La emergencia sanitaria que hoy vivimos es motivo de incontables retos, sin duda uno de los mayores es el económico, tanto para la población como para el propio aparato del Estado. Es el gobierno el que debe velar por la suficiencia de recursos públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos durante la emergencia, y su continuidad en la medida que concluya y se comience la recuperación.
En este contexto que, por medio de un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril, se instruyó a las dependencias y entidades que fungen como unidades responsables de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos públicos y análogos de carácter federal, llevar a cabo los procesos de extinción o terminación de los mismos (el mismo decreto prevé algunas excepciones) y devolver a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos que los constituían. De acuerdo con lo manifestado por el Presidente de la República, la mayor parte de esos recursos se destinarán al pago de deuda pública, al fortalecimiento de programas sociales prioritarios y a la reactivación económica que resulte de la emergencia sanitaria en el país. En este sentido, presentó un plan emergente de reactivación económica para hacer frente a la crisis causada por la epidemia por COVID-19, centrando las acciones del gobierno en el apoyo a los sectores más vulnerables de la población mediante los diversos programas sociales implementados en la presente administración.
En armonía con el esfuerzo del gobierno federal por promover la transparencia y su compromiso - plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo – por una administración eficiente, eficaz, honrada y libre de toda corrupción, es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realiza acciones permanentes para coadyuvar y promover las mejores prácticas en esta materia. En virtud de ello, y en un ejercicio de transparencia proactiva, el INAI ha puesto a disposición de la ciudadanía un Diagnóstico de los fondos y fideicomisos públicos en materia de transparencia (disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/fideicomisospublicos.pdf) que tiene por objeto brindar información relativa al funcionamiento, naturaleza legal, tipología y descripción de las principales características de estos instrumentos jurídicos.
En el estudio se da cuenta de la evolución de las disponibilidades y saldos de capitales existentes reportadas por los fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos. Por ejemplo, al cierre del 2019, el monto reportado por aquellos pertenecientes a la Administración Pública Federal ascendió a 740 mil 283 millones de pesos, mientras que los del Poder Judicial reportaron 17 mil 41 millones y los de organismos autónomos 23 mil 718 millones. Además, el estudio expone la estadística de solicitudes de acceso a información y recursos de revisión interpuestos ante estas figuras legales a partir de la puesta en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (2016) y hasta el 31 de diciembre de 2019.
En este periodo se recibieron un total de 42 mil solicitudes de información y se interpusieron 753 recursos de revisión. Asimismo, se incluye un apartado en el que se recapitulan las obligaciones de transparencia que deben cumplir los fideicomisos y fondos públicos, misma que se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx).
El análisis y monitoreo en el uso de los recursos públicos de los fideicomisos en proceso de extinción es fundamental para nuestro país. Y, el INAI, en cumplimiento con su compromiso con la sociedad mexicana garantiza la transparencia durante el proceso. Además, vela continuamente por la rendición de cuentas en la toma de decisiones por parte de las instituciones de gobierno, máxime en el contexto de emergencia sanitaria que enfrentamos.
