Por: Omar Vidal y Richard C. Brusca
El 20 de enero, el día que se posesionó como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que resquebrajan la estabilidad global y amenazan la economía y el bienestar de los estadounidenses, y de todos los habitantes del planeta. Esto no es una exageración.
¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos ha notificado a las Naciones Unidas su retiro del Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de otros acuerdos y compromisos relacionados, cesando o revocando inmediatamente todos sus compromisos financieros. Y con esto, se une al selecto club de países –Argelia, Irán y Yemen– que no han ratificado este trascendental acuerdo que compromete a 193 naciones, más la Unión Europea, a mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y a proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 °C para tratar de evitar los peores impactos del cambio climático.
Estados Unidos ahora intenta imponerse como la nación con absoluta prioridad en los acuerdos internacionales sobre medio ambiente, aun si lo hace anunciando su retiro de los esfuerzos para combatir el cambio climático y a pesar de ser el segundo emisor de dióxido de carbono a la atmósfera global –4853 millones de toneladas anuales, o 14% del total.
Se retira después de que decenas de tormentas tropicales y huracanes han azotado a este país y al mundo en años recientes, forzando la evacuación de millones de personas. Tantos huracanes que, en un momento dado, agotamos la lista de nombres de la Organización Meteorológica Mundial y debimos recurrir al alfabeto griego para bautizarlos.
Estados Unidos abandona el Acuerdo de París cuando 2024 ha sido el año más caliente jamás registrado y el primero en superar los 1.5 °C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. Cuando el planeta se cocina –literalmente– por las malas decisiones políticas y por ignorar la avasallante evidencia científica. Cuando el Ártico y el Antártico se derriten a un ritmo sin precedentes. Y cuando todos los países deben unir voluntades, esfuerzos y recursos para enfrentar el mayor desafío en la historia de la humanidad.
El 20 de enero, Estados Unidos renuncia a su responsabilidad con la vida y con la cooperación internacional, mientras los devastadores incendios en Los Ángeles y el sur de California –los más destructivos en la historia de ese estado– han matado a más de 25 personas, devorado más de 12 mil estructuras, arrasado con más de 200 mil hectáreas de bosques, emitido a la atmósfera millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y forzado a decenas de miles de estadounidenses a abandonar sus casas. Las pérdidas económicas causadas por éste, el desastre climático más costoso en la historia de Estados Unidos, alcanzan casi 275 mil millones de dólares; aún más que el Huracán Helena, que devastó el sureste de este país en septiembre de 2024 y dejó pérdidas económicas de unos 250 mil millones de dólares.
En su primer mandato, Donald Trump arremetió contra el planeta. Sacó a su país del Acuerdo de París y suspendió apoyo económico crucial al Fondo Verde para el Clima, desmanteló políticas públicas para proteger el medio ambiente y combatir el calentamiento global, revirtió legislación sobre emisiones de CO2, químicos tóxicos y emisiones vehiculares, y sobre la protección de humedales, pesquerías y especies en peligro de extinción.
También evisceró a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cambiándola de una institución fundamentada en ciencia a una herramienta política –demolió a su equipo científico de evaluación, eliminó la palabra “ciencia” de su misión y ordenó que la tala a gran escala de árboles aumentará en las áreas federales.
Todo esto cuando Estados Unidos es el único país del planeta que no ha ratificado el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica –un pacto por la vida ratificado por 196 países, incluyendo a la Unión Europea– que aborda los desafíos globales de conservación ambiental, derechos de los pueblos indígenas, extinción masiva de especies, degradación de ecosistemas y utilización sostenible de sus componentes, y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Cuatro años después, las cosas pintan todavía peor.
Y, no nos equivoquemos, los estadounidenses sufrirán en carne propia los resultados de estas órdenes ejecutivas firmadas durante la primera semana del mandato del presidente Trump, pues resquebrajan la lucha contra el cambio climático global –incluyendo la generación de energías renovables– y la protección del medio ambiente.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia energética nacional para que las agencias federales faciliten la producción, transporte, refinación y generación de recursos energéticos nacionales. Esto les da poderes nuevos para suspender normas ambientales y acelerar la concesión de permisos a proyectos mineros, e impactará directamente el Acta de Especies en Peligro y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.
