Por ODETTE FERRER y JORGE MARTÍNEZ
Este 17 de noviembre, México se unió oficialmente a la lista de países que han actualizado su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), el documento que define sus compromisos climáticos dentro del Acuerdo de París. El 18 de noviembre, en la COP30 en Belém, Brasil, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presenta la “NDC 3.0 de México: hoja de ruta hacia un nuevo modelo de desarrollo”.
Este nuevo compromiso, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático —incluyendo 18 secretarías del Gobierno de México—, representa una señal en la ambición del país.
En la sección la de mitigación, México fijó por primera vez una meta absoluta, lo que significa que ya no se compara contra una proyección de emisiones a futuro, sino un rango concreto: para 2035, nuestro país solo podrá emitir entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente, la forma de cuantificar el total de gases que calientan el planeta.
Esta meta intermedia, debería en caminarnos hacia cero emisiones netas a mediados de siglo, cuando el país debe dejar de generar emisiones más de lo que pueden absorber los ecosistemas o las tecnologías de absorción de carbono. Es una meta ambiciosa y difícil, pero necesaria.
En el eje de adaptación, la NDC refuerza los cinco componentes ya existentes —comunidades, sistemas productivos, ecosistemas, recursos hídricos e infraestructura estratégica— e incorpora un sexto, cambio climático y seguridad. En este segmento prevé un portal nacional de información sobre seguridad climática para decisiones estratégicas en contextos de riesgo.
La NDC 3.0 incluye por primera vez un componente de pérdidas y daños. Este apartado busca reconocer y atender los impactos inevitables del cambio climático que ya no pueden evitarse, como la pérdida de cultivos o daños a infraestructura y ecosistemas tras eventos extremos— un avance indispensable para un país expuesto a huracanes, sequías e inundaciones.
Respecto a temas transversales, la NDC reconoce que la justicia climática también es justicia social: integra la igualdad de género, la justicia intergeneracional y la inclusión de personas LGBTIQ+ como pilares de la respuesta nacional.
Además, la NDC busca alinear los compromisos internacionales de México con su marco jurídico. Desde la reforma de 2018, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce la NDC como un instrumento rector de la política nacional, al establecer un puente entre la diplomacia climática y la planeación del desarrollo. Sin embargo esto aún no se ve reflejado en los programas ni en la legislación actual.
La nueva NDC menciona la Opinión Consultiva No. 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, documentos que colocan los derechos humanos y la justicia climática en el centro.
Pese a estas adiciones impostergables, el texto aún omite indispensables: no plantea una hoja de ruta para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, ni estrategias de salida progresiva del petróleo y el gas fósil de la matriz energética. Tampoco incorpora mecanismos de debida diligencia reforzada para las empresas altamente contaminantes, que las cortes internacionales ya consideran una obligación legal.
A diferencia de las versiones anteriores, la NDC es más ambiciosa, con mayor participación y detalles. Su proceso involucró 19 talleres con sociedad civil, academia, sector privado, pueblos indígenas y juventudes. En ese sentido, el texto no solo muestra metas: refleja un esfuerzo por democratizar la política climática.