Ha comenzado un 2023 que pinta para ser especial y desafiante para las autoridades electorales del país. De entrada, independientemente de los efectos de la reforma a leyes electorales que está por concretarse, y que probablemente en su momento sea analizada y juzgada por las instancias jurisdiccionales; al tratarse del año anterior a la elección de 2024 en la que habrán de renovarse todos los espacios de representación política del país, las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), deben realizar un sinnúmero de actividades preparatorias para hacer posible esos comicios. El inicio de los trabajos de integración de consejos electorales municipales y distritales, de las actividades para identificar inmuebles para su instalación, del proceso para garantizar candidaturas independientes, son solo algunos ejemplos. Pero, en la actual coyuntura, esto no será suficiente. Las autoridades electorales enfrentan el desafío de fortalecer y refrendar su legitimidad y confiabilidad, algo que, aunque suele darse por sentado, pero que en el contexto de confrontación y polarización política sin precedente al que se encuentran sujetas, resulta necesario para poder arbitrar eficazmente las elecciones venideras.
En efecto, las elecciones en el mundo se están desarrollando bajo discursos de alta polarización y de cuestionamientos sobre la integridad de las instituciones responsables de la organización comicial y México no es la excepción. Tal y como lo ha expresado Larry Diamond, en la mayoría de las democracias del mundo hay evidencia de que las autoridades electorales están realizando su trabajo bajo un fenómeno de inusitada polarización sobre su desempeño. Todos los sistemas democráticos tienen, como diría Todorov, sus propios “enemigos íntimos”, los que ellos mismos engendran, y la polarización del discurso partidista que carcome el juicio sereno sobre el funcionamiento de las instituciones pareciera ser uno de ellos. Un contexto político polarizado, que incentiva el cuestionamiento hacia el andamiaje regulatorio y provoca desconfianza hacia las instituciones. Un creciente escrutinio público y político que se ha visto potencializado con la emergencia de las redes sociales que han propiciado un escenario de oportunidad para la diatriba.
Por supuesto que, la crítica por sí misma jamás desestabiliza la democracia porque se nutre esencialmente de ella. El feroz escrutinio al trabajo y las determinaciones de las autoridades electorales no debería sorprender a nadie. Después de todo, no hay instituciones más obligadas a someterse a la discusión pública que las que organizan elecciones, pues de la transparencia de sus decisiones depende la legitimidad y la aceptación de los resultados de las contiendas. Sin embargo, la beligerancia en el discurso contribuye al deterioro de las instituciones. Puede llegar a someterlas a un desprestigio desesperanzador. Puede arriesgar el propósito de las elecciones de ser la ruta para organizarnos políticamente de manera pacífica y civilizada, porque el discurso polarizante puede lastimar ese tejido tan sutil que llamamos confianza. Ese requisito “sine qua non” para la aceptabilidad de los resultados electorales.
¿Cómo deberían las autoridades electorales enfrentar este desafío? Toda vez que no depende de ellas evitar este escenario, considero que deben realizar acciones para evitar que los cuestionamientos a su integridad tengan asidero. Y la mejor manera de lograrlo, -tema que debería ser prioritario en este 2023-, es ser escrupulosamente transparentes en su actuar. Desde las propias instituciones electorales debe incetivarse que en las instituciones académicas, en las de investigación, en las organizaciones de la sociedad civil y en los medios de comunicación, se fortalezca aun más el seguimiento y el monitoreo a sus actuaciones y determinaciones, pues esto constituye uno de los instrumentos más importantes en cualquier democracia para abatir la corrupción. Es necesaria mucha transparencia en todo lo que se hace y se resuleve. No debe dejarse el más mínimo resquicio a la sospecha. Hoy día, ya no deberían exitir sesiones privadas en ningún órgano administrativo o jurisdiccional de este país. Eso es anacrónico. No favorece el monitoreo ciudadano y genera sospecha. La transparencia también debe potencializarse en el uso de los recursos públicos, las autoridades electorales deben continuar siendo las más auditadas y las más fiscalizadas del país. Deben ser instituciones modelo en transparencia y rendición de cuentas.
