Por: Daniela Cristóbal
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevó a cabo la segunda edición del proyecto “Por Un México Seguro”. El ONC contactó a los 109 candidatos que contienden por las 15 gubernaturas que se renovarán en las próximas elecciones intermedias. El objetivo de que los candidatos participarán en este proyecto consistía en que respondieran un cuestionario que les permitía exponer sus principales propuestas y proyectos en materia de seguridad y justicia. Una vez recopilada esa información, el ONC se dio a la tarea de analizar y sistematizar la información de manera que fuera comparable para ponerla a disposición de la ciudadanía y ello permitiera el ejercicio de un voto informado.
Uno de los principales hallazgos es la poca participación de los candidatos en este ejercicio de transparencia. Únicamente 13 candidatos accedieron a participar en el proyecto y todos presentaron diagnósticos que no se basan en estadísticas puntuales y propuestas incompletas o simplemente mencionaron que sus políticas en materia de seguridad están aún por definirse. Este bajo nivel de participación también se observó en iniciativas ciudadanas como 3de3 organizado por Transparencia Mexicana.
El tema de la seguridad no es menor. Todos los candidatos reconocen que la situación actual es insostenible, que los índices de violencia han permeado la vida de los ciudadanos y que urge llevar a cabo acciones para revertir el entorno actual de violencia, inseguridad e impunidad que caracteriza al país. La violencia política que ha caracterizado este proceso electoral no es ajena ni excluyente del contexto social que nos ha heredado la mala gestión de áreas de la seguridad tales como la política de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas y la prevención social de la delincuencia.
Resulta escalofriante leer los acontecimientos diarios de la etapa de campañas, sobretodo en los últimos días. Candidatas asesinadas, secuestradas, amenazadas, intimidadas y víctimas de violencia política en razón de género. Candidatos asesinados, amenazados, secuestrados y víctimas de violencia política. Todos ellos víctimas de la grave ausencia de un Estado de Derecho que les permita ejercer sus derechos político-electorales en el marco de la democracia nacional.
Existe entonces una aparente contradicción en el discurso de los candidatos y candidatas: por un lado, reconocen que la situación actual de inseguridad es crítica, pero, por otro lado, no cuentan o no comparten proyectos o políticas puntuales en materia de seguridad y justicia en caso de resultar electos como gobernadores o gobernadoras de la entidad donde contienden.
¿Por qué los candidatos no trascienden de una visión tan reducida y precaria de los problemas en materia de seguridad y justicia? La respuesta podría ir en muchos sentidos, sin embargo, podríamos pensar en al menos dos escenarios muy probables. En el primero, el objetivo de la campaña es conseguir votos y entre las
actividades de los candidatos, desarrollar propuestas puntuales en materia de seguridad no es una tarea prioritaria.
En el segundo escenario, dado que se tiene como meta ganar la elección, todos los esfuerzos y recursos se concentran en ese sentido, por lo que una vez que se gane, se averiguará qué hacer. Ninguno de los dos escenarios favorece a la sociedad. Los candidatos quieren gobernar una entidad con grandes retos en materia de seguridad, pero aún no saben cómo lo harán. Esto implica que durante el primer año quienes ganen tengan que superar la curva de aprendizaje y que mientras eso sucede, improvisen o vayan con la inercia.
El proyecto “Por Un México Seguro” nos muestra un escenario fatal para la democracia: candidatos que reconocen un escenario insostenible en materia de seguridad y justicia, pero que no cuentan o no comparten propuestas de seguridad puntuales o que tengan al menos un viso de convertirse en políticas públicas. Aunque el 6 de junio por la noche ya tengamos resultados de la contienda, la ciudadanía es la que padecerá los costos de esta peligrosa contradicción.
@dani_cristob
