Ni duda cabe que los reportajes publicados en dias pasados sobre la supuesta entrega de recursos provenientes de la delincuencia organizada a la campaña presidencial de 2006 generaron polémica y preocupación. La polémica, fue zanjada cuando los propios periodistas responsables de la publicación, reconocieron la inexistencia de elementos de prueba suficientes para sostener las aseveraciones contenidas en sus reportajes. Sin embargo, la preocupación despertada se mantiene, porque los tres elementos que configuran el mercado de la financiación ilegal electoral están presentes en nuestro país, por lo que existe el riesgo de que los grupos criminales pudieran entregar dinero a las campañas de este año: hay oferta de dinero de los grupos criminales, demanda de recursos por parte de los equipos de campaña y un contexto de garantías de cumplimiento de acuerdos informales e ilegales. Lo anterior hace suponer que la oferta de inyección de fondos del crimen organizado a las campañas estará presente, que las fuentes de financiación de las campañas electorales de este año estarán bajo ese riesgo permanente, y que las candidaturas deberán establecer estrategias de blindaje y protección.
La existencia de un mercado de financiamiento ilegal en las campañas, donde los actores políticos acceden a cierto financiamiento informal que, generalmente, no es transparente ni está regulado y, a menudo, es ilícito, vuelve inevitable el riesgo de que las campañas electorales se conteminen con el dinero de la delincuencia organizada. La emergencia de este mercado obedece a tres aspectos fundamentales: la presencia de la oferta, de la demanda y la credibilidad de los compromisos que soportan el intercambio mercantil (garantías de cumplimiento). Sin la presencia de estos tres elementos, podemos estar seguros de que no surgiría el mercado. Pero en México, con elecciones libres y competitivas demandantes de fondos, y desarrolladas en el marco de un sistema donde prevalece la corrupción, lo cual genera condiciones para el cumplimiento de arreglos informales, resulta un escenario ideal para que grupos que realizan negocios millonarios al margen de la ley y requieren la complicidad de las agencias del Estado, tengan incentivos para invertir en dicho mercado. De tal suerte que, aun y cuando el intercambio de fondos por influencia política entre el crimen organizado y los candidatos es ilegal, existen en nuestro contexto instituciones informales que lo hacen inevitable, y ningun partido político está exento de la posibilidad de verse inmescuido en dicho mercado en estas elecciones.
Respecto a la demanda de fondos, hay que señalar que las actividades realizadas en las pre-precampañas, precampañas, campañas y la jornada electoral con el objetivo de ganar comicios, demandan importantes y crecientes cantidades de recursos financieros. Los gastos de campañas se han incrementado considerablemente en todas las democracias del mundo, tanto en democracias con mínimas regulaciones y restricciones al financiamiento electoral como Estados Unidos (donde en cada elección se rompe el record de recaudación y gasto), como en las sobrereguladas como la mexicana. Se necesita mucho dinero para realizar una campaña política en un sistema competitivo y esto les ha dado a los narcos una posibilidad real de entrar a la política financiando candidatos. A pesar de que en las últimas reformas se ha intentado atajar los disparadores de gasto (como la prohibición de contratación de espacios en radio y televisión, la reducción de la duración de las campañas, y la regulación de las pre-campañas), las experiencias subsecuentes han demostrado que el mercado de financiación ilegal de las campañas es ineludible, que la actividad político electoral sigue demandando cuantiosos recursos, porque se mantienen los incentivos de gasto en estrategias publicitarias al margen de los registros contables formales, así como la necesidad de invertir cuantiosos recursos en estrategias clientelares y de movilización de votantes durante las jornadas comiciales. Además, la demanda de fondos se ha incrementado en la medida en que los partidos han promovido una altisima competencia intrapartidista con mucha anticipación a los plazos de precampaña. Por ello, es natural que la necesidad de fondos persista, a pesar de que el financiamiento público que reciben los partidos en nuestro país es de los más altos en el mundo.