Una mayor transparencia debe estar acompañada de campañas de información sobre la democracia en general y sobre los aspectos fundamentales que dotan de confiabilidad al sistema electoral en particular. Esto resulta necesario para atajar el impacto de la desinformación o la información dolosa que se ha potencializado en los últimos años como estrategia partidista. Para lograrlo, es fundamental la existencia de estrategias comunicacionales eficaces y oportunas para contrarrestar las fake news que tienen el potencial de afectar la legitimidad del arbitraje electoral, así como de desarrollar todo un proceso para educar a la ciudadanía, para que conozcan no solo las funciones de las instituciones, su competencia, alcances y limitaciones, sino también las normas y los valores de la democracia. Hay que ser insistentes y creativos en comunicar e informar a detalle sobre cada determinación adoptada en el proceso electoral y sobre los eslabones de confianza de las elecciones. Potencializar una estrategia de comunicación institucional que fortalezca la confianza y credibilidad en los institutos nacional y locales, como los órganos encargados de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas. Acercar a la mayor parte de la información que manejan y hacerla llegar de manera incluyente a la ciudadanía.
Además de mayor transparencia y mejores estrategias comunicacionales, las autoridades electorales deben ser contundentes en la aplicación de las reglas para no debilitarse. Sobre todo, ante el inusitado desafío de violaciones a las reglas de precampaña y promoción institucional. La clase política nunca se ha sentido cómoda con las disposiciones que prohíben campañas anticipadas desde que se promulgaron en 2007, de tal suerte que siempre ha emprendido distintas estrategias para posicionarse en la opinión pública antes de que comiencen las contiendas electorales. Pero lo de hoy es diferente. Hay un desafío más abierto y directo. En la medida en que los partidos políticos han adoptado el método de encuestas para definir candidaturas y se han adelantado nombres de aspirantes para participar en las mismas, se han generado más incentivos para que la clase política busque ganarlas posicionándose al margen de las restricciones temporales establecidas. Por supuesto que las autoridades electorales deben actuar para evitar y sancionar posibles conductas ventajosas e ilegales que puedan poner en riesgo la equidad de los próximos comicios, porque esa es su obligación constitucional; pero, en la coyuntura de asedio y desconfianza que prima sobre su trabajo, también deben hacerlo para evitar su debilitamiento. Ante la falta de previsión de sanciones para personas servidoras públicas que cometan promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, como consecuencia de la falta de aprobación del marco regulatorio del artículo 134 constitucional, y en espera de lo que las instancias jurisdiccionales resuelvan en su momento sobre el “plan B”, INE y OPLE deberán llenar ese vacío haciendo uso de sus facultades reglamentarias para hacer valer y fortalecer su rol arbitral.
El compromiso de las autoridades electorales del país con una mayor transparencia en sus acciones y en el ejercicio de los recursos, el desarrollo de estrategias comunicacionales más eficaces y oportunas, así como la aplicación irrestricta de las reglas previo al inicio del proceso electoral, son tareas necesarias a desarrollar en este año previo a la elección de 2024. Las tres acciones son necesarias. El desarrollo de alguna de ellas no es suficiente. No bastará ser muy transparente si no se aplican las reglas. De nada servirá aplicar las reglas si no se comunica bien. Deben hacerlo porque el reto de lo que viene no es menor. En juego está la credibilidad de las instituciones que arbitrarán las elecciones de 2024 que se avizoran como las más difíciles de nuestra joven historia democrática. Apenas estamos a tiempo. Si se quiere que la noche del 2 de junio de 2024 sea una auténtica fiesta cívica en el país, que sean respetados los resultados que emanarán de un sistema electoral que ha probado sobradamente su eficacia y que descansa su éxito en su ciudadanización, entonces, las autoridades electorales deben empezar ya a realizar acciones que confirmen su confiabilidad.
