En junio de 1963, John F. Kennedy dijo “Si no podemos poner a fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”. La condición humana no puede ser entendida sin la diversidad: cada persona es un universo en sí misma, y es derivado de estas diferencias que surgen instituciones encargadas de regular la convivencia entre todas las personas que conforman la sociedad. Sin embargo, esta convivencia no está exenta de la presencia de dinámicas de poder que ponen a un sector en desventaja por sobre otras.
El debate suscitado por el uso del lenguaje incluyente en México ha hecho evidente dos situaciones muy particulares: por un lado, nos permite ver los avances que se han tenido en materia de los derechos de las personas dentro de la Comunidad LGBTTTIQA+, al tener la discusión en espacios públicos y con una plataforma amplia para argumentar en favor del mismo.
Al mismo tiempo, hace evidente la enorme resistencia que diferentes sectores de la sociedad aún tienen respecto al reconocimiento de la Comunidad como un sector vulnerable, así como de la necesidad de garantizar la existencia de mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y considerando las particularidades que derivan de siglos de segregación.
La discriminación enfrentada por integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+ deriva de diversos factores, muchos de ellos institucionalizados en las estructuras sociales que reconocen en la heteronormatividad la única forma “aceptable” de vivir. Como consecuencia de esto, quienes forman parte de la Comunidad viven bajo el temor constante de ser segregadas y en peligro de ser víctimas de conductas que atenten contra su integridad o su vida.
De acuerdo a cifras del Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, en 2021 se han registrado 53 casos de asesinatos o desapariciones en contra de integrantes de la Comunidad. Sin embargo, estas cifras no hacen mención a delitos como lesiones, amenazas, violaciones o cualquier otro cometido en contra de una persona por razón de su identidad o expresión de género o por su orientación sexual.
De igual manera, por la naturaleza de la información, no es posible conocer cuántas de esas investigaciones se hizo con algún aspecto relacionado a la diversidad sexual como un factor determinante en las gestiones de la autoridad encargada de conocer el asunto. En ese sentido, es posible concluir que la cifra puede ser más alta.
Es importante dejar en claro que una sociedad incluyente no es aquella en la que se reconoce la existencia de la diversidad y se le permite contar con espacios exclusivos. No se puede hablar de una sociedad que reconoce el derecho a la igualdad de la Comunidad LGBTTTIQA+ si, al mismo tiempo, no se da justicia a aquellas personas que, derivado de prejuicios, han sido víctimas del odio de quienes no reconocen su humanidad.
La justicia para la comunidad LGBTTTIQA+, y para cualquier grupo de personas en situación o riesgo de ser discriminadas, requiere que se cuestionen aquellas estructuras sociales, políticas, culturales y jurídicas por medio de las cuales se institucionaliza la violencia en su contra. Requiere de un esfuerzo colectivo por reconocer que el derecho a existir no rivaliza o termina con los derechos de los demás
Para considerar que se vive dentro de un Estado de Derecho se requiere que las normas y principios encargados de garantizar el ejercicio de los derechos humanos atienda a las diferencias de quienes conforman la sociedad, sin que éstas se constituyan como un obstáculo para gozar de una vida digna.
No solo se necesita reconocer la existencia de personas que viven en la diversidad, se necesita percibirles como elementos esenciales en la sociedad que enriquecen la experiencia humana por medio de esas mismas diferencias por las que tradicionalmente son segregadas.
Ahora más que nunca, se necesita que se escuche una sola voz que exija alas autoridades y a la sociedad en general: ¡ni una persona más! Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano.