El 20 de enero, las órdenes ejecutivas de Donald Trump revocaron y rescindieron de manera inmediata el Plan Internacional de Financiamiento Climático de Estados Unidos y las políticas para impulsarlo. El Plan buscaba aumentar a 11 mil millones de dólares por año el financiamiento internacional a países en desarrollo, incluyendo 3 mil millones de dólares para la adaptación al cambio climático. Esto, cuando mil millones de personas en los 50 países más pobres generan menos de 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero son los más afectados por el cambio climático.
Los países pobres son más vulnerables al cambio climático, la escasez de alimentos por las sequías los impacta más y además tienen menos acceso a herramientas financieras y protección social. El calentamiento global empuja a centenares de millones de personas a la pobreza extrema y genera millones de migrantes climáticos en todo el mundo. La retórica xenofóbica, los muros, los aranceles, los marines, las deportaciones, el cierre de fronteras y otras acciones extremas servirán de poco o nada para detener a millones de almas que huyen de sus lugares de origen tratando de salvar sus vidas y las de sus familias.
Otra orden ejecutiva revierte la prohibición del expresidente Biden de perforar en alta mar más de 253 mil millones de hectáreas de aguas federales, y revoca acciones ejecutivas sobre protección de la salud pública, medio ambiente, y reconstrucción y mejora de programas para prepararse contra los impactos del cambio climático en la migración.
Otra orden, “desencadenando la energía estadounidense”, fomenta la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales, incluida la Plataforma Continental Exterior, elimina el “mandato del vehículo eléctrico (VE)” y pone fin a las exenciones estatales de emisiones que limitan las ventas de automóviles de gasolina. También revoca órdenes ejecutivas que buscaban revitalizar el compromiso de Estados Unidos con la justicia ambiental para todos.
Con el presidente Trump finaliza el Nuevo Acuerdo Verde que buscaba descarbonizar la economía estadounidense para luchar contra el cambio climático, mientras combatía la desigualdad y mantenía los empleos. Incluía el fortalecimiento de las energías renovables, el tránsito a métodos de transporte limpios, adaptar la industria, la agricultura y la construcción a nuevos estándares de consumo, y fortalecer y expandir los bosques.
Y está la orden ejecutiva que, básicamente, abre Alaska a más perforación de petróleo y gas. Y la más radical que rescinde “órdenes ejecutivas y acciones dañinas” que, entre otras cosas, eliminará de todo el gobierno los programas de justicia ambiental para proteger a las comunidades.
Todo esto lo firmó el presidente Trump el 20 de enero, aunque cueste creerlo.
En una medida sin precedentes, en la primera semana en el cargo, suspendió indefinidamente todas las revisiones de subvenciones a la investigación científica y todos los viajes y entrenamientos de científicos en los Institutos Nacionales de Salud, el mayor financiador público del mundo de la investigación biomédica. La medida congela el 80% del presupuesto de 47 mil millones de dólares de esta agencia, que financia la investigación en Estados Unidos e internacionalmente.
¿Qué hará el resto del planeta ante estos embates que amenazan nuestra propia supervivencia? ¿Cuál será la respuesta de las Naciones Unidas y la Unión Europea? ¿La de las organizaciones ambientalistas e instituciones y fundaciones estadounidenses e internacionales que, durante muchos años, han luchado por un planeta mejor para todos? ¿La de cada uno de nosotros, incluyendo a los estadounidenses?
Los estadounidenses necesitan a unos Estados Unidos que vele por ellos, y el mundo necesita a unos Estados Unidos estables, respetuosos y confiables que se sumen a la comunidad de naciones para encarar juntos los desafíos más cruciales que la humanidad y el planeta enfrentan.
