Por Julieta del Río
Las reglas de la democracia no se corrigen en silencio ni se reforman a espaldas de la ciudadanía: se discuten de frente, con argumentos y bajo la luz pública. La reforma electoral no es un asunto exclusivo de políticos, expertos o partidos. Es un tema que nos toca a todas y todos en nuestro papel de ciudadanos. Ello, dado que de ella dependerán las reglas con las que votaremos, elegiremos representantes y definiremos el rumbo del país en los próximos años. Por eso, en ese rol preponderante en toda democracia que se precie de serlo, no podemos quedarnos como espectadores pasivos. Somos los actores principales, pero también beneficiarios y afectados directos de lo que en ella se plasme.
Desde el gobierno federal se ha dicho que uno de los ejes de la reforma es cambiar la forma en que se elige a los legisladores conocidos popularmente como “plurinominales”, con el objetivo de que dejen de ser seleccionados en lo “oscurito” por las dirigencias partidistas, mediante una determinación elitista, y pasar a un modelo en el que sea la propia ciudadanía quien los defina. En principio, suena bien. Nadie quiere seguir viendo listas hechas a modo, llenas de personajes que llegan al Congreso solo por acuerdos internos. Recordemos que uno de los argumentos que sostienen dicha figura es que tales espacios sean ocupados por especialistas, activistas o personas con perfil técnico, para equilibrar la perspectiva política y la técnica dentro del ámbito legislativo, tanto a nivel federal como local e incluso en las regidurías de un municipio. Sin embargo, no se da así: existen políticas y políticos eternos en esa figura y son quienes más se oponen a este eje de la reforma.
Existen muchos intereses en juego. El Ejecutivo tiene su propuesta; el Instituto Nacional Electoral otra; y la Cámara de Diputados insiste en que la reforma debe discutirse ahí, como marca la Constitución, y que también tienen su propia propuesta.
Se ha dicho también que eliminar o modificar los plurinominales permitirá ahorrar dinero. Sin embargo, considerando el tamaño del gasto público, ese ahorro será mínimo. El problema de fondo no es el gasto, sino el uso que se le ha dado a estas posiciones. Durante años han servido para acomodar a quienes no representan sino a grupos reducidos e intereses opacos, limitados e impopulares, o para reciclar a los mismos de siempre con el fin de mantener carreras eternas sin rendir cuentas. Eso indigna, y con razón.
Los partidos pequeños advierten que, si se cambia el sistema, el partido mayoritario podría quedarse con todo y desaparecer los contrapesos. Ese riesgo existe y no debe minimizarse. Pero también es cierto que muchos de esos partidos han vivido más de las reglas electorales que del respaldo real de la gente. Aquí nadie es totalmente víctima ni totalmente inocente.
Lo que resulta preocupante es que, mientras todo esto se discute en el ámbito político, la ciudadanía permanece en gran medida desinformada o confundida. Y no debería ser así. Las elecciones de 2027 están cada vez más cerca y en ellas se definirá no solo quién gobierna en 17 entidades, sino qué tan fuerte o débil será el Congreso, qué tanto poder se concentra y qué espacios quedan para el disenso y la pluralidad. También están en juego los gobiernos municipales, las regidurías y los congresos locales. Por eso, hoy más que nunca, es necesario estar atentos. No se trata de defender a un partido o atacar a otro, sino de cuidar las reglas del juego democrático. La reforma electoral no debe convertirse ni en una herramienta para perpetuar privilegios ni en un camino para concentrar el poder en unas cuantas manos.
Sin duda, debemos estar atentos a que se abra el debate y sea transparente, para evitar una reforma hecha a modo que nos marque para siempre y nos aleje de la democracia.
Una reforma electoral sin Parlamento Abierto no es reforma: es imposición con fecha de caducidad democrática.
Excomisionada del INAI, especialista en transparencia y acceso a la información