Por: Pamela Sandoval
El principio fundamental de cualquier economía moderna es la certeza jurídica. Sin ella, la inversión se estanca, el emprendimiento se paraliza y la innovación pierde terreno. La reciente reforma judicial en México, que plantea la elección popular de jueces y magistrados, amenaza con desestabilizar ese delicado equilibrio. En un intento de “democratizar” la justicia, se corre el riesgo de politizarla, comprometiendo su independencia y erosionando la confianza en el sistema legal, un pilar clave para el desarrollo económico y social.
Históricamente, el nombramiento de jueces en México se ha basado en criterios de experiencia, trayectoria y conocimiento técnico. Si bien el sistema era perfectible, sustituirlo por un modelo electoral introduce un riesgo considerable: la justicia podría dejar de responder a la Constitución para, en cambio, responder a intereses políticos o económicos coyunturales. Los jueces, en lugar de estar sujetos a la legalidad y al control jurisdiccional, ahora dependerían de estrategias de campaña, financiamiento electoral y, en muchos casos, favores políticos. Este modelo introduce incertidumbre en la aplicación de la ley, lo que puede afectar la confianza en el Estado de derecho y, por ende, la estabilidad económica.
Para que el emprendimiento prospere, los actores económicos deben operar en un entorno de reglas claras y predecibles. Si los jueces que interpretan y aplican la ley son elegidos por voto popular, ¿cómo garantizar que sus decisiones no se vean influidas por consideraciones políticas o por la búsqueda de reelección? El arbitraje judicial es clave en la resolución de conflictos comerciales, la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de contratos. Si la independencia de los jueces se ve comprometida, México podría convertirse en un entorno de inversión riesgoso, afectando desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones. En términos prácticos, esto se traduce en un menor acceso al crédito, un clima empresarial más adverso y la fuga de capitales hacia jurisdicciones más seguras.
Defensores de la reforma argumentan que el voto popular brinda mayor legitimidad al Poder Judicial y lo hace más accesible a la ciudadanía, lo que podría reducir la percepción de corrupción. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los sistemas judiciales más eficaces y confiables mantienen criterios meritocráticos en la designación de jueces, como ocurre en Canadá, Alemania o el Reino Unido. En Estados Unidos, donde algunos jueces son elegidos por voto popular, se han documentado problemas graves de sesgo político y financiamiento externo en las campañas judiciales, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones. México, en lugar de replicar modelos fallidos, debería enfocarse en mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema actual.
Otro punto crítico de la reforma es su impacto en la participación de las mujeres en la judicatura. Actualmente, las mujeres enfrentan barreras estructurales para acceder a posiciones de liderazgo en el sector judicial. Al transformar el proceso de selección en un mecanismo electoral, donde el financiamiento de campañas y la visibilidad pública serán determinantes, las posibilidades de acceso equitativo para mujeres altamente capacitadas se verán reducidas. Las decisiones judiciales influyen de manera directa en el acceso de las mujeres a la justicia, en la protección de sus derechos y en la creación de precedentes fundamentales para avanzar hacia la equidad. Reducir la presencia femenina en la judicatura compromete la diversidad de perspectivas en la interpretación de la ley y, con ello, la construcción de un sistema más justo e inclusivo.
La reforma contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuya función será vigilar y sancionar a los jueces. Si bien un mecanismo de supervisión es fundamental para garantizar la probidad judicial, la falta de reglas claras y de independencia en este órgano abre la puerta a la persecución de jueces que no se alineen con intereses políticos particulares. Esto representa un riesgo significativo de captura institucional, donde el aparato judicial podría ser utilizado como herramienta de presión para favorecer ciertos sectores, intimidar a adversarios políticos o manipular procesos legales en función de intereses externos a la justicia.
El propósito de una reforma judicial debe ser fortalecer la independencia y eficiencia de los tribunales, no someterlos a los vaivenes de la política electoral. Si el objetivo es mejorar la transparencia y rendición de cuentas, existen mecanismos más efectivos que no comprometan la certeza jurídica ni la confianza empresarial. Por ejemplo, en lugar de elegir jueces por voto popular, se podrían establecer procesos de designación más rigurosos y supervisados por órganos independientes, asegurando así que los jueces sean evaluados por su capacidad y ética profesional, y no por su popularidad.
México no puede permitirse un retroceso en su Estado de derecho. Si queremos un país donde la inversión y el emprendimiento sean motores de crecimiento, donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y donde la justicia no sea un instrumento de poder, es fundamental replantear esta reforma. Sin independencia judicial, no hay garantía de libertad económica ni de desarrollo sostenible. Y sin estas condiciones, el país difícilmente podrá ofrecer un futuro competitivo en el escenario global.
