Andrea Horcasitas Martínez
Frente a un contexto donde existen más de 132,000 personas desaparecidas y más de 72,000 cuerpos y restos sin identificar, conocer la verdad sobre cuántas fosas clandestinas existen en México sigue siendo una tarea atravesada por el silencio y la negación institucional, así como por las contradicciones en los datos que ofrecen las autoridades. A pesar de que se trata de uno de los indicadores más graves de la crisis de desapariciones, al día de hoy no existe un registro público, completo y confiable que nos permita dimensionar lo que está ocurriendo.
El artículo 48 de la Ley General en Materia de Desaparición obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a crear un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas. Sin embargo, a casi 10 años de la promulgación de la ley, este registro sigue sin existir de forma pública. En 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó el micrositio “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas”, lo que nos permitía conocer los hallazgos a nivel nacional, estatal y municipal. Sin embargo, en 2024 fue retirado sin explicación alguna, dejando nuevamente al país sin una fuente oficial que contabilice estos hallazgos.
Además de la falta de registros públicos, existen graves inconsistencias en los registros institucionales a los que hemos tenido acceso. No solo identificamos discrepancias entre las cifras reportadas por distintas autoridades, sino que, en general, las fiscalías estatales han reportado más fosas en solicitudes de información que las que reporta la FGR. A modo de ejemplo, en 2024, las fiscalías estatales reportaron 786 fosas a nivel nacional, mientras que la FGR registró apenas 18. Esta diferencia no necesariamente significa que unas cifras sean correctas y otras incorrectas, sino que cada institución opera con criterios distintos para registrar los hallazgos.
Todavía más grave: la misma FGR ha reportado cifras distintas en diferentes años. Al comparar las respuestas a las solicitudes de información de 2023 y 2024, notamos cambios importantes en las cifras reportadas. Mientras que en una respuesta la FGR nos proporcionó bases de datos con desgloses detallados de fosas, cuerpos y restos óseos, en la siguiente presentó únicamente totales agregados que contradicen los registros anteriores. En algunos años las cifras disminuyeron drásticamente y en otros aparecieron hallazgos que antes no habían sido reconocidos por la institución.
Al poner la lupa en el análisis territorial, observamos que hay concentraciones claras de hallazgos en determinadas regiones del país. En 2023 y 2024, Sonora encabezó la lista nacional de fosas clandestinas reportadas por autoridades estatales. De acuerdo con los registros disponibles, el estado pasó de 143 fosas reportadas en 2023 a 174 en 2024.
El caso de Sonora resulta particularmente relevante porque muestra cómo la presencia de fosas clandestinas no es un fenómeno aislado, sino una constante documentada tanto por autoridades como por colectivos de búsqueda y medios de comunicación. Durante los últimos años, distintos hallazgos en municipios del estado han evidenciado la persistencia de sitios de enterramiento ilegal vinculados a la violencia criminal y a la desaparición de personas.
Sin embargo, incluso en estados donde los hallazgos son frecuentes, la falta de metodologías homologadas dificulta dimensionar la magnitud real del problema. Cada fiscalía registra la información bajo criterios distintos, lo que provoca cambios abruptos en las cifras de un año a otro o la ausencia de variables clave, como el número de cuerpos o restos humanos recuperados.
En otros estados existen diferencias importantes entre lo que documenta la prensa y lo que reportan las autoridades. Entre 2023 y 2024, por ejemplo, Guanajuato registró al menos 91 fosas reportadas por medios de comunicación, mientras que la fiscalía estatal informó 39 en ese mismo periodo. Algo similar ocurre en Quintana Roo, donde entre 2006 y 2024 los medios documentaron 27 fosas con 61 cuerpos exhumados, mientras que los registros oficiales reportan cifras considerablemente menores.
Estas discrepancias reflejan una profunda desigualdad en el acceso a la verdad. La dispersión de criterios, la falta de metodologías homologadas y la negativa de algunas autoridades a entregar bases de datos completas muestran que el derecho a saber sigue dependiendo de la voluntad política de cada fiscalía.
Cuando las cifras cambian según el momento en que se solicitan, la estadística deja de ser una herramienta para acercarse a la verdad y se convierte en un obstáculo. Frente a este vacío de información pública, Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana lanzamos la Plataforma Ciudadana de Fosas, con el objetivo de mantener un registro de hallazgos y buscar reconstruir, aunque sea de forma fragmentada, el universo completo de fosas clandestinas que existen en el país.