La Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) publicó recientemente su nuevo Reporte sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). El documento debía mostrar progreso hacia los compromisos del Acuerdo de París, pero sus hallazgos son contundentes: el mundo sigue lejos de cumplir su parte justa. De los 195 países firmantes, solo 64 presentaron nuevas NDC, representando apenas el 30 % de las emisiones globales.
La falta de ambición y el incumplimiento de los principales emisores —incluidos miembros del G20— deja a los países en desarrollo, como México, en una posición crítica. Mientras tanto el huracán Melissa de categoría 5 ya ha dejado víctimas mortales en Haití, República Dominicana, Cuba y toca tierra en Jamaica, estos países no solo enfrentan los impactos más severos del cambio climático, sino que además carecen de los recursos necesarios para adaptarse. La brecha de equidad sigue creciendo mientras los países ricos amplían su producción de combustibles fósiles en lugar de reducciones reales.
En este escenario, México se prepara para actualizar su tercera NDC, que deberá presentarse en el marco de la negociación climática más importante, la COP30 en Belém, Brasil, en menos de un mes. El nuevo compromiso nacional será clave para definir la ruta del país en materia de transición energética, financiamiento y justicia climática.
México es una potencia agroalimentaria y, al mismo tiempo, un territorio vulnerable a sequías, incendios e inundaciones. El reciente paso de tormentas en el sureste —que dejaron decenas de muertos y miles de hectáreas bajo el agua— evidencia que la adaptación ya no puede esperar. La agricultura y la infraestructura rural deben ser parte del corazón de la nueva NDC. De lo contrario, la inseguridad alimentaria seguirá aumentando y millones de campesinos seguirán absorbiendo los costos de una crisis que no provocaron.
Según el Reporte, 70 % de las NDC mencionan una “transición justa”, pero pocas la traducen en políticas concretas. La próxima cumbre climática en la Amazonía será decisiva para cambiar esa tendencia. El llamado de Belém —liderado por organizaciones civiles y redes regionales— propone un Mecanismo de Acción de Belém para coordinar el apoyo internacional a transiciones justas, inclusivas y financiadas. América Latina puede marcar el rumbo si articula sus demandas en torno al conocimiento local y ancestral.
En el caso mexicano, el reto será conectar la ciencia y la política con las realidades rurales: silvopastoreo, agroecología y economía circular son ejemplos de soluciones ya contempladas en su Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación. Implementarlas de manera efectiva podría fortalecer la resiliencia del campo y generar beneficios económicos sostenibles. La inclusión de jóvenes, pueblos indígenas y pequeños productores debe pasar del discurso a la práctica: ellos son quienes ya construyen resiliencia climática desde sus territorios.
La COP30 no puede ser una cumbre más. Debe asegurar que la agenda latinoamericana y caribeña tenga el espacio y la justicia que merece. Si México logra integrar estas prioridades en su NDC 3.0, podrá presentarse en Belém como ejemplo regional de acción climática justa. Y surge una pregunta inevitable: ¿estará la presidenta Claudia Sheinbaum en Belém? Su presencia o ausencia podría enviar una señal clara sobre la ambición climática del país y el compromiso de su administración con la justicia ambiental.
Como recordó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, “la acción climática debe conectar con la vida de las personas”. Para México y la región, eso significa que la próxima NDC es cuestión de supervivencia. Solo así la cooperación climática será real y compartida.