En cuanto a la oferta, ni duda cabe que el narcotráfico constituye una realidad con la que millones de mexicanos debemos lidiar cotidianamente. Lamentablemente, su existencia no puede ponerse en tela de duda, pues los constantes homicidios, enfrentamientos y actos delincuenciales así lo demuestran. El crimen organizado tiene muchas razones para ofertar fondos de campaña invirtiendo en candidatos o partidos. Esto es importante, a pesar de la demanda, si no hay oferta de dinero, entonces no se conformaría esta red mercantil. Pero el crimen organizado vaya que tiene dinero para repartir. La producción, distribución y consumo de drogas a nivel mundial representa, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo menos un movimiento anual de quinientos mil millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante corresponden a las organizaciones criminales mexicanas. Su interés en apoyar alguna candidatura se determina por el uso o servicio que le brinde, es decir, por la capacidad para que sea un enlace en el tráfico de influencias, de provisión de protecciones, de alianzas y de impunidad (y a nivel municipal también el interés por acceder al presupuesto público). Por eso, el apoyo que brindan no tiene preferencias partidistas ni identificación ideológica.
Finalmente, hay que decir que no habría inversión si no hubiera garantías de cumplimiento a los acuerdos informales. Al no estar garantizados legalmente, los delincuentes no pueden llevar su caso a alguna autoridad superior si un político “incumple el trato”, y tampoco un político puede demandar a los delincuentes por no cumplir con los recursos para fondos de campaña “prometidos”. Sin embargo, en el mercado del financiamiento del narcotráfico a las campañas parece haber garantías de cumplimiento de lo pactado en el trato. El crimen organizado ofrece dinero porque sabe que los políticos les van a cumplir, aun y cuando esos contratos son ilegales. Primeramente, porque los políticos tienen interés en continuar su carrera, y saben que seguirán demandando fondos. Y si ello no es suficiente, suelen recurrir como sanción a la amenaza e intimidación. Pero el mercado también se facilita por la cultura de la corrupción que permea el ámbito público. Esto es importante, porque si bien puede existir el incentivo para cumplir, muy diferente es que se pueda, y en nuestro país es posible porque la corrupción no terminó con la alternancia democrática, sino que ha sabido subsistir a ella.
Las particularidades del régimen de libertades y competitividad que acompaña a toda aventura democrática, generan condiciones para que surja la oferta de dinero sucio, su demanda y las garantías de cumplimiento de los contratos informales. Al tratarse de un problema de sistema no podemos evitarlo. Se trata de un fenómeno multifactorial que tiene diversas expresiones: criminal, económica, social, política y cultural. Por ello, la forma de poder confrontarlo es atacando los factores que le dan origen y diversificando las estrategias, pero ello nos va a tomar más de una generación. Mientras tanto, deben hacerse esfuerzos por atajar los riesgos del financiamiento ilegal a la elecciones de este año. Y ello pasa porque candidatos y candidatas no supongan que “no pasará nada” por la debilodad fiscalizadora del INE para acreditar las aportaciones del dinero del crimen organizado que circulan en efectivo y que son invertidas en “actividades” que no dejan huella. Ello sería un grave error pues simpre existe la posibilidad de que hayan testimonios de lo ocurrido, tal y como como visibilizaron los reportajes de hace unos dias. Y si dicha advertencia no es suficiente, que le pregunten al equipo de la campaña presidencial de Ernesto Samper, quienes jamás imaginaron que podría acreditarse el apoyo económico que recibieron por parte del Cártel de Cali en las elecciones presidenciales colombianas de 1994. Sin embargo, meses despues del triunfo electoral de Samper, fue capturado el contador que manejaba las finanzas del Cártel (Guillermo Pallomari), y éste ofreció en un tribunal de Miami “pelos y señales” de la doble contabilidad y la ruta de los 5 millones de dolares que proveyeron a su campaña, lo que detonó el maxiproceso 8000. Cuidado, mas vale que candidatas y candidatos pongan sus barbas a remojar, y sean concientes que siempre existirá la posibilidad de que haya un “soplón”, un testigo protegido que de cuenta de los hechos, con las consecuencias penales y políticas correspondientes. Lo mejor es advertir desde ahora ese riesgo, aunque me temo que ello solo será posible si la clase política nacional es consciente de que no se vale ganar al coste que sea y por encima de quien sea, y eso esta por verse en los próximos meses.
Especialista en teoría política y derecho electoral
