Las 34 horas de Rocha Moya

Sandra Romandía

Desde Palacio Nacional les pareció inverosímil el mensaje. Rubén Rocha Moya había buscado, a través de sus enlaces, hacerle saber a la presidenta Claudia Sheinbaum que regresaría a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia. La Presidenta no habló con él y, según me confirman fuentes con conocimiento de aquellas conversaciones, desde su equipo se le hizo saber que su retorno no parecía prudente. Rocha, sin embargo, estaba decidido.

No podía tratarse tampoco de una aparición clandestina. Durante los meses que permaneció separado del cargo, Rocha Moya estuvo bajo vigilancia y protección de elementos federales y estatales, según me explican fuentes cercanas al caso. Es decir, el Gobierno federal sabía perfectamente dónde estaba, cuáles eran sus movimientos y, por supuesto, pudo saber que se dirigía nuevamente hacia Palacio de Gobierno. El viernes 21 de agosto notificó al Congreso de Sinaloa que terminaba su licencia, regresó a la sede del Ejecutivo acompañado por su círculo de seguridad y anunció al país que estaba de vuelta.

Yo creo que varios nos preguntamos qué hizo pensar a Rocha Moya que podía volver.

Porque su movimiento resultaba políticamente temerario y, visto desde la perspectiva de lo que ocurriría apenas 34 horas después, casi suicida. Rocha no regresaba después de haber sido exonerado definitivamente de los señalamientos que pesan sobre él; regresaba mientras las investigaciones permanecían abiertas y apenas dos días después de que la FGR detuviera a Fausto Corrales Rodríguez, una pieza que puede resultar fundamental para reconstruir uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Sinaloa: el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.

Corrales no es un personaje periférico. Fue quien acompañó a Cuén aquel 25 de julio de 2024 rumbo al encuentro en el que, según la versión que después daría El Mayo Zambada, estarían Joaquín Guzmán López y el propio gobernador Rocha Moya. Durante meses, la historia oficial construida alrededor del asesinato de Cuén sostuvo que había muerto durante un intento de robo en una gasolinera; aquella versión terminó derrumbándose y la FGR señaló irregularidades graves en la investigación realizada por la Fiscalía sinaloense. Ahora Corrales está detenido y el expediente vuelve a moverse.

Y precisamente en esas horas Rocha decidió recuperar no solamente el despacho, sino también el fuero inherente a su investidura.

En Palacio Nacional, según las fuentes que consulté, comenzaron entonces a tratar de entender qué había detrás de aquella decisión.

La explicación que Rocha habría transmitido a sus interlocutores resulta todavía más reveladora. Según estas fuentes, el gobernador sostuvo que había hablado con Andrés Manuel López Obrador y que el expresidente veía bien su regreso. Rocha se sentía respaldado, además, por personajes del viejo entramado político de Morena con los que conserva relaciones desde hace años.

Conviene recordar un dato que hoy adquiere otra dimensión: Rodolfo Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal, forma parte desde hace años de la estructura del gobierno sinaloense y permanece dentro del aparato rochista. La cercanía política entre Rocha y los Monreal tampoco nació ayer. Paradójicamente, fue el propio Ricardo Monreal quien, apenas conocido el regreso, salió públicamente a pedirle que reconsiderara y volviera a solicitar licencia hasta que la Fiscalía General de la República concluyera las investigaciones.

Rocha, sin embargo, había construido ya su explicación política.

No regresaba —según su narrativa— como un gobernador cercado por investigaciones, sino como una víctima de una ofensiva de “la ultraderecha nacional y extranjera” contra un representante de la izquierda mexicana. Era un discurso perfectamente reconocible: convertir un problema judicial en persecución política y una investigación internacional en una afrenta ideológica.

El libreto quizá funcionaba mejor en otro sexenio.

Porque si Rocha creyó que el eventual respaldo de López Obrador equivalía automáticamente al respaldo de Claudia Sheinbaum, cometió un error de cálculo monumental.

La reacción comenzó casi inmediatamente. La Secretaría de Gobernación informó que el retorno era una decisión estrictamente personal; Morena se deslindó y dejó claro que Rocha ni siquiera había informado previamente al partido; legisladores oficialistas le pidieron reconsiderar y los gobernadores de Morena hicieron un llamado público a la “madurez y responsabilidad”.

La Presidenta, además, no apareció públicamente aquella mañana. Informó que padecía una fuerte gripe y por primera vez en su sexenio suspendió su participación en la conferencia matutina, que quedó en manos de la secretaria de Gobernación.

Pero cuando habló políticamente, el mensaje fue devastador.

Sin mencionar a Rocha por su nombre, Sheinbaum escribió que ningún interés personal puede colocarse por encima de los intereses del pueblo y de la nación y advirtió sobre “la ambición desnuda del poder por el poder”. No hacía falta destinatario. Rocha entendió perfectamente.

Y entonces ocurrió lo verdaderamente importante.

Fuentes cercanas a Palacio Nacional me aseguran que durante esas horas al gobernador le fueron transmitidos dos mensajes que cambiaron por completo el escenario que él había imaginado cuando decidió regresar.

El primero: en México existirían elementos dentro de las investigaciones en curso mucho más robustos de lo que Rocha parecía calcular.

El segundo era estrictamente político: si insistía en permanecer en la gubernatura, el conflicto escalaría institucionalmente y podía abrirse la ruta para removerlo del poder.

Aquí es indispensable distinguir los hechos de las hipótesis. No existe hasta ahora información pública que permita afirmar que hubiera una decisión formal de iniciar un juicio político o de promover la desaparición de poderes en Sinaloa. Lo que sí me señalan fuentes conocedoras de aquellas conversaciones es que esas posibilidades comenzaron a formar parte del escenario que se le hizo ver al gobernador si persistía en desafiar la línea política de Palacio Nacional.

Y no era precisamente una amenaza retórica. Después de que Rocha finalmente reculó, desde Morena en la Cámara de Diputados se reconoció públicamente que, si no hubiera solicitado nuevamente licencia, “habría actuado el Congreso”.

Rocha entendió el mensaje.

Treinta y cuatro horas después de aquel desafiante “Aquí estoy”, volvió a irse.

Esta vez no necesitó construir una larga explicación sobre la ultraderecha, la soberanía nacional ni las conspiraciones extranjeras. Entregó al Congreso sinaloense una nueva solicitud de licencia temporal por tiempo indefinido y escribió apenas una frase: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.

Pero esas 34 horas dejaron algo mucho más relevante que una anécdota sobre un gobernador que entró y salió del Palacio estatal como si se tratara de una puerta giratoria.

Dejaron expuesta una disputa de poder.

Rocha pareció regresar convencido de que todavía podía recurrir al sistema de respaldos políticos que durante años articuló buena parte del movimiento fundado por López Obrador. Palacio Nacional le respondió que el centro de gravedad había cambiado.

Y quizá esa sea la lectura más importante de este episodio, porque detrás de la tragicomedia sinaloense hay una pregunta que rebasa a Rocha Moya: ¿quién manda hoy realmente dentro de Morena cuando los intereses y las lealtades del obradorismo histórico chocan con las decisiones de Claudia Sheinbaum?

Durante 34 horas, Rubén Rocha Moya decidió averiguarlo.

La respuesta parece haberle llegado con suficiente claridad como para volver a hacer las maletas.

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