Si la estabilidad política y social de nuestros pueblos depende, en buena medida, de la organización de elecciones confiables que propicien la aceptabilidad de los resultados, ni duda cabe que los organismos electorales rindieron buenas cuentas a la sociedad en los pasados comicios. Tras las recientes elecciones, reconocidas como las más grandes y desafiantes de nuestra historia, ha habido paz y estabilidad social en la mayor parte de las regiones del país, y en ello ha contribuido el trabajo realizado por las instituciones electorales, que con su profesionalismo y transparencia han propiciado confianza en los resultados y han dejado poco margen a conflictos poselectorales. Gran trabajo de la institución nacional, pero también de las instituciones estatales, lo cual es importante visibilizar, al haberse tratado de elecciones esencialmente locales, por el número de cargos en disputa en ese ámbito. Recordemos que, bajo nuestro sistema nacional electoral, con elecciones concurrentes y casilla única, el Instituto Nacional Electoral (INE) juega un rol de liderazgo fundamental en las tareas de capacitación y organización electoral, pero esta se complementa con las responsabilidades que los ahora llamados OPLE tienen encomendadas desde la Constitución para hacer posible las elecciones locales, y que en esta ocasión llevaron a cabo de manera ejemplar.
Consideremos que organizar elecciones confiables no es algo que resulte sencillo en un contexto como el mexicano, pero en el ámbito local, lograr esto es aún más desafiante. Ahí la organización comicial se enfrenta a contextos con problemáticas sociales, económicas y culturales pendientes, a algunas regiones en las que el Estado se encuentra seriamente desafiado por poderes fácticos, donde los espacios de poder municipales son objeto de mayor interés y apasionamiento por los grupos políticos y sociales, donde existen antecedentes de malas prácticas, y donde permea una coyuntura asociada a la corrupción. Por lo tanto, no es sencillo hacer elecciones en regiones caracterizadas por ese tipo de complejidades, aunado a tener que hacerlo en medio de la mayor amenaza y tragedia sanitaria que hayamos vivido y, sin embargo, a juzgar por los resultados y las consecuencias sociales, las recientes del 6 de junio se han organizado impecablemente, lo cual no hay que demeritar.
Por supuesto que el principal eslabón de la confianza en los resultados electorales, es la ciudadanización de su organización. El mérito total de contar bien los votos, de llenar correctamente las actas y de resguardar la voluntad popular es del ejército de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que con su participación blindaron esta elección de cualquier sospecha de fraude. Sin embargo, no debe escatimarse la responsabilidad de las autoridades electorales. Su desempeño resulta fundamental para la confiabilidad de los comicios, pues son ellas quienes deben normar, coordinar y supervisar las distintas tareas de capacitación y organización de la estructura ciudadana que opera la elección.
De tal manera, que el éxito organizativo no es un asunto de suerte, sino de planeación, previsión, coordinación y de un gran sentido republicano de las y los tomadores de decisiones, pues ello permite que la ciudadanía pueda llevar a cabo tareas como funcionarias y funcionarios electorales. Y, en esta faceta, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) cumplieron a cabalidad con su responsabilidad. Basta hacer un repaso de algunas de sus múltiples tareas y responsabilidades para reconocer su trascendental actuación en las elecciones de 2021.
De entrada, los OPLE fueron responsables de la titánica tarea de supervisar el cumplimiento de requisitos de ley de más de doscientas mil candidaturas, para elegir 15 gubernaturas, mil 923 presidencias municipales, 14 mil 222 regidurías, 2 mil 057 sindicaturas, 204 concejalías, 431 cargos auxiliares en juntas municipales y presidencias de comunidad, 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 de representación proporcional. Pero no sólo verificaron los requisitos de procedencia de esas candidaturas, también realizaron el registro de coaliciones y candidaturas comunes de partidos políticos, comprobaron la observancia del principio de paridad horizontal, vertical y transversal en la postulación de candidaturas de las 32 entidades del país y verificaron el cumplimiento de distintas acciones afirmativas a favor de diversos grupos en situación de vulnerabilidad.
En 28 entidades se implementaron acciones afirmativas a favor de la representación política de personas indígenas, en muchos casos se realizaron verificaciones en campo para comprobar la veracidad de la documentación que soportaba la existencia del vínculo comunitario. También, se aplicaron cuotas a favor de la representación de las juventudes y de personas de la diversidad sexual en 21 estados; de personas con discapacidad en 16, de personas afroamericanas en siete, de personas migrantes y de residentes en el extranjero en cinco, y de personas adultas mayores en cuatro estados de la República. Con este trabajo, los OPLE contribuyeron a hacer de esta elección la más incluyente y progresista de nuestra historia.
