Por Norma Angélica Bautista Santiago
En días recientes el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó los resultados del estudio “Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados”[1], el cual ofrece un panorama del trabajo de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica mejor conocidas como UIPE y que fueron creadas mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública hace más de una década e impulsadas en la actual administración como política prioritaria de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Si bien, las UIPE se crearon con la intención de combatir el patrimonio y la economía de la delincuencia organizada en las 32 entidades federativas del país, el estudio ofrece evidencia respecto a que dichas unidades no han dado resultados rotundos con relación a debilitar las operaciones de grupos criminales y la detección de flujos económicos de origen ilícito que se filtran de diversas formas en la economía formal del país. Importa entonces conocer por qué esta política pública no se ha consolidado pese a ser un programa prioritario del gobierno en funciones.
Son al menos tres los elementos que pueden observarse para distinguir el trabajo de las UIPE: implementación, operación y resultados, sin embargo, debido a la poca transparencia de información que las estás instituciones y los gobiernos locales ofrecen, se desconoce información básica como su adscripción, el modelo mediante el cual operan, la cantidad de personal que tienen asignado, el número de carpetas de investigación atendidas o en curso, o simplemente los mecanismos de interacción con sus homólogos a nivel interestatal e internacional.
Aunque en el año 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diera a conocer que sólo en el estado de Morelos estaba pendiente la creación de la UIPE, de acuerdo con los hallazgos del ONC, para el 2023, en Aguascalientes la unidad solo existe en papel, mientras que en Chihuahua, Guerrero y Veracruz es dudosa su existencia debido a que sus áreas de transparencia no las ubican dentro de la estructura institucional. Se tiene la certeza de que la unidad más longeva es la de la Ciudad de México, creada en el año 2007.
La misma UIF propuso tres modelos de para la operación de las UIPE, que en estricto sentido solo se diferencian por la cantidad de personal, pero que en esencia no distinguen la estructura de estas unidades conforme a su adscripción institucional, ni se delinean a partir de la incidencia delictiva de cada entidad federativa, condición que debería ser fundamento en el diseño de este programa. Es decir, para atacar de manera contundente las estructuras patrimoniales y financieras de los grupos delictivos, convendrían diagnósticos puntuales en cada entidad. Si no se toman en cuenta los contextos particulares, las medidas estandarizadas suelen ser insuficientes.
Luego de que en 2011 arrancara este proyecto con miras a mejorar la gobernanza antilavado en el país, los resultados de esta implementación son pobres y diferenciados. Cada entidad tiene su propia historia en torno a la UIPE, existe un escaso nivel de homologación en los procesos de implementación y normatividad. Hay entidades que han cambiado el nombre como agencias o unidades especializadas y donde la tipificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícitas no ha sido homologada con el Código Penal Federal, condición sine qua nonpara un eficiente funcionamiento de esta política pública.
Mientras que las estructuras gubernamentales antilavado en nuestro país han avanzado a paso lento, México se ubica en un alto nivel de riesgo de lavado de dinero, en el contexto mundial y continental, tal como lo detalla el estudio del ONC, mismo que conviene seguir revisando debido al impacto de las economías ilegales en territorio mexicano.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@normaoax
[1] https://onc.org.mx/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/reportes/UIPE-estudio.pdf
