la reformas locales no solo deberían ser pertinentes sino legítimas, por lo que los Congresos locales deberían respetar las reglas del Parlamiento Abierto para conocer la opinión técnica de las autoridades electorales y especialistas, y debatir públicamente el ajuste de un andamiaje normativo que impacta la vida de todas y de todos.
El momento que vivimos exige mucha responsabilidad y madurez de nuestros actores políticos. La democracia no puede ser víctima de la pandemia, y ésta no puede ser usada de pretexto para retroceder en la calidad y confiabilidad alcanzada en nuestras elecciones. De llegar a requerirse reformas previo al inicio de los procesos electorales locales, lo ideal es que éstas tengan como propósito ampliar los mecanismos de votación y con ello garantizar de mejor forma el ejercicio de derechos políticos y electorales frente a la pandemia. La democracia electoral es un principio reconocido en la Constitución, por lo que el compromiso de todas y todos quienes hemos tomado protesta de lealtad constitucional, es garantizarla con tus sus elementos de confianza e integridad a pesar de la emergencia.