Los OPLE proveyeron en tiempo y forma más de un millón y medio de materiales para la capacitación a los funcionarios y funcionarias de casilla, para que éstos estuvieran en condiciones de recibir y contar los votos de las elecciones locales y no sólo de la federal. También se hicieron cargo de proveer los materiales y la documentación electoral.
En este proceso se imprimieron, entregaron, contaron, sellaron y enfajillaron casi 230 millones de boletas electorales. Ello implicó verificar que estuvieran en tiempo a pesar de eventualidades relativas a sustituciones de candidaturas, a resoluciones judiciales y a la capacidad de las empresas que pueden garantizar las medidas de seguridad adecuadas. Además, implicó verificar en planta y en los consejos que no hubieran errores de impresión, el traslado bajo la custodia de las fuerzas de seguridad y el acompañamiento de representaciones partidistas a las sedes de los consejos distritales y municipales, el conteo, sellado y enfajillado en horarios corridos y bajo los protocolos de seguridad establecidos y, finalmente, la entrega de los paquetes electorales a las y los funcionarios de casilla con la debida anticipación a la Jornada Electoral.
Los OPLE fueron responsables de reclutar, capacitar y supervisar el trabajo de más de 40 mil Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), con los cuales se operó la logística de entrega de los paquetes electores a las y los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla en coordinación con los CAES del INE. Fue una tarea heroica y ejemplar, con gran compromiso democrático llegaron a prácticamente a cada rincón del país. Aun más desafiante fue la tarea de lograr con el mismo ejército ciudadano, que la voluntad popular manifestada en las urnas no fuera violentada ni alterada, que el procedimiento de recolección de 250 mil paquetes que contenían la decisión del electorado plasmada en las urnas fuese trasladado hacia las sedes de los consejos electorales municipales y distritales sin que se perdiera la cadena de custodia, lo que se logró pues la información variable de lo que estaba contenido en actas respecto a los recuentos realizados en los cómputos fue de apenas 0.5%. Esta valiente tarea fue llevada a cabo a pesar de los riesgos y peligros de esa actividad. Solo en el estado de Chiapas, 33 CAEL estuvieron retenidos la noche de la Jornada Electoral.
Mediante sendos Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los OPLE tuvieron la responsabilidad de garantizar que hubiera resultados oportunos la noche de la jornada electoral; aunque no fuesen definitivos, eso permitió que hubiera certidumbre y tranquilidad, tanto entre el electorado como entre las y los contendientes. En este proceso, los 32 OPLE implementaron programas de resultados preliminares de manera eficaz, pues el promedio de actas capturadas fue de casi 92% y todos los PREP fueron debidamente probados en tres simulacros previos y supervisados por comités técnicos asesores y entes auditores. La casi nula diferencia entre los datos del PREP y los que emanaron tras los cómputos locales, confirma la eficacia con que los OPLE procesaron este sistema.
Además de lo anterior, no hay que demeritar que los OPLE lograron celebrar con éxito casi 2 mil 500 sesiones de cómputos municipales y distritales, porque esta actividad suele desarrollarse en medio de contextos hostiles y desafiantes que no están presentes en los cómputos de elecciones federales. En estados como Chiapas y Veracruz, incluso fue necesario trasladar esas sesiones a oficinas centrales para garantizar su desarrollo. Para esta actividad, los OPLE supervisaron el trabajo de más de 200 mil personas entre funcionarios y trabajadores dentro de los consejos electorales municipales y distritales.
Por si no fuera suficiente, los OPLE también resultaron fundamentales para garantizar que prevaleciera la equidad en las contiendas y que no hubiera ventajas indebidas de nadie, con la aprobación de lineamientos y el desahogo de más de 6 mil procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de casi 500 sanciones.
Queda claro que los OPLE, integrados por mujeres y hombres que han confirmado su compromiso republicano en esta elección, han entregado buenas cuentas a la sociedad. El modelo vigente -que obliga a mantener una estrecha coordinación entre la instancia nacional y las locales- funciona, el camino es fortalecerlo y no debilitarlo. Los institutos electorales de los estados han demostrado que son fundamentales para seguir dotando de paz y estabilidad política al país, a través de elecciones confiables, libres y auténticas.
A la luz de estos resultados, es claro que los retos de nuestra democracia electoral no están en su modelo organizativo, sino en acciones para atajar las prácticas clientelares, la presencia del dinero ilícito en las campañas y en el fortalecimiento de nuestra cultura cívica. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, como la necesidad de encontrar mecanismos que permitan abaratar el costo de nuestros procedimientos y de garantizar que la falta de entrega de ministraciones presupuestales en varios estados no siga poniendo en riesgo la eficacia del modelo, pero por lo pronto, las instituciones electorales demostraron que están en condiciones de seguir siendo ancla para la estabilidad política y la paz social en los distintos estados de la República y para apuntalar la institucionalidad y el régimen democrático de gobierno, a partir de la organización de elecciones confiables.
