La educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país. Proporciona a los individuos las habilidades y conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo económico y social. Permite formar profesionales capacitados que pueden impulsar la innovación y la productividad en diversos sectores. Promueve la igualdad de oportunidades y contribuye a la reducción de la desigualdad social y económica. Por ello, garantizar un mayor acceso a una educación superior de calidad, debe ser una meta prioritaria de cualquier país que aspire a mejores niveles de desarrollo. El problema es que en México el porcentaje de personas que acceden a una carrera universitaria sigue siendo muy bajo en relación a los países desarrollados. En 2023, sólo 5.4 millones de personas se encontraban realizando estudios universitarios, 4.9 millones de ellos estaban en programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) y de licenciatura. De acuerdo a la Tasa Bruta de Cobertura (TBC), que es el indicador modelo, y que se define como la proporción de la matricula total de un nivel educativo determinado respecto a la población en edad típica de cursar ese nivel, la cobertura en 2023 era de 44%. Es decir, sólo 4 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar en una Institución de Educación Superior (IES) lo está haciendo en nuestro país.
Ese 44% de cobertura es muy bajo en comparación a otros países de Latinoamérica. Chile (90.3%), Argentina (85.7%), Colombia (58.7%), Uruguay (55.6%), Costa Rica (54.0%) nos superan de manera importante. El menor acceso a la educación superior en México en relación a otros países obedece a muchos factores. Por supuesto que hay que considerar que la pandemia por COVID-19 alteró la dinámica de crecimiento de la matricula, pero el factor más importante es la desigualdad socioeconómica existente. Las personas que integran las poblaciones y grupos históricamente vulnerados no tienen o ven limitados los medios económicos suficientes para para costear los gastos asociados a los estudios. Aunque la accesibilidad económica no es la única explicación, si consideramos que otros países con indicadores parecidos de pobreza nos superan en materia de cobertura educativa. También hay retos presupuestales, estructurales, de planeación y de voluntad política. Por ello, es un acierto que el gobierno federal haya puesto como propósito en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND) “ampliar significativamente la cobertura de la educación superior”. El objetivo es alcanzar en el año 2030 el 55%. ¿Es posible?
Para lograr esta meta, instancias como la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el apoyo de agrupaciones como la ANUIES o la AMECYD, promueven diversas estrategias y desafíos. Por supuesto que se requiere ampliar y mejorar la infraestructura educativa para poder albergar a más jóvenes, pero también deben hacerse esfuerzos para aprovechar de mejor manera la infraestructura existente y disminuir el número de aspirantes rechazados. En la Universidad Autónoma de Chiapas logramos incrementar en un 25% el número de aspirantes aceptados en la última convocatoria, a partir de un acuerdo con directivos, maestros y maestras para operar en tres turnos en la mayoría de las unidades académicas, y de promover modalidades híbridas para aprovechar mejor los espacios. También se debe fortalecer la oferta educativa en línea, impulsar el aumento y promoción de programas educativos de nivel técnico superior universitario o similares; mejorar los apoyos y estímulos al personal académico; implementar programas de becas y apoyos económicos a los estudiantes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, entre otras acciones.
La meta de cobertura en educación superior es ambiciosa, pero con la implementación de estrategias adecuadas y el compromiso de todos los actores involucrados, es posible lograrla. Pero hay que advertir dos retos. Uno, el riesgo que en el afán de ampliar la cobertura de la educación superior se incentive el crecimiento de la oferta educativa en campos de formación profesional que no son considerados como prioritarios para el desarrollo del país, de las regiones o de las entidades federativas. La falta de pertinencia podría propiciar desempleo y falta de impacto de la educación superior en las áreas prioritarias. Un segundo problema es seguir reproduciendo la brecha de cobertura existente entre entidades federativas. Cuatro entidades ya han superado la meta del 50% de cobertura CDMX, Nuevo León, Sinaloa y Puebla. Sin embargo, aún hay 16 entidades que no superan el 40%, y existe un rezago crítico en entidades que ni siquiera alcanzan 30% de cobertura, como en Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Por ello, otro acierto del gobierno federal es haber establecido como objetivo en el PND que “en el año 2030 ninguna entidad federativa registre tasas de cobertura neta de educación superior por debajo del 35%.” El problema es que hasta ahora la política de redistribución de recursos y apoyos para las IES no está alineada al cumplimiento de esa meta. Ojalá pronto se tomen decisiones al respecto, porque el tiempo apremia y las necesidades no esperan.
Presidente de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia
